La ‘ley trans’ enturbia el plan socialista para despejar de conflictos la campaña electoral de 2023

El ministerio de Irene Montero no acepta “recortar” ningún derecho de autodeterminación de género, pero el PSOE y Podemos avanzan en la norma sobre la vivienda y en otras leyes

La ministra de Igualdad, Irene Montero, el día 24 en el Congreso. Foto: ANDREA COMAS | Vídeo: EPV

El sector socialista del Gobierno ha transmitido “explícitamente” a su socio en la coalición, Unidas Podemos, que hay que aprovechar las apenas tres semanas que quedan de actividad en el Congreso antes de las vacaciones de Navidad para “cerrar leyes que están abiertas” y despejar así al máximo las polémicas que pudieran perjudicarles en la larga campaña electoral que se avecina en 2023: primero con unas autonómicas y municipales el 28 de mayo, y luego, las generales a finales de año.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, le comunicó ese objetivo hace algo más de un mes a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el acuerdo se extendió al ámbito parlamentario y a otros canales. El mandato ha sido asumido en principio por las dos partes y en varias reuniones se avanzó la semana pasada en proyectos atascados como la ley de vivienda o de familias. No tanto en la ley mordaza. Menos aún en la ley trans, donde la ministra Irene Montero ha reiterado que no va a aceptar ninguna rebaja en el derecho de autodeterminación de género, como pretende el PSOE.

El primer mensaje que se propusieron enviar los máximos responsables del Gobierno tras lograr la aprobación el jueves los terceros Presupuestos Generales del Estado consecutivos de este mandato, algo que no sucedía desde hacía 10 años, fue el de la “utilidad” del Ejecutivo de coalición. Lo acentuó el propio presidente, Pedro Sánchez, tras la votación, para resaltar la importancia del entendimiento entre dispares al haber concitado en la norma más importante del curso el apoyo de 10 partidos, que representan a 12 millones de votantes. Luego lo repitieron ministros de uno y otro bando y portavoces de los grupos aliados.

El Ejecutivo y sus socios persiguen que cale la idea en el electorado de que frente al ruido, la bronca y la crispación de una oposición obstruccionista, frente a todo lo que se plantea, merece la pena un Gabinete resolutivo y capaz de dialogar y entenderse con fuerzas diversas, que se reflejan mejor en el espejo actual de España.

La enorme polémica desatada alrededor de la aplicación de la ley del solo sí es sí, y la oleada de rebajas penales a condenados por abusos sexuales, ha trastocado todos esos planes. La idea era justo la contraria. El ministro de la Presidencia se reunió hace algo más de un mes con la secretaria general de Podemos y titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, para perfilar política y parlamentariamente el final de esta legislatura y evitar nuevas crisis internas. Había muchos asuntos pendientes.

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Bolaños le transmitió a Belarra la preocupación del presidente sobre varias leyes y proyectos, muy simbólicos para Unidas Podemos, que seguían abiertos en las Cortes y que habría que cerrar cuanto antes para reducir el tipo de discusiones públicas entre ambas formaciones de cara al inminente periodo electoral que avecina en 2023. Los dos ministros convinieron también que, según se acerque el final de la legislatura, será todavía mucho más complicado activar iniciativas y promesas electorales sin cumplir, incluso desde el punto de vista del farragoso y en ocasiones muy lento calendario parlamentario.

Esa confluencia de criterios e intereses se ha notado en las últimas semanas en el Congreso, donde equipos del PSOE y Unidas Podemos se han reunido y han intercambiado documentos con propuestas y contrapropuestas sobre la ley de vivienda, que se atascó por distintas razones casi desde el acuerdo de investidura y que finalmente se aprobó en el Consejo de Ministros el 1 de febrero. En las citas y papeles negociados en las últimas horas parece que el proyecto podría haberse ya desbloqueado para su pase final por las Cortes. Los escollos se habían focalizado en una regulación real y que funcione de los alquileres y, sobre todo, en el blindaje de la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional. A los contactos bilaterales entre PSOE y Unidas Podemos se han agregado estos días cargos del Ministerio de Transportes y de ERC y Bildu, los socios habituales en el Parlamento.

