El Gobierno aprueba un plan social para los más vulnerables y ayudas para inquilinos, autónomos y pymes
El Consejo de Ministros aprueba microcréditos sin interés para que los colectivos más afectados por el estado de alarma puedan pagar el alquiler
El Consejo de Ministros ha aprobado un gran paquete de medidas para ayudar a los colectivos más afectados por la terrible crisis económica desatada por el coronavirus. El Gobierno ha aprobado un decreto, de unas 80 páginas, que contiene medio centenar de medidas. Se trata de un gran plan de rescate social para los más vulnerables, inquilinos, autónomos y pymes. Entre las decisiones que ha adoptado el Ejecutivo está la creación de una prestación para las empleadas domésticas dadas de alta en la Seguridad Social que pierden su trabajo o unas horas, otra ayuda para los trabajadores temporales que no tienen el tiempo de cotización suficiente y créditos para los inquilinos que les ayuden a pagar el alquiler. También contempla una moratoria de seis meses en la cotización a la Seguridad Social para autónomos.
Ya la Gran Recesión y su larga duración dejaron en evidencia que el seguro de desempleo español y la red de protección social pública eran insuficientes para afrontar las consecuencias de una crisis económica dura y prolongada. Todavía hay heridas abiertas en forma de desigualdad, pobreza laboral o tasa de riesgo de pobreza. El Ejecutivo actual tenía en su programa reforzar esa carencia. Pero apenas ha echado a andar —no hace 100 días desde que Pedro Sánchez fue investido presidente— y le ha atropellado una pandemia mundial sin parangón en el último siglo que va a tener graves consecuencias socioeconómicas. Así que se ha tratado de parchear el sistema de protección social para aliviar el impacto de la crisis de la Covid-19 en colectivos que, en muchos casos, todavía no se habían recuperado de la crisis anterior.
Los primeros parches fueron para ayudar a los afectados por despidos temporales (ERTE), unos dos millones de trabajadores. También se dirigió a los autónomos afectados por el parón decretado con el estado de alarma.
Este martes se ha abierto el abanico a otros colectivos. Entre ellos están las empleadas de hogar, a las que varios Gobiernos les habían prometido ampliar su protección, o los temporales más precarios, que no llegan a cotizar el tiempo suficiente para acceder a una prestación. Para ellos, el Consejo de Ministros aprobó dos ayudas extraordinarias.
A la primera podrán acceder las trabajadoras domésticas que ya estén dadas de alta en la Seguridad Social, casi 400.000, si pierden su empleo o unas horas por riesgo de contagio o por despido. Tendrán derecho a percibir una prestación equivalente al 70% de su base de cotización, como adelantó EL PAÍS.
La segunda beneficia a los temporales que no hayan llegado a cotizar 12 meses en los últimos seis años y finalicen un contrato de, al menos, dos meses de duración después del estado de alarma. Para ellos, la ayuda será de 430 euros y tendrá un mes de duración. Esta ayuda será incompatible con otras rentas asistenciales de desempleo o servicios sociales.
Ambas ayudas no tapan todos los agujeros socioeconómicos que va a provocar el coronavirus. De ahí que el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, afirmara en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que su departamento, el Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social están preparando un ingreso mínimo vital. Esa ayuda iría a grupos como trabajadores más precarios, que no están dados de alta en la Seguridad Social —en ese caso hay 200.000 empleadas de hogar—, y otros temporales con contratos de menos de dos meses.
Aunque el Gobierno no ha publicado la previsión de gasto de las dos ayudas aprobadas, este no debería ser mucho si se compara con el que supondrá la prestación extraordinaria para afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Las cuantías serán bajas en los dos casos —las bases de cotización de las empleadas de hogar son pequeñas— y su duración corta. No obstante, entre todas las medidas de refuerzo de la protección contra el desempleo que se han ido aprobando, fuentes del Gobierno especulaban ayer con que podría suponer un coste adicional de unos 3.000 millones. Y este desembolso habría que sumarlo al seguro de paro ordinario, que también va a crecer mucho. Para hacer frente a este esfuerzo de la tesorería, un borrador del decreto habilitaba al Servicio de Empleo Estatal a utilizar los recursos procedentes de la cuota de formación, más de 2.300 millones en 2019, que es un dinero recaudado solo para ese fin.
Además de las dos nuevas ayudas, el Consejo de Ministros aprobó una moratoria para autónomos que no pueden beneficiarse de la prestación extraordinaria de cese de actividad y empresas. En principio, la demora se concedería para tres mensualidades —las que se pagan de mayo a julio— cuyo pago se podría retrasar medio año. También abre la puerta a aplazar la cuota de abril con un interés del 0,5%. No obstante, el decreto aprobado deja los requisitos de acceso en manos de una orden que desarrollará la Seguridad Social con la supervisión del Ministerio de Economía.
Junto a las medidas dirigidas a amortiguar el impacto laboral, hay otras. La más destacada es la que atañe a la vivienda, con varias iniciativas. Una de ellas es la concesión de microcréditos para los inquilinos en situación de vulnerabilidad (parados o afectados por ERTE con renta familiar por debajo de los 1.613,5 euros o un alquiler que supere el 35% de los ingresos). También se suspenden por seis meses los desahucios de las personas vulnerables sin vivienda alternativa y se prorrogan por medio año los contratos de alquiler que caduquen en los dos meses posteriores a la declaración del estado de alarma del 14 de marzo. Además, se amplia a tres meses la moratoria en las hipotecas de los más damnificados (asalariados y autónomos).
“Tomamos medidas para proteger el derecho constitucional a la vivienda. Ahora es más importante porque es la trinchera para protegerse del virus”, ha explicado el vicepresidente segundo y ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, quien ha apuntado que la definición de colectivos vulnerables es “muy amplia”.
Además de ayudas, el Consejo de Ministros también ha decretado una suspensión de la publicidad del juego digital durante el tiempo que dure el estado de alarma para evitar que las casas de apuestas hagan negocio con la preocupación y la ansiedad de la gente.
Otro paquete del decreto permite demoras en las amortizaciones de los créditos al consumo concedidos a afectados por la crisis sanitaria. Y, además, abre la puerta a que los trabajadores afectados por ERTE o autónomos en cese de actividad puedan rescatar el dinero de su plan de pensiones, si lo tuvieran.
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