Ábalos ofrece a Podemos una prohibición más estricta de los desahucios mientras dure la alarma

El pulso entre los socios del Gobierno por la prohibición de los desahucios ha saltado del escenario público a la discreción de los bastidores. Descartada la enmienda sorpresa a los Presupuestos pactada por Unidas Podemos con ERC y EH Bildu, que convulsionó el Ejecutivo la pasada semana, las dos partes negocian ahora un decreto ley que aprobaría el Consejo de Ministros. El departamento de Transportes, que dirige el socialista José Luis Ábalos, propone una prohibición más estricta de los desahucios hasta el final del estado de alarma.

Tras el choque público, la negociación interna. El PSOE está dispuesto a promover unas normas más duras para impedir los desahucios, siempre que sea una medida consensuada y aprobada por todo el Gobierno mediante decreto. Y Unidas Podemos renuncia a la vía que tanto irritó a sus socios de recurrir a una enmienda a los Presupuestos.

Las conversaciones comenzaron este jueves con una reunión entre el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la número dos de Pablo Iglesias, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra. Las dos partes salieron satisfechas del encuentro, y el propio Iglesias anunció que el decreto “no tardará más de dos semanas”. Pero las negociaciones aún continuarán en los próximos días, y Unidas Podemos no ha levantado la presión para arrancar todas las concesiones posibles al PSOE en un asunto especialmente sensible para su electorado.

Un decreto del pasado marzo, vigente hasta el 31 de enero, ya prohibió los desahucios siempre que los afectados se encuentren “en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia” de la crisis del covid-19. Como pedía la formación de Iglesias en la controvertida enmienda, el ministerio de Ábalos, con competencias sobre vivienda, está dispuesto a ampliar la moratoria a las situaciones de vulnerabilidad económica anteriores a la crisis sanitaria. En el acuerdo de Unidas Podemos con ERC y Bildu, se demandaba que la medida estuviese vigente hasta el final de 2022. El departamento de Vivienda propuso este jueves a sus interlocutores de la Vicepresidencia de Iglesias que el plazo —prorrogable, en todo caso— se limite a la vigencia del actual estado de alarma, hasta el 9 de mayo. Es una de las cuestiones que quedan pendientes para la negociación.

Vivienda ha propuesto otra novedad: que sean los servicios sociales de los ayuntamientos y comunidades autónomas quienes certifiquen las situaciones de vulnerabilidad social. Hasta ahora, eran los propios interesados quienes debían acreditarlo, lo que dejaba más margen a los jueces para tomar la decisión de autorizar o no un lanzamiento. El departamento de Ábalos pretende además implicar a esos servicios sociales en la búsqueda de otro techo para las personas bajo amenaza de ser desalojadas.

Iglesias reivindicó este jueves su actuación en este asunto, pese al revuelo creado en el Ejecutivo. “A veces las discrepancias se traducen en medidas positivas para la gente”, dijo durante una comparecencia en el Congreso, donde abogó además por “consolidar en España una cultura de gobierno de coalición”. El equipo de Iglesias también va a negociar con otra vicepresidencia en manos del PSOE, la de Transición Ecológica, la prohibición de los cortes de suministros básicos a las viviendas, una de las exigencias pactadas con ERC y Bildu.