Crisis del coronavirus

El Gobierno prorroga este martes la moratoria de desahucios y alquileres para familias vulnerables hasta el 30 de septiembre

Quienes estén en situación vulnerable tendrán una garantía en el suministro de luz, agua y gas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside la reunión del Consejo de Ministros. (Atlas )

El Gobierno va a prorrogar hasta el 30 de septiembre varias de las medidas que aprobó para amortiguar el impacto social que ha provocado la crisis económica del coronavirus. En la agenda del Consejo de Ministros está la extensión de los contratos de alquileres de vivienda habitual durante seis meses. También hasta entonces se prolongarán la moratoria hipotecaria y la del pago de alquileres a grandes tenedores de vivienda o empresas públicas. Además, se garantizan los suministros básicos como luz, agua y gas durante este periodo, apuntan fuentes del Gobierno.

Esta es una de las patas de lo que el Ejecutivo llama “escudo social”, un conjunto de medidas destinadas a aliviar el impacto que el parón de actividad ha tenido sobre el mercado laboral y los ingresos de los hogares. Como en el caso de los ERTE, la iniciativa más ambiciosa de ese escudo, se prolongará hasta el último día de septiembre, según ha adelantado la Cadena SER y ha podido confirmar este diario. La prórroga de los expedientes vio la luz, previo pacto con los agentes sociales, hace una semana y media. También en ese Consejo de Ministros se aprobaron las ayudas extraordinarias a los autónomos.

Buena parte de las medidas que se van a prorrogar este martes se aprobaron en los primeros consejos de ministros que sucedieron a la declaración del estado de alarma de marzo y, en principio, estaban vinculadas a él, ya que decaen un mes después de que este deje de estar en vigor. Esto supone que esas medidas sociales caducarían el próximo 21 de julio si no mediara la prórroga que se prevé aprobar este martes.

En lo que respecta a las hipotecas, se prevé alargar hasta el 29 de septiembre el plazo para pedir la moratoria. Fuentes del ejecutivo apuntan que el funcionamiento será secuencial: tres meses de moratoria legal y nueve de moratoria del sector bancario.

Sobre los alquileres, la medida es doble. La primera posibilidad es solicitar hasta el 30 de septiembre la extensión de los contratos de arrendamiento en las mismas condiciones durante seis meses. La segunda consiste en abrir la opción a que las familias vulnerables pidan una moratoria en el pago de la renta a los grandes tenedores de vivienda y a las empresas públicas.

Según el decreto aprobado el 31 de marzo, que contenía la primera edición de buena parte de estas medidas, para encontrarse en situación de vulnerabilidad había que haber perdido el empleo o estar afectado por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Además, esta situación debía haber provocado la caída de un nivel determinado de ingresos vinculado al IPREM (indicador público de rentas múltiples).

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