la crisis del coronavirus

El Ejecutivo aprueba este martes nuevas medidas sin consultar con la oposición

A pesar de las críticas del PP, el Gobierno no pretende variar su actitud con los partidos

El presidente Pedro Sánchez durante la reunión del comité de gestión técnico, este lunes.
El presidente Pedro Sánchez durante la reunión del comité de gestión técnico, este lunes.Borja Puig de la Bellacasa / EFE

El Gobierno volverá a pedir el apoyo a la oposición para que avale en el Congreso los decretos que aprobó el sábado y los que este martes añadirá el Consejo de Ministros: medidas para paliar los efectos de la paralización de la producción. El Ejecutivo cree que el PP no tiene argumentos para no respaldar las nuevas ayudas, y rechaza las críticas de su líder, Pablo Casado, que este lunes tildó al Ejecutivo de “desleal” y le acusó de mentir. Los contactos del equipo de Pedro Sánchez con la oposición son mínimos. El presidente llevaba hasta el lunes ocho días sin llamar a Casado.

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No hay demasiado interés en el Gobierno por variar su actitud con los partidos de la oposición, a pesar de la dura andanada del presidente del PP, Pablo Casado. Tras el decreto del sábado por el que se restringe aún más la actividad productiva, y que entrará plenamente en vigor este martes, ahora tocan algunas medidas para mitigar el destrozo de quienes se han quedado o se quedarán sin trabajo por ese parón de la actividad. Hasta ahora, la oposición ha aprobado todas las propuestas del Ejecutivo, con la excepción de los partidos independentistas, que se han abstenido. El malestar hacia Sánchez, al que reprochan que les pida apoyo sin darles cuenta previamente de lo que va a hacer, se acentúa.

En el Gobierno no se observa gran preocupación por las acusaciones del PP, a quien pedirá que no se oponga a las medidas en curso. El presidente llamó hace ocho días al líder de los populares y desde entonces no ha habido contacto, al menos hasta la tarde del lunes. El jefe del Gobierno, su equipo y los ministros concernidos estuvieron centrados en las medidas que llevarán este martes al Consejo de Ministros. El Ejecutivo prepara un plan de ayudas a quienes no puedan pagar el alquiler, con créditos a interés cero. Es una solución pensada para aquellos que tienen como arrendador a un propietario que tiene uno o dos pisos en alquiler y para quienes eso supone su modo de ganarse la vida. Otra alternativa tendrán los grandes tenedores de pisos, a los que se pedirá que den a sus inquilinos una prórroga de cuatro meses y que, después, pacten la satisfacción de la deuda de forma prorrateada.

Estas y otras medidas estaban anoche en discusión en el seno del Gobierno, tanto desde la perspectiva jurídica como técnica, explican fuentes gubernamentales. Una forma de señalar que no se puede informar a la oposición de algo que aún no está cerrado y que es de una enorme complejidad.

Aun así, el Ejecutivo acogió el lunes con disgusto los reproches y amenazas del líder del PP, a quien varios ministros atribuyen no ser consciente de la gravedad de la situación. Un camino diferente ha tomado la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha reiterado su apoyo al Gobierno aunque también le insta a que se reúna telemáticamente con los líderes de los partidos.

La mano tendida también la tiene el PNV, aunque ha expuesto con claridad su rechazo a la paralización de los sectores productivos. El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha dado muestras de un enfado notable, al considerar que este cierre perjudica de manera muy especial a las empresas vascas. No desmienten en el Gobierno que ello vaya a ser así, pero no ven otra vía de parar los contagios y, por tanto, de que los ciudadanos no tengan necesidad de ser ingresados, en un momento en el que la red sanitaria está al límite. La extremada situación de emergencia es la que mueve al Gobierno a considerar que el PP, finalmente, no se echará atrás en el apoyo a las medidas.

No hay nada que vulnere las leyes ni esté fuera de la Constitución, recalcan en el Gobierno ante el debate que ha abierto el PP sobre el interés de Sánchez en enfrentar al sector público con el privado. La insistencia en Twitter del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, remarcando que toda la riqueza del país está subordinada al interés general ha dado pábulo a ese resquemor. Pero no es una declaración política, sino un recordatorio del artículo 128 de la Constitución.

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