El colectivo LGTBI llama a la resistencia ante las amenazas a sus derechos

Un hombre radicalizado se ha liado a tiros en los alrededores de un icónico pub gay de Oslo. Una película de animación en la que aparece un beso lésbico ha sido vetada por decenas de países, mientras que algunos cines han advertido de que el filme contenía “ideología de género”. Los delitos de odio contra el colectivo LGTBI han crecido en Cataluña un 34%. En Florida, se ha aprobado la ley Don’t say gay, que prohíbe hablar de identidad sexual en colegios. “Están intentando cercenar nuestros derechos con un discurso de odio hacia todo el colectivo LGTBIQ+, pero también hacia las mujeres o los migrantes”, afirma Uge Sangil, presidenta de la FELGTBIQ+, la federación estatal española. “Por eso hay que estar en la calle reclamando nuestros derechos para que no puedan quitarnos los avances”, prosigue.

Desde la aprobación del matrimonio igualitario en España, en 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la tolerancia hacia el colectivo no ha hecho más que aumentar. En 2007, España aprobó la Ley de Identidad de Género. Cuatro años después, en 2011, el país ocupó el segundo puesto en el Rainbow Europe (el índice anual que la organización ILGA-Europa elabora y donde clasifica la situación legal y sociopolítica de las personas LGTBI en 49 países europeos). Sin embargo, en el último ranking, publicado en mayo, España ha caído hasta el número 10, la segunda bajada consecutiva. “El discurso de odio lleva dos décadas caminando por Europa”, argumenta la presidenta de la FELGTBIQ+. La organización considera que “una legislación integral y estatal que iguale al alza los derechos” podría mejorar la puntuación de España. Así, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado y enviado al Congreso, en vísperas del día del Orgullo, la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. A pesar de ese avance, “en los últimos años, desde 2012, se ha ido consolidando una extrema derecha con poder, recursos económicos y posturas reaccionarias”, avisa Sangil.

Aunque el Orgullo de Madrid es reconocido mundialmente, este año no ondea la bandera arcoíris en su Ayuntamiento. El Día Internacional del colectivo LGTBI se celebra el 28 de junio y las ciudades organizan sus marchas reivindicativas en torno a esta fecha. Algunas, como México DF, Barcelona, Nueva York o São Paulo, ya lo han hecho; Madrid festeja entre el 1 y el 10 de julio. La bandera arcoíris solo se ha colgado en Cibeles entre los años 2015 y 2019, cuando Madrid estuvo gobernada por la izquierda, con la alcaldesa Manuela Carmena al frente. Durante el primer Orgullo del actual regidor, José Luis Martínez-Almeida (PP), la enseña también ondeó en Cibeles. Un gesto que no gustó a la extrema derecha de Vox, que fue clave para investir al alcalde. No ha vuelto a ponerse.

“Es una reacción a los años de avances”, resume Eduardo Rubiño, diputado en la Asamblea de Madrid por Más Madrid y activista. Inscribe las amenazas en un fenómeno internacional con ramificaciones en América Latina, Estados Unidos o Europa. “Está relacionado con una agenda de ultraderecha, que quiere retroceder en materias de igualdad y diversidad. En España se puede ver en algunos partidos políticos, que parece que quieren que vuelva la homofobia y la lgtbifobia”, añade el político madrileño.

“Pedimos al Ayuntamiento [de Madrid] que cuelguen la bandera”, reclama la presidenta de la FELGTBIQ+. Ella misma realizó esa petición durante la presentación del Orgullo madrileño, donde también declaró que “[Almeida] no es el alcalde de todos”. Por su parte, algunos partidos de la oposición municipal han denunciado cierto obstruccionismo municipal a la hora de organizar el evento. “Son actitudes que ponen en riesgo las fiestas del Orgullo”, lamenta Sangil. “Pero no la reivindicación”, agrega. La manifestación estatal está convocada el 9 de julio en Madrid bajo el lema: “Frente al odio: visibilidad, orgullo y resiliencia”.

En Países Bajos, pionero en dotar de derechos al colectivo, también han identificado un parón en tolerancia: en 2022 la aceptación al colectivo LGTBIQ+ se ha estancado. Es la primera vez que ocurre en 15 años, según ha constatado un estudio elaborado por la Oficina de Planificación Social y Cultural, una agencia del Gobierno neerlandés. “Durante años, los datos de aceptación han ido en aumento, y ahora se estancan, e incluso dibujan una tendencia a la baja. No debemos permitir retrocesos en la emancipación de las personas LGTBI”, denuncia Astrid Oosenbrug, presidenta de COC Nederland, asociación referencial del colectivo en Países Bajos. “Es preocupante”, agrega.

El país de la UE más hostil hacia las minorías sexuales es Polonia, según el Rainbow Europe. Está gobernado desde 2005 por el partido ultraconservador PiS. A pesar de ello, Varsovia celebró su Orgullo el 25 de junio con apoyo del Ayuntamiento de la capital, comandado por el liberal Rafal Trzaskowski, y con la visita de la comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli. A la cita también acudió una delegación en representación de Ucrania: “Si queremos que los derechos LGTBI se ejerzan, necesitamos que la guerra pare”, pidió Lenny Emson, directora ejecutiva del Kiev Pride. Emson también alertó de que el conflicto ha complicado, aún más, la vida a los miembros del colectivo en su país.

“En los momentos convulsos, las minorías están más expuestas. Es el momento perfecto para que nos vuelvan a usar como chivo expiatorio”, señala la política, actriz y activista Carla Antonelli, que lleva desde finales de los años setenta luchando por los derechos del colectivo. “Si hace 40 años me dicen que íbamos a avanzar tanto, no me lo hubiese creído”, dice. “Si me hubieran dicho que, tras conseguir y asentar los derechos, iba a aparecer un movimiento reaccionario para cuestionarlos; tampoco me lo habría creído. Es alucinante”, resume Antonelli.

La activista pone como ejemplo de esa “ola reaccionaria” la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que anula la protección al derecho al aborto, establecida en 1973 en el país, y que abre la puerta a los Estados para que prohíban la práctica. Uno de los jueces conservadores del Supremo, Clerence Thomas, ha abierto la puerta a “reconsiderar” otros casos, mencionando específicamente el matrimonio igualitario o los métodos anticonceptivos. “Es una reacción machista contra la idea de que todos vivamos en igualdad”, resume la presidenta de la FELGTBIQ+. “Al patriarcado le molesta y le duele la igualdad porque no quiere ceder poder y privilegios. Se ven amenazados”, continúa Sangil.

“Cuando hay un retroceso en algún derecho social, la historia nos ha demostrado que suele tener un efecto dominó”, avisan desde Olympe Abogados, bufete formado por Rocío Moya e Isaac Guijarro y especializado, entre otros, en derecho LGTBI y violencia machista. Al igual que los derechos de las mujeres ―y a diferencia de los de los hombres―, los logros conseguidos por la comunidad LGTBI parece que son elásticos: hay épocas de avances, pero también pueden experimentar retrocesos. “Parece que los derechos conquistados son para siempre, pero ahora hemos visto que no siempre es cierto”, incide Rubiño, de Más Madrid: “Hay que defender esas conquistas para no sufrir retrocesos”.

“Los derechos sociales son transversales: quien está en contra del feminismo, del aborto, también lo está de los derechos LGTBI. No se quedan tranquilos derogando uno, van a por el paquete entero”, opinan los abogados de Olympe. Y agregan: “Quieren eliminar todo lo que desde la extrema derecha populista —y en ocasiones también la derecha tradicional— definen como leyes ideológicas, un término que usan para que parezca que no están hablando de recortar los derechos humanos de un colectivo”.