El Gobierno se da una semana más para aprobar el decreto antidesahucios

El decreto con el que el Gobierno espera extender la normativa antidesahucios durante la pandemia deberá esperar una semana más. Ya el pasado jueves, tras anunciarse el acuerdo entre la Vicepresidencia de Derechos Sociales y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el primero dirigido por Pablo Iglesias y el segundo por José Luis Ábalos), ambas partes señalaban que el texto estaba pendiente de precisarse y difícilmente llegaría al Consejo de Ministros de esta semana. En una entrevista en TVE, este lunes, Ábalos ha alejado todavía más esa posibilidad: “No creo que nos dé tiempo porque esta semana es un poco complicada con los días festivos”, ha señalado el ministro.

Durante su participación en la televisión pública, Ábalos ha defendido la iniciativa de su Ministerio, sobre el que recaen las competencias estatales en Vivienda, para afrontar “una situación dramática”. El motivo por el que el decreto no está listo, ha explicado, es que siguen trabajándose “algunas cuestiones jurídicas para que tengan eficacia y toda la validez”.

Tras un tira y afloja de un par de semanas, en las que Unidas Podemos llegó a plantear en el Congreso una enmienda a los Presupuestos que había pactado con el PSOE, a finales de la semana pasada se anunció la fumata blanca. Los detalles que han trascendido sobre la nueva norma apuntan a una extensión de la prohibición de desahuciar durante la pandemia tanto temporal como desde el punto de vista de los colectivos que podrán beneficiarse de esa medida.

Un decreto aprobado el pasado marzo y prorrogado en dos ocasiones ya impide desalojar de sus casas a inquilinos afectados económicamente por la crisis del coronavirus hasta el 31 de enero. Ahora eso se extenderá al menos hasta el final del actual estado de alarma, el próximo 9 de mayo. Pero además, el texto vigente se consideraba insuficiente frente al problema de los desahucios, ya que la regulación solo contempla la vulnerabilidad sobrevenida por la covid y deja fuera a otros colectivos vulnerables cuya situación no ha empeorado sustancialmente desde marzo porque ya era mala antes. Una prueba de que los desahucios no se han parado es que en el trimestre julio-agosto-septiembre fueron expulsadas de sus viviendas 7.096 personas y la gran mayoría (más de 5.000) eran inquilinos. Es un 30% menos que en el mismo periodo de 2019, pero la cifra está muy lejos de poder asegurar que los desahucios se han detenido por la pandemia.

Familias vulnerables

Por ello, y con el razonamiento de que hay que evitar expulsar de sus viviendas a ciudadanos a los que se está pidiendo que permanezcan el máximo tiempo posible en casa para frenar la epidemia, el futuro decreto incluirá la prohibición de desahuciar a cualquier familia vulnerable que tenga contrato de alquiler durante el estado de alarma, aunque no se trate de una vulnerabilidad fruto de la covid-19. Además, como exigía Unidas Podemos, también se contemplará el caso de aquellos hogares que ocupan viviendas en precario, es decir, que ni siquiera tienen contrato y están en una casa de manera ilegal.

El acuerdo alcanzado por los dos socios del Gobierno de coalición es que cuando el propietario del inmueble sea un gran tenedor (definido a principios de la pandemia como quien tiene más de 10 inmuebles urbanos, excluidos garajes y trasteros), el proceso de lanzamiento judicial se paralizará tres meses si un informe de los servicios sociales acredita la vulnerabilidad de la familia ocupante. En esos tres meses, las Administraciones deberán proveer una alternativa habitacional a quienes van a quedarse sin casa. Dicha alternativa deberá ser “una vivienda digna”, según destacó la formación de Pablo Iglesias, que quiere evitar así que se recurra a albergues y soluciones similares.

Una de las principales dificultades, además de otras precisiones que habrá que hacer en el texto, es cómo garantizar esa respuesta en tres meses, ya que quienes proveen esa alternativa son fundamentalmente las comunidades autónomas. Estas tienen la mayoría de competencias en vivienda transferidas y son las encargadas de gestionar la mayor parte del escaso parque de pisos sociales que tiene España (y que supone, según los expertos, la raíz principal del problema). Así lo ha reconocido este lunes Ábalos en TVE, al enmarcar la elaboración del decreto en “políticas de Estado, porque implican a todas las Administraciones”.