La negociación del decreto antidesahucios encalla de nuevo: el Gobierno ve “difícil” que salga este martes

El vicepresidente Pablo Iglesias anunció hace dos semanas nuevas medidas para frenar los desahucios, pero el decreto aún está lejos de obtener la luz verde por parte del Ejecutivo de coalición. Aunque hay acuerdo en lo básico, la negociación ha encallado en un punto: si se debe indemnizar o no a los grandes propietarios de vivienda. La cuota socialista del Gobierno es partidaria de hacerlo para dotar al texto de mayor seguridad jurídica. Unidas Podemos se opone.

El problema remite a uno de los nuevos supuestos que contemplará la legislación antidesahucios. Además de ampliar los casos de vulnerabilidad para inquilinos con contrato (que no podrán ser desalojados hasta la finalización del estado de alarma), el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento, dirigido por José Luis Ábalos) y la Vicepresidencia de Derechos Sociales (dirigida por Iglesias) acordaron incluir también a familias que ocupan viviendas sin un contrato legal de arrendamiento. Para ello, estos hogares deberían acreditar su vulnerabilidad con un informe de servicios sociales y residir en un piso de un gran tenedor (el que tiene más de 10 inmuebles urbanos, excluidos garajes y trasteros). La suspensión del lanzamiento en estos casos sería efectiva durante tres meses, un tiempo considerado “prudencial” para que los servicios sociales den una solución a esas personas y evitar que se queden en la calle en plena pandemia.

Pero la discusión se centra en qué hacer durante ese periodo de tres meses. Fuentes del Ministerio de Transportes defienden que es necesario establecer alguna medida compensatoria para los grandes propietarios a los que se está obligando a acoger a una familia sin contrato legal. “Estamos trabajando para que las personas vulnerables no vean mermado el decreto por un recurso de inconstitucionalidad”, señalan dichas fuentes, que temen que algunos grandes propietarios (una categoría en la que entran particulares, pero sobre todo compañías y fondos) llevasen el decreto ante el Tribunal Constitucional por un posible atentado contra el derecho a la propiedad.

En la Vicepresidencia de Derechos Sociales rechazan ese planteamiento. Fuentes cercanas al citado departamento indican que la normativa es “viable” sin dichas compensaciones, que vinculan a la entrada en las negociaciones de otros dos ministerios en manos del PSOE: Justicia y Asuntos Económicos. Este último, dirigido por la vicepresidenta Nadia Calviño, ha sido tradicionalmente acusado por Unidas Podemos de defender a los grandes fondos de inversión. Según las fuentes cercanas a Derechos Sociales, la propuesta que pusieron sobre la mesa es pagar el 100% del importe del alquiler a los grandes propietarios mientras no puedan expulsar a un ocupante sin contrato de sus inmuebles. “Creemos que es un rescate encubierto al sector inmobiliario y que es sostener con dinero público a gente que hace negocio del derecho a la vivienda”.

En Transportes creen que se trata en parte de una “discusión artificial”. “El fondo de la cuestión es garantizar una solución habitacional a las personas vulnerables”, añaden. Por eso confían en que la negociación se desencalle la próxima semana, cuando se reanudarán las reuniones. “Decreto va a haber, esperamos que con acuerdo de todos”, asegura una de las fuentes del departamento que encabeza Ábalos. En la Vicepresidencia de Derechos Sociales también hay confianza en que habrá solución. Iglesias puso una nueva fecha este viernes al asegurar que sería “antes de Nochebuena”. Es un plazo que ambas partes ven viable. A la vez, descartan casi por completo que la futura legislación antidesahucios vea la luz en el Consejo de Ministros del próximo martes, como se decía la pasada semana.