La tramitación de urgencia de la ‘ley trans’ profundiza la división entre las socialistas

La urgencia que marcó el Gobierno a principios de septiembre para tramitar la llamada ley trans ha provocado que sus detractores aceleren también sus posiciones y que el debate, cada vez más encarnizado, se apriete una vuelta más. Hay aristas, las habituales en la tramitación de una norma, entre los socios de Gobierno y con los partidos minoritarios, y están las obvias con el bloque de derechas. Pero hay otras, menos comunes y más duras, que se producen dentro del propio PSOE, donde esta legislación ha provocado una división que empieza a ser difícil de gestionar. Y también en el movimiento feminista, que llegó a marchar por separado por primera vez en la historia el pasado 8-M tras la convocatoria alternativa de algunas organizaciones. La cuestión clave es la autodeterminación de género incluida en la ley: que una persona pueda cambiar el nombre y el sexo en el DNI solo con su voluntad.

Desde el principio, pero más ahora que se ha decidido la tramitación de urgencia de la norma, la regulación de la autodeterminación ha llevado a diferentes plataformas, cercanas a socialistas veteranas, a posicionarse contra esta legislación y a pedir cambios profundos en su articulado y redacción. Algo ante lo que el Ministerio de Igualdad reafirma su posición. Lo hizo público la ministra, Irene Montero, el lunes en un tuit, y fuentes de esa institución lo repetían este martes: “La ley trans será ley garantizando el derecho a la libre identidad de género porque hay una mayoría parlamentaria feminista que defiende los derechos de las personas trans y de la comunidad LGTBI. Valoraríamos positivamente que el debate parlamentario lleve a modificaciones que amplíen derechos para las personas trans y la comunidad LGTBI –como por ejemplo inclusión de las personas no binarias o las personas asexuales– pero nunca en el sentido de limitar derechos o retroceder respecto a lo pactado”.

Esas limitaciones son la demanda de las organizaciones que argumentan que esta norma “borra a las mujeres”. De esa postura nació precisamente la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que con la adherencia de otras 16 asociaciones ha presentado este martes por la tarde sobres con 24 enmiendas a la redacción actual de la ley trans para todos los diputados del Congreso, salvo los de Vox. El viernes pasado se les entregó a los portavoces de los grupos parlamentarios y los miembros de la Comisión de Igualdad. Esta plataforma, como organización civil, no puede registrar enmiendas a una ley, para lo que necesita que un grupo parlamentario lo haga en su nombre y poder llevarlas así a la Comisión de Igualdad, donde está ahora la norma desde que el 8 de septiembre se pidiese su tramitación por vía de urgencia.

Ángeles Álvarez, exportavoz de Igualdad del PSOE y portavoz ahora de Alianza, explica que han acudido esta tarde al Congreso para entregar “las enmiendas a todos los diputados e instarlos a que se interesen, las lean con atención y las hagan suyas en los 24 puntos” que, a su juicio, “son conflictivos en la ley”. La exdiputada nacional asegura que “la alianza y organizaciones [feministas] vienen reclamando desde hace mucho tiempo que se explique cuáles son las consecuencias prácticas de esa norma” y que han “puesto encima de la mesa los problemas que genera la actual redacción de esa ley”.

Entre otras cuestiones, y según su comunicado, aducen que tendrá consecuencias sobre “la salud de la infancia, sobre los derechos de las mujeres y su impacto en las leyes que protegen a las mujeres, como la ley contra la violencia machista o la ley de igualdad”. También que la terminología legislativa que se propone “oscurece la existencia del sexo biológico” puesto que el concepto es identidad de género —que ”no es una identidad, sino el conjunto de normas, estereotipos y roles, impuestos socialmente a las personas en función de su sexo”— y que “el reconocimiento de la transexualidad” debe “reservarse a personas con disforia y no a cualquiera que utilice el concepto paraguas de persona trans”.

Y para los menores —para quienes el anteproyecto permite el cambio de sexo legal a partir de los 12 años, por tramos de edad: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con consentimiento de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial—, piden que se limiten “las decisiones que afectarán el resto de su vida, ya que no tienen suficiente madurez para tomarlas, y se pide que el cambio de sexo registral en menores esté sujeto a los requisitos jurisprudenciales”.

Fueron estos también algunos de los argumentos que Carmen Calvo, exvicepresidenta del Gobierno y ahora presidenta de la Comisión de Igualdad donde va a tramitarse la norma, vertió en unas jornadas sobre feminismo en Valencia durante el fin de semana y luego en una entrevista en El Mundo el lunes: “Hay que distinguir entre la necesidad de que el Estado dé respuesta a las personas trans de una teoría queer que viene a destrozar todo lo que de progresista han tenido las leyes de igualdad entre hombres y mujeres”.

Sobre las jornadas y las declaraciones en ellas de Calvo, la consejera de Justicia de la Comunidad Valenciana, Gabriela Bravo, y otras feministas cercanas al partido como Amelia Valcárcel o Alicia Miyares, respondieron desde la cuenta oficial de Twitter de la Secretaría de Políticas LGTBI socialista: “El PSOE a través de su secretaria federal #LGTBI quiere señalar que: estas personas no representan la posición del PSOE, que se representan a ellas mismas [y] que lamenta que este tipo de espacios de debate sean tan poco plurales y que no acojan posiciones diversas”.

