La ley de familias incluye un permiso retribuido de cinco días al año para trabajadores por cuidado de convivientes

El Consejo de Ministros aprobará la semana que viene la norma, que incluirá la ampliación de la actual prestación de 100 euros al mes por niños de 0 a 3 años a las mujeres que perciban una prestación por desempleo o hayan cotizado un mínimo

Carritos de bebé en el parque del Turia, en Valencia.
Carritos de bebé en el parque del Turia, en Valencia.Ana Escobar

El anteproyecto de ley de familias pasará por el Consejo de Ministros la próxima semana, han informado este jueves fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, que prepara la norma desde hace meses. Entre sus principales medidas se incluye un permiso de cinco días al año que será retribuido y del que los trabajadores podrán disponer para el cuidado de convivientes o familiares de hasta segundo grado de consanguinidad (como abuelos, nietos o hermanos). También recoge la ampliación de la prestación de 100 euros al mes para madres con niños de 0 a 3 años, que actualmente perciben solo las mujeres trabajadoras y que con la norma podrán solicitar más familias, y la equiparación de derechos de los hogares monoparentales con dos hijos con las familias numerosas. La aprobación de esta norma, que ha sido incluida como uno de los hitos comprometidos con la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, acumula varios retrasos, el último, cuando los dos socios de Gobierno se comprometieron a que llegara al Consejo de Ministros a lo largo de octubre. La negociación ha sido complicada y, de hecho, aún continúan discutiéndose los últimos flecos.

La ley incorpora nuevos permisos para cuidados. En primer lugar, uno retribuido de cinco días al año, como establece la directiva europea de conciliación, de 2019, aunque no llega a los siete días que la ministra del ramo, Ione Belarra (Unidas Podemos), había anunciado que quería que alcanzara, que podrían ampliarse a nueve en el caso de que fuera preciso un desplazamiento a otra comunidad autónoma. “Que te permita quedarte en casa cuidando a tus hijos cuando han pasado una mala noche vomitando o tienen un poco de fiebre, que puedas pedir el día para llevar al médico a tus padres o que puedas estar con tu pareja cuando está enferma”, dijo la ministra en un acto el pasado febrero.

Este jueves se ha conocido finalmente que será de cinco días. Podrán acogerse a él los trabajadores que deban atender a convivientes o familiares de hasta segundo grado de consanguinidad. Actualmente, la legislación española solo contempla para el trabajador dos días de permiso retribuido por motivos como fallecimiento o enfermedad grave de parientes de hasta segundo grado. Además, la ley de familias también prevé un permiso parental de ocho semanas que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua hasta que el menor cumpla ocho años. Este permiso no será retribuido.

En España, las estructuras familiares han ido evolucionando más rápido de lo que lo ha hecho la legislación. Ya en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos se recogía la aprobación de una ley que reconociera la diversidad familiar. La OCDE también lo recomendó en un informe técnico encargado por el Ministerio de Derechos Sociales. En él, el organismo instaba a España a explorar la creación de una prestación universal por crianza, como tienen muchos países del entorno, y afeaba la escasa inversión en protección de la familia y la infancia en el país (en 2019 fue del 1,3% del PIB, frente a un promedio del 2,3% en la UE).

Este era el planteamiento de Belarra, que en los últimos meses había defendido en numerosas ocasiones la universalidad. En la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, sin embargo, no se llegó tan lejos. Cuando se anunció que los dos socios de gobierno habían logrado un acuerdo para las cuentas, se precisó que el anteproyecto de ley de familias se aprobaría en Consejo de Ministros antes de que finalizara el mes de octubre y que se tramitaría de forma urgente. También, que incluiría una ampliación de la actual ayuda (una deducción fiscal reembolsable) de 100 euros al mes para madres trabajadoras con niños de 0 a 3 años a quienes estén cobrando una prestación por desempleo o hayan trabajado (dadas de alta en la Seguridad Social o mutualidad) durante al menos 30 días desde el nacimiento del bebé. Quedaban fuera las inactivas y quienes perciban el complemento de infancia del ingreso mínimo vital (una ayuda para familias vulnerables, también de 100 euros al mes para menores de 0 a 3 años).

