El Gobierno prevé alargar hasta enero las restricciones para desahuciar a inquilinos

El Consejo de Ministros estudiará este martes una extensión de las medidas especiales sobre vivienda por la covid, que incluyen la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler

Protesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), para exigir una moratoria de desahucios la semana pasada en Barcelona.
Protesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), para exigir una moratoria de desahucios la semana pasada en Barcelona.Albert Garcia / EL PAÍS

El Gobierno se dispone a extender las medidas especiales que aprobó el pasado marzo para paliar los efectos de la crisis del coronavirus sobre la vivienda. Según fuentes del Ejecutivo, este martes el Consejo de Ministros debatirá una prórroga para que esas medidas, que inicialmente se aplican hasta el 30 de septiembre, se prolonguen hasta el próximo 31 de enero y se da por hecho que el trámite obtendrá la luz verde. Otras fuentes gubernamentales, sin embargo, señalan que el acuerdo que finalmente se alcance todavía puede variar en algunos aspectos, puesto que la propuesta que se pondrá sobre la mesa del Consejo no está completamente cerrada. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, encargado en la elaboración de esa propuesta puesto que tiene las competencias estatales en Vivienda, se mantiene hasta el momento en silencio.

De acuerdo con las primeras fuentes citadas, durante cuatro meses más se mantendrán, al menos, las restricciones para desahuciar a inquilinos y la prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento que expiren en ese tiempo. También la obligatoriedad de los grandes propietarios (los que tienen más de 10 viviendas) de aceptar quitas de un 50% de las rentas o acordar con los inquilinos un aplazamiento de las mismas. Aunque forma parte de las conversaciones, no está claro si afectará a otras medidas acordadas en marzo como la línea de avales a inquilinos, las ayudas directas al alquiler o la moratoria hipotecaria.

El pasado 31 de marzo, el Gobierno aprobó un real decreto para paliar las consecuencias sociales de la crisis del coronavirus. Ello llevó a la prohibición de desahuciar a inquilinos en situación de vulnerabilidad (aquellos que pueden demostrar una merma sustancial de ingresos a causa de la epidemia) si no se les podía ofrecer una alternativa habitacional. La citada prohibición, desde que los juzgados normalizaron su actividad tras el fin del estado de alarma, exige que el afectado la solicite.

De la misma manera, el citado decreto también estableció una prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento que expirasen hasta el 30 de septiembre (inicialmente se iba a aplicar hasta dos meses después de la finalización del estado de alarma, pero el Ejecutivo la extendió luego hasta el presente mes). La prolongación del contrato, por un máximo de seis meses, se aplica a petición del inquilino y el propietario tiene la obligación de aceptarla sin variar en nada las condiciones del arrendamiento. Siempre según las mencionadas fuentes del Gobierno, ahora la podrán solicitar también los arrendatarios cuyos contratos se acaben entre los próximos 1 de octubre y 31 de enero.

Una tercera línea de actuación del decreto de marzo imponía una rebaja o aplazamiento de las rentas cuando el arrendador fuera un gran propietario. Este se definía como alguien con más de 10 inmuebles urbanos (excluyendo garajes y trasteros) o con inmuebles urbanos que sumen más de 1.500 metros cuadrados. Si el inquilino pide alguna medida para aliviar la renta mensual que paga, estos caseros están obligados a aplicar una rebaja temporal de las rentas del 50% o un aplazamiento del pago, que luego se devolvería prorrateado en un máximo de tres años. La solución que elija el propietario se aplica por un máximo de cuatro meses. En principio eso no variará, pero el Ejecutivo sí puede extender el plazo para que los arrendatarios puedan acogerse a esta norma hasta el 31 de enero.

En todos los casos, el requisito previo es justificar que existe una situación de vulnerabilidad social a causa de la pandemia de covid-19. El Gobierno fijó al inicio de la crisis dos requisitos para ello. El primero es pasar a una situación de desempleo total o parcial (ERTE) tras el inicio de la alarma sanitaria en España. En el caso de empresarios o autónomos, se debe acreditar una caída de los ingresos o la facturación del 40%. El segundo condicionante es que, a consecuencia del anterior, los ingresos de la unidad familiar no superen tres veces el IPREM (lo que equivale a 1.613,52 euros al mes), con algunos multiplicadores en el caso de tener hijos o personas dependientes al cargo.

La ampliación de las moratorias sobre desahucios y contratos de alquiler ha sido reivindicada desde hace meses por grupos activistas en favor del derecho a la vivienda como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o los sindicatos de inquilinos. Estos grupos, sin embargo, apuestan por una extensión más amplia, que contemple todo 2021. De momento, parece que el Ejecutivo solo contemplará una prolongación durante cuatro meses y que llegará casi sobre la bocina. El Consejo de Ministros de este martes se celebra tan solo un día antes de la fecha en que estaba previsto que expirasen las medidas.

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