La futura ley de vivienda se atasca por “discrepancias sustanciales” entre Podemos y PSOE

Los dos socios del Gobierno de coalición tienen diferencias en materia de desahucios, límites de rentas y la obligación a grandes propietarios de destinar pisos al alquiler social

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, el pasado octubre durante una reunión con representantes de los sindicatos de inquilinos.
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, el pasado octubre durante una reunión con representantes de los sindicatos de inquilinos.J.J. Guillén / EFE

La vivienda se ha convertido en un caballo de batalla del Gobierno de coalición. Las diferencias entre Unidas Podemos y PSOE vienen de lejos, y afloran en cada ocasión en que es necesario plasmar una nueva legislación. El último encontronazo está teniendo lugar a cuenta de la futura ley de vivienda, que debería haber pasado ya por el Consejo de Ministros, según lo que pactaron hace tres meses el presidente, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, precisamente para dar carpetazo a otro rifirrafe motivado por esta materia. Pero la negociación no avanza el ritmo deseado y fuentes de Unidas Podemos aseguran que es porque existen “discrepancias sustanciales” y por “la falta de voluntad política del PSOE”.

Sobre la bocina, cuando el acuerdo presupuestario se daba ya por hecho, la formación morada lanzó un órdago el pasado octubre: no habría cuentas públicas sin negociar los límites a los precios de alquiler. Para superar ese escollo, se dejó la cuestión fuera de la negociación de los Presupuestos (que salieron adelante) y los dos socios de Gobierno se comprometieron a abordarla en la futura ley de vivienda. Para esta pusieron plazos: tres meses para el visto bueno del Consejo de Ministros y cuatro para que la norma llegara al Congreso.

Los tres meses desde aquel acuerdo se cumplieron la semana pasada, pero el Ejecutivo todavía no tiene lista su propuesta. Las reuniones entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento, al que corresponden las competencias estatales de Vivienda, dirigido por el socialista José Luis Ábalos) y la vicepresidencia de Derechos Sociales (dirigida por Iglesias) no han logrado el quórum suficiente como para acabar el borrador de la norma e iniciar el trámite parlamentario. Las citadas fuentes de Podemos apuntan precisamente a la regulación de los precios del alquiler como uno de los principales desacuerdos.

Desde finales de 2018, cuando PSOE y Unidas Podemos incluyeron los topes a las rentas del alquiler en un acuerdo para los Presupuestos (que entonces no salieron adelante, motivando una nueva convocatoria electoral), esta cuestión ha hecho saltar chispas entre ambas formaciones. Cada crisis se ha cerrado con un nuevo acuerdo que incluía la medida, siendo el último el del pasado octubre cuando se señaló que la ley de vivienda establecería “mecanismos de contención, o eventualmente bajada de precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes”.

Además, se habló de “convalidar los avances de aquellas comunidades autónomas que tengan definido un sistema de referencia de precios de alquiler”. En Transportes circunscribían esta parte simplemente a reconocer otras estadísticas además de la que el Ministerio presentó el pasado verano, y que debe servir como base para señalar las áreas de precios tensionados (en las que, circunstancialmente, podrían limitarse las rentas). Pero en aquellos días de octubre el partido de Pablo Iglesias hablaba de apuntalar jurídicamente la ley catalana que limitó las rentas en esa comunidad.

Desahucios y pisos vacíos

Ese objetivo se ha complicado porque, aunque el Gobierno pospuso la decisión de recurrir la norma autonómica para allanar el camino a los Presupuestos, el Tribunal Constitucional aceptó la semana pasada un recurso del PP que se basaba en la supuesta invasión de competencias, algo de lo que ya había informado a la Generalitat el propio Consell de Garanties Estatutàries (consejo de garantías estatutarias). No se sabe si las discrepancias actuales en el seno del Gobierno también tienen que ver con ese asunto o no. En Unidas Podemos, que ha hecho recaer el peso de esta negociación sobre la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, se limitan a señalar que hace cuatro meses pusieron sobre la mesa una propuesta y que en el PSOE “aún no han contestado”. Fuentes de Transportes responden que en ese departamento se está “trabajando y perseverando para lograr un acuerdo”. “Estamos ante una oportunidad histórica para sacar adelante una ley estatal de Vivienda, por primera vez en democracia”, añaden, “nuestro objetivo es claro y prioritario: garantizar la función social de la vivienda y el derecho a una vivienda digna y adecuada”.

Otro asunto en el que hay diferencias importantes es “la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables”. La de los desahucios es otra espina atragantada en los últimos tiempos. El pasado diciembre se acordó ampliar los supuestos que impedían desalojar a personas de sus casas durante la pandemia, incluyendo supuestos de personas que ocupaban viviendas sin contrato. En Transportes defendieron la medida con base en su acotación a casos extraordinarios (solo se aplica en pisos de grandes propietarios y en supuestos de familias vulnerables con menores, personas dependientes o situaciones de violencia de género) y en el tiempo (solo durante el estado de alarma). Además, y para aquilatarla jurídicamente, se incluyeron compensaciones a los propietarios en caso de que la situación se prolongue. Al apuntar esta cuestión, Unidas Podemos muestra su pretensión de alguna prórroga sobre las medidas actuales, aunque no se sabe si todas y si, por tanto, incluiría también estos supuestos de ocupaciones sin título legal.

Por último, otras dos de las “discrepancias sustanciales” a las que se refieren en la formación morada hacen referencia a “medidas efectivas” para movilizar la salida de viviendas vacías al mercado de alquiler y a “la necesidad de obligar a los grandes tenedores a que dediquen una parte de sus viviendas al alquiler social”.

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