Belarra anuncia un acuerdo para que el Consejo de Ministros apruebe en septiembre la ley de familias

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha anunciado este jueves que la ley de familias será aprobada en primera lectura por el Consejo de Ministros el próximo septiembre, después de que los dos socios en el Gobierno así lo hayan acordado. “No me llevo a error, esta negociación va a ser difícil y necesitamos todo el apoyo [de la sociedad civil] que podamos recibir”, ha dicho durante un acto para conmemorar el día de las familias. Algo en lo que también ha insistido la titular de Igualdad, Irene Montero. La propuesta del departamento que dirige la secretaria general de Podemos está ya lista, según informó el pasado diciembre la propia Belarra, quien entonces dijo que su objetivo era que se aprobara a comienzos de este año. Derechos Sociales plantea, entre otras medidas, una renta universal por crianza de 100 euros al mes y la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a los 24 semanas, frente a las 16 actuales. Pero el texto final aún no está pactado con el PSOE.

Si se cumple lo anunciado, tras la aprobación en primera lectura en septiembre por el Consejo de Ministros deben recabarse informes consultivos y el texto tiene que volver, en segunda lectura, al Consejo de Ministros. Después se inicia la tramitación parlamentaria, hasta su aprobación definitiva. Es decir, que los márgenes para que la ley vea la luz esta legislatura son muy ajustados, aunque no imposibles.

Esta norma está incluida en el acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE y el Ejecutivo se comprometió ante la Comisión Europea a aprobarla este 2022, como uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Aunque haya un plazo pactado, asuntos como la prestación universal por crianza y la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad siguen negociándose. En diciembre, trascendieron reticencias de Hacienda.

Distancia con Europa

Belarra ha destacado un dato: los “12.000 millones de euros” que España deja de invertir con respecto a la media de la Unión Europea en políticas de protección de las familias y la infancia. Las instituciones europeas llevan años recomendando a España mejorar el apoyo a las familias, donde casi tres de cada diez menores viven en hogares en riesgo de pobreza. Unas cifras “demoledoras”, según ha dicho la ministra. Por ello, ha insistido en que haya una renta crianza de 100 euros al mes por hijo a cargo, “que se incremente hasta los 125 euros en el caso de que una de las personas en la familia tenga discapacidad”. “Igual que tenemos un sistema de educación pública”, ha añadido, “necesitamos un sistema de cuidados público”.

La ministra ha defendido, como en anteriores ocasiones, la ampliación de los permisos por nacimiento o adopción hasta las 24 semanas, frente a los 16 que se disfrutan desde principios del año pasado, y que España cuente con un permiso 100% retribuido de al menos siete días al año por cuidados para los trabajadores. La idea, según detalló Derechos Sociales el pasado febrero, es que sirva no solo para cuidar a familiares de hasta segundo grado de consanguinidad, como abuelos o nietos, sino a cualquier conviviente, y que puedan elevarse hasta nueve días en caso de que haya desplazamientos a otra comunidad autónoma. Belarra también ha reivindicado que las familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres, puedan disfrutar de las mismas semanas de permiso por maternidad que los hogares biparentales en su conjunto (es decir, 48), algo que ya están reconociendo los tribunales, y que las familias de un solo progenitor con dos hijos sean equiparadas a las numerosas (y por tanto, puedan tener acceso a beneficios que actualmente tienen estas últimas).

Negociación

Irene Montero también ha hablado de una “seguramente difícil” negociación, y ha afirmado que se llevará “hasta el final para que sea una ley completa, ambiciosa” y para reconocer “el mayor número de derechos posibles para todas las familias”. Y ha advertido: “Esta va a ser una ley que genere debate social y que genere conversaciones, y es en realidad una ley profundamente ideológica, porque con esta ley estamos legitimando como Estado, como instituciones, el derecho de todo el mundo a ser quien es, sin que por ello tenga que ver mermados sus derechos”. Poco antes, Nacho Álvarez, el secretario de Estado de Derechos Sociales, había afirmado que la tarea “no está exenta de obstáculos: fiscales, presupuestarios, la necesidad de encajar la nueva ley en la legislación actual y de contar con el consenso de las comunidades autónomas y las organizaciones [sociales]”.

En el acto también participaron entidades sociales. Insistieron en la necesidad de adaptar el marco jurídico actual a la realidad social del país y que se proteja a todas las familias, no solo al esquema tradicional, formado por una pareja heterosexual casada y con hijos, que ha quedado desfasado desde hace años.

Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, que agrupa a 75 organizaciones, dijo que España es una “gran anomalía” respecto a otros países europeos y de la OCDE en cuanto a las garantías que ofrece a la infancia. Por ejemplo, es uno “de los pocos países de la Unión Europea que no tiene un permiso parental remunerado”, afirmó Ibarra, quien recordó que “el 60% del apoyo a las familias consiste en desgravaciones fiscales” que, más que paliar las desigualdades, las incrementan. Chema Vera, director ejecutivo de Unicef España, reclamó una prestación universal por crianza, que empiece con el grupo de niños de 0 a 3 años y que pueda seguir ampliándose posteriormente. Todas las entidades pidieron compromiso político para sacar la ley adelante cuanto antes y una suficiente dotación presupuestaria, que permita desplegarla adecuadamente.