Los desahucios caen un 30% en el tercer trimestre respecto a un año antes

Los desahucios no muestran de momento un efecto avalancha. Tras el parón de la actividad judicial durante el primer estado de alarma, los desahucios de vivienda repuntaron en el tercer trimestre del año y se multiplicaron por más de cinco, pero aun así se situaron en niveles inferiores a los del mismo periodo 2019. Según los datos difundidos este jueves por el Consejo General del Poder Judicial, los juzgados practicaron entre julio y septiembre 7.096 lanzamientos. Esta cifra es muy superior a los apenas 1.300 que se registraron entre marzo y junio, pero pese a ello es un 30,2% más baja que la del tercer trimestre del año pasado. Una posible explicación de ello son las medidas antidesahucios que el Gobierno puso en marcha al principio de la pandemia y que obligan a paralizar las expulsiones de personas vulnerables por la crisis del coronavirus, un supuesto que ahora se quiere ampliar.

Tras el dato general, una vez más se observa que las estadísticas son ligeramente más desfavorables a las personas que viven de alquiler que a aquellas que no pueden pagar el préstamo de la casa. Los inquilinos hace años que suponen el grueso de personas desahuciadas: en el tercer trimestre, fueron 5.190, el 73,1% del total de expulsiones. Del restante, 1.564 casos (el 22%) fueron por ejecución hipotecaria y 342 respondieron a otras razones.

Además, el descenso de lanzamientos derivados del impago de la hipoteca fue más acusado que el de los arrendatarios. Entre los primeros, los 1.564 lanzamientos registrados suponen un 38,1% menos que en el tercer trimestre de 2019. Mientras, los desahucios de inquilinos retrocedieron un 25,4% en tasa interanual. Es un descenso notable, pero insuficiente para acortar la brecha: los inquilinos son expulsados de sus casas más frecuentemente que los propietarios, y además esos casos se reducen más lentamente. Un motivo que lo explica es que las ejecuciones hipotecarias, que se dispararon tras la Gran Recesión, se han hecho más extrañas conforme los bancos han ido endureciendo las condiciones y garantías para conceder préstamos. Esto dificulta el acceso a la propiedad y, unido a la falta de vivienda social, deriva al mercado de arrendamientos a las capas sociales en situaciones económicas más precarias.

Por comunidades autónomas, los lanzamientos de inquilinos se dieron mayoritariamente en Cataluña (820 casos), Andalucía (765), Comunidad Valenciana (739) y Madrid (553). Esos cuatro territorios, los más poblados de España, concentran más de la mitad de desalojos de personas que viven de alquiler. Si se observan las expulsiones derivadas de ejecuciones hipotecarias, la Comunidad Valenciana lidera la estadística con 369, seguida de Andalucía (342), Cataluña (195) y Murcia (172).

Seis trimestres de caídas

El lanzamiento es el procedimiento judicial en el que se acuerda que el propietario que reclama el inmueble recupere su posesión efectiva. Normalmente acabará en un desahucio, pero no en todos los casos (por ejemplo, porque se llegue a un acuerdo entre las partes). Para aproximarse al número de desahucios reales, el CGPJ también indica el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes, la última fase del proceso que es cuando se va a la casa a verificar la salida de sus ocupantes y el cambio de cerradura. Sin embargo, esta cifra no es equivalente al número de desahucios porque no todas las partidas judiciales cuentan con dichos servicios comunes. Con esas salvedades, el número de lanzamientos solicitados a servicios comunes en el tercer trimestre fue de 14.117, un 11% más que un año antes. De ellos, 6.226 terminaron con cumplimiento positivo, que son un 13,1% más que un año antes.

El tercer trimestre de 2020 es el sexto consecutivo en que descienden los desahucios de inquilinos en España, una tendencia que ya marcaban las ejecuciones hipotecarias desde 2015 (estas encadenan 21 trimestres a la baja). Cuánto del 25% de bajada interanual responde a la pandemia es difícil de precisar. El año arrancó con una caída del 33% en los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que suponía un notable salto respecto a las tímidas caídas que empezaron a verse en 2019 (la más acentuada correspondió también al tercer trimestre y fue del 7,5%). Además, hay que tener en cuenta que la mitad de marzo ya estuvo afectada por el primer estado de alarma, con la consiguiente paralización de la actividad judicial. Esta fue la responsable de que en el segundo trimestre se alcanzara una caída récord próxima al 90%: en casi todo ese periodo, los juzgados solo funcionaron para asuntos urgentes.

Además, desde marzo están en marcha medidas del denominado escudo social que buscan ayudar a los hogares que viven de alquiler y tienen dificultades. Una de ellas es la paralización de lanzamientos de personas vulnerables a raíz de la covid; sin embargo, algunas asociaciones provivienda señalan que el impacto de esta medida es muy limitado porque deja fuera a personas que ya eran vulnerables antes de la crisis. Eso es precisamente lo que ahora el Gobierno se ha propuesto modificar con un decreto que ampliará los supuestos que permiten paralizar un desahucio. Más difícil de cuantificar todavía es el impacto de otras medidas, como las moratorias del pago del alquiler (que obligan a los grandes propietarios de vivienda a aceptar quitas o aplazamientos temporales de la renta) o la línea de créditos avalados por el Estado, recientemente prorrogados.