Dos días después, directamente tuiteó Víctor Gutiérrez, quien ostenta el cargo de esa secretaría: “Ni el acoso ni el ruido ni las mentiras de much@s me afectan en absoluto, porque sé que las feministas socialistas y el partido están exactamente en el mismo lugar que yo. Respetando las resoluciones del 40 Congreso y trabajando por sacar adelante la ley LGTBI y trans”.

Ante el seísmo interno que venía del fin de semana y con la entrevista de Calvo ya publicada, María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, intentó reducir el incendio el lunes en una comparecencia en Feraz: “Me enorgullezco de pertenecer a una formación política que ha defendido los derechos de las personas LGTBI y que está promoviendo avances”. E hizo también alusión a los cambios habituales que una norma recibe durante su tramitación a partir de las enmiendas de todos los grupos parlamentarios: “Cualquier legislación que sale del Congreso tenemos que entender todos que en su trámite recibe enriquecimiento. En este momento estamos en ese trámite”.

Pero el incendio es ya difícil de contener. Fuentes internas del PSOE afirman que “las declaraciones públicas y en redes sociales han provocado un enorme descontento porque no es la manera de gestionar esta situación”, y creen que “hace falta un análisis calmado e interno de la situación y de las pulsiones políticas dentro de la organización”. “El PSOE siempre ha sabido conjugar posiciones diversas y esta no puede ser una excepción”, añaden.

Una diversidad que hace apenas un año no parecía tal. En el 40º Congreso del PSOE, celebrado en Valencia en octubre de 2021, el partido se posicionó a favor del texto, que tenía exactamente la misma redacción que ahora. Las resoluciones que el PSOE aprobó en su Congreso respaldan sin matices ni dobles lecturas el anteproyecto.

Según ese documento, al que hacía referencia el secretario de Políticas LGTBI en su tuit, “el anteproyecto de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI materializa un compromiso histórico tanto programático como orgánico del PSOE, y su aprobación supondrá el final de un largo camino que hemos recorrido junto con el colectivo LGTBI y muy en particular al lado de las personas trans para quienes el Gobierno de Zapatero elaboró la Ley 3/2007 [la llamada ley de igualdad] que removió los obstáculos que les impedían ejercer sus derechos de ciudadanía; un camino que alcanzará otro hito con esta nueva legislación que dotará de garantías jurídicas sus aspiraciones y demandas, asegurando que nunca más tendrán que recorrer un camino espinoso para ver reconocida su identidad. Esta iniciativa constituye un reconocimiento al conjunto de personas y organizaciones que conforman el movimiento LGTBI”.

Y añadía: “Desde el PSOE hacemos nuestras las reivindicaciones de las personas trans con esta futura legislación que aborda la libre manifestación de la propia identidad sexual y apoya la inscripción registral del sexo declarado con plenas garantías jurídicas, para acabar con la exclusión y con las dificultades administrativas actuales, protegiendo especialmente a menores, y despatologizando el proceso, tal y como desde el PSOE siempre hemos defendido”.

¿Qué ha ocurrido? Distintas fuentes apuntan a una cuestión de fondo subyacente, relacionada con la política y el poder. En el origen de las tensiones en el partidario mayoritario del Gobierno, defienden las dirigentes socialistas consultadas con independencia de su sesgo favorable o reacio a la ley trans, está la renuncia al Ministerio de Igualdad y su concesión a Unidas Podemos dentro del reparto de carteras que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acordaron para el Gobierno de coalición.

Un sector del PSOE no termina de digerir aquel reparto en lo que consideran que hasta entonces era una bandera exclusiva del partido. “Ahí está la raíz de todo”, coinciden todas las fuentes consultadas. La exvicepresidenta primera Carmen Calvo fue relevada por Andrea Fernández como secretaria general de Igualdad en la dirección del PSOE en el Congreso de Valencia, pero su nombramiento como presidenta de la Comisión de Igualdad del Parlamento —una elección que no agradó a todo el grupo parlamentario socialista— la sitúa en una posición privilegiada en la nueva disputa dentro del socialismo.

En esas tensiones y por esas tensiones, la dirección del PSOE se abre a modificar la norma; aunque recuerdan fuentes internas que a toda ley, a cualquier ley, “siempre se le hacen enmiendas”. Sin embargo, la marejada ha alcanzado tales cotas que el portavoz en el Congreso, Patxi López, ha trasladado en la reunión con los diputados socialistas de este martes su intención de celebrar una reunión sobre la ley trans “en la que se debata y expongan los puntos de vista de forma sosegada y tranquila”, según fuentes presentes.

“El PSOE es un partido feminista y es un partido que defiende también los derechos de las minorías y por tanto va a defender los derechos de las personas trans y de las personas LGTBI manteniéndose como partido feminista”, esgrimió López a las preguntas de los medios. “Ahora empieza el debate. Vamos a hablar con tranquilidad, sin extremar las posiciones”, sentenció. Respecto a la posible libertad de voto, López fue claro: “Este grupo no la contempla”. “Hay muchos diputados del PSOE que están muy incómodos con este texto legislativo, eso es lo que me consta”, discrepa Ángeles Álvarez.