El Consejo de Ministros refrendará mañana martes para su tramitación parlamentaria la ley de familias, otro de los proyectos estrella en este caso del Ministerio de Derechos Sociales que encabeza precisamente Belarra. Una norma que incluye un permiso retribuido de cinco días al año para trabajadores al cuidado de convivientes y que incluirá la ampliación de la actual prestación de 100 euros al mes por niños de 0 a 3 años a las mujeres que perciban una prestación por desempleo o hayan cotizado un mínimo. Esos avances, sin embargo, no se han notado tanto en otro de los compromisos del pacto de investidura, nuclear para Podemos, como es la derogación de la ley mordaza, que lleva frenada meses en sus trámites parlamentarios, en este caso por la oposición del PSOE y del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska a la sustitución de las pelotas de goma por otro material antidisturbios menos lesivo. Una demanda que respaldan tanto UP como ERC, PNV, EH Bildu o JuntsxCAT.

Los obstáculos observados por el PSOE y parte del movimiento feminista a algunos preceptos de la ley trans se han cruzado ahora, además, con la polémica de la oleada de rebajas penales a determinados delitos sexuales tras la entrada en vigor hace 50 días de la ley del solo sí es sí. En Unidas Podemos temen que los socialistas “utilicen esa gasolina machista y fake sobre la inseguridad jurídica de una norma que dicen que estaba mal hecha”, según expresan desde su dirección, para intentar colar algunos cambios en el caso de la ley trans.

La ministra de Igualdad, en el centro de todas las dianas políticas y mediáticas críticas con esas consecuencias penales indeseadas de la ley de solo sí es sí, advirtió el sábado, en un acto de desagravio organizado por Podemos, de que no aceptará “un solo recorte de derechos” en esa norma, presumió de las leyes feministas impulsadas por su departamento y no asumió ninguna autocrítica.

Fuentes de la dirección de UP y de su grupo parlamentario avisan al PSOE, en la misma línea, de que no van a “aceptar ninguna rebaja en los derechos de autodeterminación de género” en esa norma y aventuran que “no habrá cambios en la misma”. El Grupo Socialista registró, hace un mes, una enmienda para corregir precisamente esa parte de la ley y proponer que entre los 12 y los 16 años se requiera aval judicial para someterse al cambio de sexo, algo que el proyecto original recoge para los jóvenes de entre 12 y 14 exclusivamente, y permite entre los 14 y los 16 con autorización parental y si esta no existiese, con intermediación judicial.

El tope a los alquileres y alternativas a los desahucios

J. C.

En las 51 páginas del documento firmado en diciembre de 2019 para el pacto de investidura entre el PSOE y Unidas Podemos, Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España, se integró un apartado específico sobre vivienda y sobre el límite del precio de los alquileres. Para UP fue una fijación. El compromiso tardó tiempo luego en plasmarse legalmente y desde marzo está enfangado en la discusión de 866 enmiendas. El Ministerio de Fomento, del que depende esta competencia, ha puesto muchos reparos sobre algunas promesas que el PSOE aún discute en el Parlamento pese a la presión a la que le somenten sus socios de UP, ERC y EH Bildu para poner un tope al precio de todos los alquileres en las llamadas zonas tensionadas, con la intervención del mercado. Fomento y el PSOE buscan rebajar ese ámbito de actuación solo para los grandes propietarios con más de 10 inmuebles (15% del total).
Los socios reclaman que la ley obligue a los grandes tenedores de vivienda a ofrecer un alquiler social a familias que no tengan una alternativa propia de vivienda y que estén dentro de los parámetros de riesgo de exclusión social antes de plantear una demanda por impago del alquiler. El ministerio ve problemas de constitucionalidad en esa medida y ofrece fórmulas alternativas de mediación y arbitraje en los desalojos de familias vulnerables.

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Sobre la firma

Javier Casqueiro

Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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