Ahora, según informan fuentes del ministerio, la ley de familias incluye esa misma medida negociada en las cuentas de 2023. Fuentes de Derechos Sociales señalaron el pasado octubre que, si a la ampliación de la prestación de 100 euros al mes se le unen las familias que percibirán el complemento de infancia del ingreso mínimo vital, se estaría cerca de la universalidad para el tramo de 0 a 3 años.

El anteproyecto también plantea, según ha podido saber este diario, que las administraciones públicas deben garantizar el derecho subjetivo de los menores y sus familias a tener un acceso universal a la atención temprana, algo que actualmente no está recogido de esta forma en la legislación. Se trata unos servicios que se deben prestar lo antes posible para paliar necesidades de los niños con trastornos de desarrollo. Las competencias son autonómicas y hay grandes diferencias entre territorios, así como largas listas de espera. La inclusión de este punto en la ley supone un paso más para que las autonomías incorporen estos servicios en sus carteras.

Asimismo, la ley incorpora nuevos derechos para familias monoparentales, la amplia mayoría de las cuales está encabezada por mujeres: los hogares con dos hijos serán considerados numerosos, con los consiguientes beneficios fiscales y otras ayudas que ello conlleva. También lo serán las familias con dos hijos encabezadas por una víctima de violencia de género o un cónyuge que haya obtenido la guarda y custodia exclusiva sin derecho a pensión de alimentos, así como las familias con dos hijos donde un ascendiente o descendiente tenga discapacidad. Actualmente, son considerados numerosos los hogares con al menos tres hijos; aquellos formados por un viudo o una viuda con dos niños; las familias con dos menores, uno de los cuales tenga una discapacidad, o si los dos progenitores tienen alguna discapacidad. O, en caso de tenerla uno, si esta supera el 65%.

Sin embargo, otra de las promesas que se había realizado al colectivo de hogares monoparentales queda fuera de la ley, pese a que sí estaba incluida en la propuesta inicial de Belarra. Se trata de la equiparación de los permisos por maternidad de estas familias, que ahora solo pueden disfrutar de 16 semanas, a las de aquellas que cuentan con dos progenitores. Es una medida ampliamente reclamada por los colectivos de familias monoparentales y que ha sido avalada en los últimos años por varias sentencias judiciales a mujeres que decidieron recurrir a los tribunales para reclamarla. A finales de octubre, fuentes de Derechos Sociales afearon que Hacienda se resistía a que el texto viera la luz en los términos acordados en la negociación de los presupuestos de 2023.

Tampoco queda recogida en la ley de familias la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad hasta las 24 semanas, frente a las 16 semanas actuales. Una medida que ha defendido Unidas Podemos en repetidas ocasiones. Por ejemplo, el pasado mayo Belarra volvió a defenderlo públicamente. Ya habían luchado por incluirlo en los presupuestos de 2022, de los cuales quedó fuera. “En una negociación todo el mundo cede un poco y esta es una cuestión de la que nos es difícil convencer al PSOE”, dijo la ministra, en una entrevista a RNE, cuando alcanzaron un pacto con el PSOE para aquellas cuentas. Tampoco se incluyó en las de 2023.

Tras la aprobación del anteproyecto de ley de familias en primera lectura por el Consejo de Ministros, aún deberá pasar en segunda vuelta por este mismo órgano, tras recabar informes consultivos. Después se iniciará la tramitación parlamentaria, hasta su aprobación definitiva. Es decir, que los márgenes para que la ley vea la luz esta legislatura son ajustados, aunque no imposibles.

Sobre la firma

María Sosa Troya

Redactora de la sección de Sociedad de EL PAÍS. Cubre asuntos relacionados con servicios sociales, dependencia, infancia… Anteriormente trabajó en Internacional y en Última Hora. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y cursó el Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.

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