Frenar desahucios

Los 18.138 desahucios practicados en los nueve primeros meses del año son un fracaso colectivo de las administraciones y la economía española por mucho que la cifra se haya visto reducida respecto a años anteriores debido a la paralización de lanzamientos por la pandemia. La cuestión de la vivienda es un problema estructural en España, país con uno de los menores parques de vivienda social en alquiler de Europa (un 2,5% del total) y un mercado inmobiliario que ha mostrado graves desequilibrios en la última década. La gran recesión de 2008 fue especialmente virulenta en España, entre otras razones, por la gran burbuja de la vivienda que estalló en los años posteriores. La crisis colocó a las familias más vulnerables ante la imposibilidad de afrontar alquileres e hipotecas y puso el foco en 650.000 casas vacías que no tenían mercado, servicios financieros cuestionables, una desequilibrada cultura de endeudamiento privado favorecida por los bancos y el fortalecimiento de fondos oportunistas como grandes propietarios de viviendas de alquiler. Esta situación de fondo, a la que se suma la crisis vinculada a la pandemia, ha generado una bolsa de pobreza habitacional ante la que el Estado no puede permanecer cruzado de brazos.

En el apartado judicial, la semana pasada se ha conocido una notable sentencia con la que el Tribunal Supremo ha impedido a la Comunidad de Madrid desalojar de uno de sus pisos sociales a una mujer y sus dos hijos pequeños en situación de especial vulnerabilidad a los que no ha procurado una solución alternativa. La Comunidad entabló en 2017 un proceso para recuperar la casa en la que había alojado en 2015 a la mujer, víctima de violencia de género, entre otras circunstancias.

El papel central, sin embargo, tiene que ser de la política. Tras la cuestionable maniobra de Unidas Podemos —que presentó de la mano de ERC y EH Bildu una enmienda a sus propios Presupuestos ya pactados para impedir los desahucios de personas vulnerables hasta finales de 2022—, los dos socios del Gobierno han acordado el contenido de un decreto para abordar la situación con unos términos que parecen más acertados que los de la enmienda. Las familias que habitan una vivienda con contrato cuyo pago no pueden afrontar no serán desalojadas hasta el final del estado de alarma, en mayo, si acreditan ante el juez esa imposibilidad. A la vez, las familias vulnerables que okupan viviendas (es decir, sin mediar contrato) no podrán ser desalojadas, pero solo si el propietario es un gran tenedor (dueño de más de 10 inmuebles urbanos) y durante un periodo de tres meses.

Las nuevas medidas, que en principio serán aprobadas en un próximo Consejo de Ministros, extienden razonablemente la protección en medio de una dramática situación económica y sanitaria. Correctamente, se distingue el dueño particular —para quien el ingreso de ese alquiler también puede ser vital— de los grandes tenedores. Es este un paso en la dirección adecuada, aunque no una solución definitiva. Los equilibrios son complejos; toda solución tiene que tener en cuenta la seguridad jurídica y no causar la inhibición de la puesta en alquiler de pisos, entre otros factores. Una de las claves es una política más ambiciosa de vivienda social en un país rezagado con respecto a otros de Europa. Esto debería ser una prioridad tanto de un Gobierno que se jacta de no dejar a nadie atrás, como de las comunidades autónomas.