Las familias monoparentales con dos hijos serán consideradas numerosas

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, insiste en el Congreso en que debe aprobarse un modelo estable de reparto de menores que lleguen solos a España

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, este miércoles a su llegada a la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Congreso de los Diputados. En vídeo, fragmento de la comparecencia de Belarra. Vídeo: JAVIER LIZON / EFE / epv

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha anunciado este miércoles en el Congreso que las familias monoparentales con dos hijos serán consideradas numerosas. El cambio será recogido en la ley de diversidad familiar que prepara su departamento, que, según se ha comprometido Belarra, se aprobará en Consejo de Ministros a finales de este año o principios del que viene. Actualmente no hay ninguna normativa estatal que ampare los derechos de quienes conforman estos hogares, y existe una gran diversidad de regulaciones en función de la comunidad autónoma de la que se trate. Era una reivindicación de las familias monoparentales que aquellas que tuvieran dos hijos a cargo fueran consideradas numerosas, con los consiguientes beneficios fiscales y otras ayudas que conlleva, algo a lo que ahora solo pueden acogerse los hogares con al menos tres hijos; aquellos formados por un viudo o una viuda con dos niños; las familias con dos menores, uno de los cuales tenga una discapacidad; o cuando los dos progenitores tengan alguna discapacidad o, de tenerla uno, esta supere el 65%.

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La ministra ha comparecido en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia para desgranar las principales líneas de trabajo de su departamento, y allí ha recalcado su compromiso de aprobar la ley de diversidad familiar, uno de los puntos recogidos en el acuerdo de gobierno del PSOE y Unidas Podemos, para proteger las distintas estructuras familiares. “España tiene una sociedad diversa, en la que conviven varios modelos de familia, y una madre que cría sola, o dos mamás o dos papás, tienen igualdad de derechos”, ha precisado la ministra. Esta normativa aspira a revertir “situaciones de discriminación ya históricas”, como la de las familias monoparentales. Actualmente hay más de 1,9 millones de estos hogares en España, ocho de cada 10 están encabezados por una mujer. La norma, ha dicho Belarra, tendrá en cuenta “la gravísima situación de vulnerabilidad y exclusión a la que se enfrentan”. La ministra ha reconocido la “sobrecarga” que sufren las mujeres, y se ha comprometido a “revertir” la falta de apoyo de las instituciones públicas.

En el marco de esta ley, debe establecerse “una prestación por crianza con el objetivo de que puedan acceder a ella aquellas familias en riesgo de pobreza que tengan niños y niñas a su cargo”, que no cumplan los requisitos para beneficiarse del ingreso mínimo vital, pero tampoco lleguen a los ingresos necesarios para poder beneficiarse de deducciones por hijos a cargo”, dijo Belarra. Esta medida ya está presente en otros países, como Irlanda, “que ha destacado por su gran capacidad para reducir los índices de pobreza”, ha señalado Belarra. España tiene altos niveles de desigualdad y lidera las tasas de pobreza de la UE. La mayoría de los portavoces parlamentarios han hecho hincapié, precisamente, en las altas cifras de España. La ministra ha afirmado que, “a medio o largo plazo, España tiene que plantearse la posibilidad de tener una prestación universal”, ya que “mientras tener un hijo o una hija siga siendo una sobrecarga económica de este calibre, es difícil que muchas familias” se lo planteen. Y ha asegurado que su ministerio realizará un esfuerzo para “cerrar la brecha con la Unión Europea” en cuanto al gasto en familia e infancia, que en España se sitúa “ligeramente por encima del 1% del PIB”, frente a una media comunitaria “que supera el 2%”.

Una “crisis humanitaria” en Ceuta

La ministra se ha referido también a la situación de Ceuta, donde hace unas semanas entraron alrededor de 9.000 personas. Ya hay más de 1.000 menores identificados, más un número indeterminado de niños y adolescentes que están durmiendo en la calle. “Aunque tenga apariencia de crisis migratoria, ha sido una crisis humanitaria y, en segundo lugar, una crisis política”, ha recalcado Belarra. Tras ser preguntada por la portavoz de ERC por las devoluciones en caliente de menores, la ministra ha reconocido que “como en toda crisis, se han cometido errores”, aunque ha destacado que el ministerio ha trabajado por garantizar los derechos de los niños. El Ejecutivo cerró la semana pasada con las autonomías el reparto de la acogida de 200 menores en las distintas autonomías, niños y adolescentes ya tutelados en Ceuta antes de que se produjera la última entrada masiva, para aliviar la urgencia humanitaria en la ciudad autónoma. Belarra ha insistido, no obstante, en que debe desarrollarse un “modelo estable de acogida” y reparto, de tal forma que no deba decidirse al respecto en cada crisis. Para ello se ha emplazado a trabajar con las autonomías.

Su intervención ha comenzado, precisamente, felicitando a los diputados por la aprobación hace unas semanas de la ley de protección a la infancia frente a la violencia. La ministra ha asegurado que su objetivo es “desplegar al máximo” la norma. Belarra se ha dado hasta marzo de 2022 para aprobar la estrategia de erradicación de la violencia contra la infancia, el esqueleto que deberá determinar qué tareas debe desarrollar cada Administración para desarrollar la ley, y ha citado como prioritaria la especialización de los juzgados y fiscalías en delitos contra la infancia: la norma da al Gobierno un año para remitir a las Cortes ambos proyectos de ley. La memoria económica contempla una inversión aproximada “a los 80 millones de euros”, ha explicado la ministra, destinada al refuerzo de equipos de familia e infancia en servicios sociales, inversiones en “hacer algunas salas del sistema de justicia más amigables” y en “acompañamiento” de las comunidades autónomas en “formación de personal”, entre otras cuestiones. Además, ha dicho que crearán una comisión de seguimiento para que en el plazo de dos años haga un análisis exhaustivo del funcionamiento de la ley, que incluya datos específicos.

Sobre la firma

María Sosa Troya

Redactora de la sección de Sociedad de EL PAÍS. Cubre asuntos relacionados con servicios sociales, dependencia, infancia… Anteriormente trabajó en Internacional y en Última Hora. Es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y cursó el Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.

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