“Quiero que el Estado admita que falló. No me devolverá a las niñas, pero me dará tranquilidad”

Han pasado casi mil días desde “el hecho”. Itziar lo llama a veces así. Con el tiempo ha aprendido a diferenciar los momentos más duros, los de bajada, y los momentos valle en los que se siente algo mejor. Cuenta con voz temblorosa que este año pandémico está siendo particularmente difícil. Demasiada violencia. Los casos se repiten. La última vez, en Tenerife: dos niñas, como le pasó a ella. Desde que su exmarido mató a sus hijas Nerea y Martina, de seis y dos años, el 25 de septiembre de 2018, han sido asesinados otros 10 menores por sus padres o las parejas de sus madres. “No se ven cambios, no se ven”, lamenta Itziar Prats.

Junto con su abogado, Gabriel Rubio, recorre el camino para intentar que el Estado reconozca que hubo un “funcionamiento anormal” de la Administración de Justicia. Quiere que admitan un fallo sistémico en su caso, el de una mujer que no fue creída por ninguna de las instituciones a las que acudió: ni la policía, ni el centro de la mujer, ni la jueza ni el fiscal. Nadie se tomó en serio las amenazas del ex contra las niñas: “Me voy a cargar lo que más quieres”, le dijo. Ahora están muertas. Esos dos asesinatos han promovido cambios en el protocolo policial y en el Código Civil para proteger mejor a los menores. Pero su reclamación aún no tiene respuesta.

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En el caso de Itziar Prats (Getxo, 45 años) se ignoraron las señales de alarma. Su médico alertó al juzgado de un posible maltrato cuando acudió a la consulta. Tras las amenazas del exmarido, Ricardo Carrascosa, ella acudió al centro de la mujer donde le respondieron que no se lo tuviera en cuenta, que los hombres “dicen pero no hacen”. Cuando denunció de madrugada en la comisaría que temía por la vida de sus hijas, el protocolo para determinar el riesgo ni siquiera incluía preguntas sobre los menores, un ángulo ciego que se modificó después de que las pequeñas fueran asesinadas de madrugada en Castellón, la ciudad donde vivía Prats y a la que nunca ha vuelto. A ella le tocó reconocer el cuerpo de su ex, que se suicidó lanzándose al vacío tras acabar con la vida de las niñas durante el régimen de visitas establecido en el procedimiento de divorcio. Tras reconocer al padre subieron a la casa en busca de las niñas. Los bomberos le cortaron el paso a la vivienda tras forzar la puerta: “¡Que no entre, que no entre!”, gritaron. Ella se desmayó.

Después de enterrar a sus hijas, volvió a Madrid, al hogar de su infancia. Esta psicóloga vive con sus padres y se acaba de trasladar a la habitación de uno de sus hermanos. Lleva meses buscando piso. Le gustaría independizarse. Hace casi dos años que volvió a trabajar. Le gustaba caminar e iba a yoga. Ya no. Ha abandonado los hobbies. “No me da la vida ni las ganas”, explica una tarde de finales de junio sentada junto a su abogado en una terraza de Madrid. Mantiene las visitas periódicas a la fisioterapeuta porque el cuerpo se le agarrota. Sigue con la psicóloga y el psiquiatra. Y no para de trabajar. De 9 a 17, como técnica de inserción laboral. Por las tardes, en su “otro trabajo”: la lucha contra la violencia de género. Acaba de regresar del País Vasco, donde escuchó a hijos de mujeres maltratadas hace 30 años que contaban “lo mismo” que sufren madres e hijos a día de hoy: “Los hijos lo viven y lo perciben igual entonces que ahora”.

Lleva dos mariposas moradas prendidas en el jersey y otras dos en el bolso, un anillo de mariposas, mariposas en los pendientes. La grande representa a Nerea, la más pequeña a su pequeña Martina. Cuando fueron asesinadas, Prats y su madre comenzaron a tejerlas. Poco a poco se han ido sumando decenas de mujeres. Son el símbolo de su lucha, la imagen de un proyecto educativo, El latido de las mariposas, que comenzó con una amiga, Isabel Gallardo, y que ya han llevado a escuelas de la Comunidad Valenciana, La Rioja, Andalucía, Aragón o Cataluña, entre otras.

20.000 mariposas

Han regalado ya más de 20.000 mariposas, que vuelan por media Europa y parte de América. Las han lucido fiscales, jueces y destacados miembros del Ejecutivo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró una en su cuenta de Twitter el 25 de noviembre de 2019. Y escribió: “Itziar denunció pero algo falló. Debemos volcarnos en la protección a las mujeres y menores víctimas de violencia machista. No podemos volver a fallar”. Ella aún sigue esperando una disculpa oficial del Ejecutivo.

Su lucha empezó apenas un mes después de los asesinatos, cuando denunció públicamente junto al Defensor del Pueblo —su gran apoyo en esta travesía— que España estaba incumpliendo el convenio de Estambul y que las raíces del error que denunciaban eran profundas. “Itziar sufrió un fallo del sistema en su conjunto, que comenzó cuando denunció y le pasaron un protocolo obsoleto, no adecuado al convenio de Estambul porque determinó que sufría ‘riesgo bajo’ sin incluir ni una pregunta sobre las niñas”, explica Gabriel Rubio, su letrado.

“La jueza trabajaba con una herramienta inútil, pero debería haberlo sabido en vez de tomar en consideración la valoración de ese protocolo. No le hicieron un seguimiento personal. El fiscal falló porque fue voluble, cambió de opinión. Era quien debería haber recurrido el auto como responsable de velar por las menores, pero no lo hizo. Ella pidió auxilio y reclamó la protección de sus hijas. Pero las ignoraron hasta tal punto que ni siquiera aparecen mencionadas en el expediente. ¿Sabes cuándo salen por primera vez sus nombres? Cuando el padre las mata: solo entonces”.

Prats no conoce al fiscal de menores del juzgado de violencia sobre la mujer de Castellón, nunca le vio la cara. Puede que todo hubiera sido diferente si las hubiesen escuchado. Tras los asesinatos, fuentes del juzgado denunciaron a este periódico falta de medios y que no había disponible un psicólogo para analizar a las menores. Un informe de enero del 2020 del Sìndic de Greuges de la Comunidad Valenciana —el defensor del pueblo autonómico— lo confirma: la Consejería de Justicia admitió que, en 2018, cuando pasó todo, el gabinete psicosocial de la Ciudad de la Justicia de Castellón tenía vacante la plaza de psicólogo jefe por baja, que no se cubrió “por no estar autorizada por Hacienda”.

Falta de personal

Faltaba personal para llamar y escuchar a las niñas. La mayor, Nerea, podría haber contado aquel episodio en el que su padre destrozó primero el ventilador y luego el carrito de su hermana pequeña a golpes. Fue Nerea, cuenta Prats, la que bajó a tiempo a Martina del carro esa tarde, la hermana mayor ejercía una protección “total y absoluta” sobre la pequeña cuando estaban con su padre, “que pasaba absolutamente de ellas cuando iban a un bar y él se ponía con sus amigos a beber”. “Todo eso me lo contó ella, porque yo no estaba allí”, rememora la madre. Quizá con ese informe, la jueza podría haber entendido que daba igual que ella se hubiera mudado a “la misma calle” donde vivía él cuando se separaron, uno de los argumentos que dio para no considerar la protección que Prats pedía para sus hijas. “Daba igual que viviera allí o en Mondonguedo”, estalla visiblemente enfadado el abogado. “Se las tenía que dejar los fines de semana, se quedaban solas con él”, añade.

El recurso que han promovido por el “funcionamiento anormal” de la Administración de Justicia se centra en los ministerios del Interior y Justicia, responsables del protocolo policial y de los juzgados, respectivamente. Reclaman 1.542.856 euros por responsabilidad patrimonial por los profundos daños morales causados a Prats y a los abuelos de las niñas. