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Las sanciones a clientes de prostitutas en Madrid se estancan en unos 550 casos al año

El polígono industrial de Marconi, en Villaverde, concentra el mayor número de multas

Un turismo pasa al lado de una prostituta en polígono de Marconi, en una imagen de archivo.
Un turismo pasa al lado de una prostituta en polígono de Marconi, en una imagen de archivo.

Las sanciones a clientes de prostitutas se han mantenido en un número estable desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC), conocida como la ley mordaza, en 2015. La Delegación del Gobierno en Madrid ha multado de media a unos 550 hombres que habían pedido los servicios de las meretrices. El polígono industrial de Marconi (Villaverde) es el principal foco de estas denuncias, dado que la ley solo se aplica a las personas que buscan contactos sexuales en la vía pública.

La ley mordaza entró en vigor el 1 de julio de 2015. Entre sus novedades recogía el artículo 36.11 que cataloga como falta grave “la solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial”.

El segundo párrafo de este artículo también obliga a los policías a que requieran a las prostitutas que dejen de ofrecer sus servicios en dichos lugares. Si se niegan a hacerlo, las meretrices pueden ser acusadas de una falta de desobediencia.

El artículo 36.11 fue propuesto por la entonces delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, al darse cuenta de que no había ningún instrumento legal para acabar con la prostitución en lugares tan marcados como Marconi. Los vecinos de esta zona han sido los más reivindicativos desde hace años, dado que han llegado a tener hasta 200 mujeres en las puertas de su urbanización, ante la mirada de sus hijos.

Los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Madrid recogen que desde su entrada en vigor hasta el 30 de junio de este año, justo cuando se cumplen tres años, se han incoado 1.887 expedientes sancionadores. De estos, han acabado en multa 1.674. El resto se ha tenido que desechar por prescripción, por errores en el procedimiento o por carecer de algunos datos fundamentales.

En los primeros seis meses de vigencia de la ley (del 1 de julio al 31 de diciembre de 2015), se incoaron 419 expedientes. La novedad de la ley y el consiguiente desconocimiento de la norma para muchos solicitantes hizo que el número de actas fuera muy alto en las primeras semanas. En 2016, las actas llegaron a las 569, mientras que en 2017 subieron hasta los 658. En el primer semestre de 2018, se han iniciado 241 expedientes. La cifra haría pensar que a final de este año podría bajar el número de denuncias, pero esta cifra siempre se incrementa en otoño e invierno. En verano, como muchas personas se marchan de vacaciones fuera de la región, la actividad en Marconi también desciende. Después repunta con la vuelta de los madrileños, según explican fuentes policiales. Las mujeres encienden grandes fogatas en los meses de invierno para calentarse y a la vez atraer a los clientes potenciales. Pese a las bajas temperaturas, suelen estar semidesnudas.

La sanción recogida en la LOPSC para las faltas graves oscila entre los 601 y los 10.400 euros. En caso de ser reincidente, el tope máximo sería de 30.000 euros. Lo normal es que la cuantía oscile no supere los 1.000 euros, según fuentes gubernamentales.

Sin un perfil fijo

La mayoría de las denuncias las impone siempre la Policía Nacional, en especial la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, seguido de la de Seguridad Ciudadana. Los agentes suelen acudir en vehículos camuflados para pasar desapercibidos y no levantar sospechas ante los posibles infractores. Fuentes policiales confirman que no hay un perfil fijo de cliente. De hecho, este periódico ha comprobado que se juntan turismos utilitarios con flamantes coches de lujo, furgonetas de obreros o empresas de reparto. Tampoco hay un rango de edad para los solicitantes de sexo en la calle.

Un detalle importante es que Marconi está en una zona de paso con buenas vías de comunicación, como la autovía de Toledo (A-42), la M-40 y la M-45. Eso hace que parte de los sancionados sean de otras provincias limítrofes que están de paso por la capital o que incluso han ido de trabajo a Villaverde.

El precio de los servicios oscila entre 15 y 20 euros. Algunas prostitutas puedan llegar a ganar hasta 300 y 400 euros al día, en función de la cantidad de clientes que capten.

Una multa que llega con solo detenerse junto a la mujer

Para aplicar el artículo 36.11 de la ley mordaza basta que el conductor de un vehículo se pare junto a una prostituta, sin llegar incluso a hablar con ella. Con ese gesto, la policía ya puede entender que está interesado en contratar sus servicios. Por tanto, esta conducta entraría dentro de la falta tipificada.

A veces los agentes no son tan flagrantes y permiten que el cliente suba a la mujer en el vehículo. Entonces, en cuando inicia la marcha, se ponen delante de él y le detienen, con la correspondiente incoación del expediente sancionador.

La mujer también puede ser sancionada, en virtud del artículo 37.5 de la ley por estar desnudas en la calle o incitar a realizar actos contra la libertad sexual. Se considera que está cometiendo una falta de exhibicionismo. La cuantía oscila entre los 100 y los 600 euros. Al igual que las multas a los clientes, esta cantidad puede quedarse en la mitad en caso de pagar en el periodo voluntario.

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