Igualdad negocia a contra reloj con Interior y Justicia el texto de la ley de trata que irá mañana a Consejo de Ministros

La incorporación de organismos especializados al mecanismo de identificación de las víctimas y el acceso al permiso de residencia y laboral, así como a atención social integral sin necesidad de denuncia, son las dos cuestiones aún abiertas en la norma

Los ministros Ione Belarra, Irene Montero y Alberto Garzón escuchaban al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el 25 de junio durante la sesión de control en el Congreso.
Los ministros Ione Belarra, Irene Montero y Alberto Garzón escuchaban al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el 25 de junio durante la sesión de control en el Congreso.Andrea Comas

En enero, el Ministerio de Igualdad entregó el texto de la Ley Integral contra la Trata al Ministerio de Justicia. Desde entonces, se han conocido pocos detalles de cómo y con qué herramientas va a contar. Hace dos semanas esa norma tendría que haber ido a Consejo de Ministros. Se retrasó primero por el aislamiento de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que había dado positivo en covid; y después por “una cuestión de ordenación de la tramitación normativa”, afirmó la pasada semana Ángela Rodríguez, la secretaria de Estado de Igualdad. No dieron “mayor relevancia” al aplazamiento y lo desligaron de la marejada política, social y jurídica que han desatado las primeras rebajas de penas a agresores sexuales tras las revisiones de condenas por la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Irá finalmente el martes, aunque aún queda una cuestión abierta, que negocia contra reloj el ministerio de Irene Montero (Unidas Podemos) con Interior y Justicia (a cargo de ministros del PSOE).

Fuentes del Ejecutivo aseguran que todas las observaciones que Interior remitió a Justicia (encargada de recabar las aportaciones al anteproyecto de los otros ministerios) quedaron resueltas hace tiempo y que falta “una discrepancia con Igualdad” a resolver. Es la incorporación de organismos especializados al mecanismo de identificación de las víctimas de trata de seres humanos que el ministerio de Montero quiere hacer: personal de los servicios sociales, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y las Unidades contra la Violencia de Género de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

Interior está de acuerdo con que esas organizaciones especializadas formen parte del mecanismo, pero quiere que lo sean “en funciones de apoyo y cuando sean requeridas para ello por las Fuerzas de Seguridad y, sobre todo, para la parte asistencial”.

No es un fleco menor. Para Igualdad es parte del eje principal de la norma. La cuestión “más importante”, explicó la secretaria de Estado la pasada semana, es la creación de ese mecanismo nacional de derivación para que las víctimas de trata sean identificadas “desde el primer minuto”, con acceso al permiso de residencia o de trabajo que les corresponda, “lo que va a permitir que se recuperen, porque no hay ninguna víctima que se pueda recuperar del daño gravísimo que ha sufrido sin papeles, sin curro, sin casa y sin la atención integral que necesite”.

Fuentes del ministerio de Montero afirman este lunes que “la propuesta de Justicia que actualmente se sigue negociando es insuficiente y no responde a lo demandado por los organismos internaciones o el convenio de Varsovia”, y “tampoco a lo planteado en numerosas ocasiones por las entidades expertas en atención a víctimas de trata y explotación sexual”. Para Igualdad no es una, sino que son dos las cuestiones aún abiertas y que creen “imprescindibles”.

La primera, que “en el proceso de acreditación a víctimas se incluya a las organizaciones que están a pie de calle” con ellas y a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, “como organismo competente en la lucha contra todas las formas de trata”. Y la segunda, que “el texto incluya la posibilidad de que las víctimas de trata que sean identificadas y estén en situación administrativa irregular puedan acceder a un permiso de residencia y laboral, así como a atención social integral sin necesidad de colaboración policial o denuncia, tal y como sucede con el resto de víctimas de violencia contra las mujeres”.

Según datos del Ministerio de Interior, hay alrededor de 45.000 mujeres explotadas sexualmente en España, muchas de ellas inmigrantes en situación irregular que han llegado a España a través de las mafias que trafican con seres humanos. La ONU y la Unión Europea estiman que el 80% de las víctimas de trata detectadas en Europa son mujeres y niñas, y de ellas, el 95% son víctimas de explotación sexual.

Sobre esa realidad y sobre el disenso en el Gobierno de coalición habló también Rodríguez hace unos días: “En materia de trata tenemos y vamos a seguir teniendo matices, y son públicos, porque nosotras creemos que es fundamental un cambio en la política de extranjería para poder proteger a las víctimas de toda explotación sexual y aquí hay diferencias de grado”, dijo Rodríguez.

Aunque también añadió que “independientemente de esas diferencias”, una vez que un texto llega al Consejo de Ministros, lo hace con los criterios de todos los ministerios implicados, también de la Comisión General de Secretarios de Estado y la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa: “Con mucho cuidado y rigor jurídico [todas esas aportaciones] se sintetizan. La ley de trata que va a llegar a Consejo de Ministros será la ley de todo el Gobierno y con una mirada policial, judicial y feminista, y sin cualquiera de ellas no sería una buena ley”, refirió haciendo hincapié en que el Ejecutivo es “colegiado”, y por ende lo son las decisiones que se toman y los textos que se acuerdan.

Por el momento, no ha trascendido cómo se van a cerrar esas diferencias, y lo que se conoce de la ley de trata son los detalles, pocos y generales, que se han ido desgranando en los últimos meses: que tiene como objetivo poner en el centro a las víctimas y sus circunstancias, y estructurar una serie de medidas y herramientas para protegerlas en torno a cuatro ejes, la prevención, la persecución del delito, la protección y su reparación y reinserción.

Que el texto saldrá el martes del Consejo de Ministros lo ha confirmado la mañana de este lunes el presidente, Pedro Sánchez, durante el acto de homenaje a Almudena Grandes, de cuyo fallecimiento se cumplió un año el domingo: “Este martes se aprobará en el Consejo de Ministros y Ministras la primera Ley Integral contra la Trata, una ley para avanzar en la lucha contra las mafias que trafican con mujeres, con hombres, sobre todo con niñas y con niños, y por tanto un paso más para avanzar en la dignidad de nuestro país, de nuestra gente, combatiendo una realidad insoportable en pleno siglo XXI”.

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Sobre la firma

Isabel Valdés

Corresponsal de género de EL PAÍS, antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió 'Violadas o muertas', sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS. Su segundo apellido es Aragonés.

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