El Congreso rechaza regularizar la prostitución y sigue adelante con la ley para prohibir el proxenetismo

Lo ha dicho Pilar Vallugera, de Esquerra, durante el debate del Pleno del Congreso de este jueves: “Se va a tramitar, con un texto o con el otro”. Se refería a la prohibición del proxenetismo que el PSOE presentó el pasado junio como proposición de ley y a la que la CUP había presentado una enmienda a la totalidad con un texto alternativo para regular el trabajo sexual. El resultado: los trámites seguirán con el texto de las socialistas. Con 293 votos en contra de esa enmienda, 34 a favor y 17 abstenciones, la cámara baja cierra la puerta a tratar la posibilidad de legalizar la prostitución.

Esa posibilidad, y abrir la conversación, era el objetivo de la enmienda de la CUP. “Forzar” a que el Congreso abra ese debate, ha dicho Mireia Vehí, la encargada de defender el texto. Una propuesta basada en el argumento de que no toda la prostitución se da bajo coacción, indirecta o directa, y que existen mujeres que la ejercen libremente.

El documento incorporaba el trabajo sexual al Régimen Especial del Estatuto de los Trabajadores y modificaba el Código Penal y la recién aprobada ley del solo sí es sí para que no se considerara ilícita la publicidad de la prostitución; incluía una definición para que se considere “servicio sexual” al “conjunto de prácticas que se dan en el marco de la prostitución consentida y sin coacción y que están sujetos a una relación mercantil”; y otra para consentimiento, “libre”, “informado”, “concreto”, “reversible” y “libre de violencia machista y de coacciones en los términos que define la legislación vigente”.

Así, establecían una diferencia entre trata —”captación, acogida y explotación de las personas mediante la coacción y la amenaza restringiendo su libertad”—, el trabajo sexual forzado —”aquel que se ejerce bajo coacción de cualquier tipo, incluso con chantaje económico y de deudas—; y el trabajo sexual voluntario y autónomo —”aquel que se realiza con el consentimiento de la persona trabajadora sin coacción ni dependencia”—. Para las que “deseen dejar el trabajo sexual” y “no tengan medios para hacerlo”, a CUP proponía una regularización extraordinaria y un programa de renta básica.

Sin embargo, la propuesta a la que la CUP presentaba la enmienda, la socialista, no contempla la prostitución como una situación laboral. “La prostitución no es un trabajo y el consentimiento si se compra no es consentimiento, es subordinación”, ha afirmado Laura Berja. “Las mujeres no somos un servicio”, ha añadido.

La proposición de ley socialista modifica, entre otras cuestiones, el artículo 187.2 del Código Penal, que en su redacción vigente no castiga cualquier forma de obtención de lucro de la prostitución ajena, sino que exige que se haya llevado a cabo mediante la “explotación” de la persona prostituida; con el cambio no existirá como requisito la relación de explotación.

También introduce cambios en las penas de prisión para los proxenetas, que pasan de ser de dos a cinco años a ser de tres a seis años; y la multa, que ahora mismo está en la horquilla de 12 a 24 meses, pasa de 18 a 24 meses. Y recupera la tercería locativa, [son quienes obtienen lucro proporcionando los lugares para la prostitución] para castigarla como modalidad específica y agravada de proxenetismo en un artículo diferenciado del Código Penal, con un “ligero aumento de pena”.

La propuesta fue primero introducida por el PSOE como enmienda para que fuera incluida en la ley del solo sí es sí el pasado mayo. Aquello hizo peligrar su aprobación y las socialistas decidieron retirarla y presentarla como proposición de ley. En junio, el Congreso de los Diputados dio luz verde a iniciar ese camino con el apoyo del Partido Popular y el mayoritario, pero roto, de Unidas Podemos. Con 232 votos a favor, 38 en contra (entre ellos ERC y la CUP) y 69 abstenciones (entre las que han estado los diputados de EH Bildu, PNV y Vox).

Aquel día, Adriana Lastra, la ya exvicesecretaria general del PSOE, recordó que según el Ministerio de Interior hay alrededor de 45.000 mujeres explotadas sexualmente en España; la ONU y la Unión Europea estiman que son mujeres y niñas el 80% de las víctimas de trata detectadas en Europa, y de ellas, el 95% son víctimas de esa explotación sexual: “Se acabó el tiempo de las excusas y ha llegado el momento de las decisiones”.