El Gobierno paralizará los desahucios de familias vulnerables en pisos de grandes propietarios sin contrato legal

Luz verde para el nuevo decreto antidesahucios. La reunión mantenida este miércoles entre representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento, que tiene las competencias estatales en Vivienda) y de la Vicepresidencia de Derechos Sociales que —dirigidos, respectivamente, por el PSOE y Unidas Podemos, las dos almas del Ejecutivo de coalición— ha fructificado en un acuerdo que se hará llegar en cuanto sea posible al Consejo de Ministros, ya que todavía faltan algunos flecos.

En materia de desalojos, el pacto alcanzado contempla una ampliación de la norma actual —que impide echar a alguien de su casa si acredita que es vulnerable por la covid— a colectivos que ya eran vulnerables antes de la pandemia. El texto también contemplará el supuesto de aquellos que ni siquiera tienen un título que les habilita a ocupar la casa donde viven (es decir, que la ocupan sin tener un contrato de alquiler o un título de propiedad), aunque en este caso la paralización del desahucio será temporal y solo se aplicará si el inmueble pertenece a un gran propietario (empresas o personas físicas con más de 10 inmuebles urbanos, sin tener en cuenta ni trasteros ni garajes).

Para quienes sí tienen contrato, el procedimiento será similar al que ya existe. Cuando el propietario pida el desalojo del inquilino, este podrá alegar vulnerabilidad económica ante el juez. Si lo acredita mediante un informe de los servicios sociales o con la documentación que se requiere (ahora, por ejemplo, se puede alegar una situación de despido o ERTE posterior al inicio del primer estado de alarma), el arrendatario no podrá ser expulsado de la vivienda al menos hasta que finalice el actual estado de alarma, lo que está previsto que suceda el próximo 9 de mayo.

¿Qué pasa entonces con quienes ocupan sin contrato una vivienda? Ahí el decreto distinguirá en función de si el propietario es un gran tenedor de vivienda o si es un pequeño propietario. Fuentes del Ministerio de Transportes señalan que esta distinción tiene sentido porque el supuesto afecta sobre todo a grandes tenedores de vivienda y porque en el caso de pequeños propietarios la no percepción de la renta también puede llevarles a una situación de vulnerabilidad.

Para paralizar el desahucio en estos supuestos, el juez deberá acreditar la vulnerabilidad económica del ocupante de la vivienda mediante un informe de los servicios sociales. Y podrá hacerlo, siempre dentro del estado de alarma, durante un máximo de tres meses. Ese plazo se entiende que es suficiente para que las Administraciones encuentren una solución alternativa de vivienda para la persona a la que se va a desahuciar, aunque aún está por ver cómo se garantizaría eso. En cualquier caso, se meterá presión a las comunidades autónomas, que tienen transferida la competencia en Vivienda, para que con los fondos del plan estatal, ampliados además a raíz de la emergencia sanitaria, se pongan a la labor de garantizar una vivienda a las personas vulnerables. No será fácil, porque con un 2,5% del total de viviendas el parque social de España es de los más exiguos de Europa.

La decisión de ampliar la normativa antidesahucios que se aprobó en mayo y se prorrogó luego en dos ocasiones (actualmente estaba vigente hasta el 31 de enero) colma una de las pretensiones de Unidas Podemos, que llegó a presentar una enmienda a los Presupuestos para lograrla. Esa maniobra no tuvo éxito en el Parlamento, pero sí se ha llegado a buen puerto en la mesa de negociación, donde faltan por definir “cuestiones de técnica legislativa” y otros detalles.

Uno de ellos, no menor, es la prohibición de corte de suministros básicos (agua, luz y gas) que la formación de Pablo Iglesias también quiere que contemple el decreto. En ese caso no hay acuerdo todavía porque las conversaciones van por otra vía. No se trata de una competencia de Transportes sino de Transición Ecológica, otro ministerio dirigido igualmente por la cuota socialista del Gobierno, en este caso por Teresa Ribera. Dicha prohibición se contempló en los primeros meses de pandemia, entonces con el plácet de las principales compañías energéticas, pero en la prórroga del denominado escudo social que se acordó en septiembre dejó de figurar. Desde entonces Podemos ha pedido su recuperación.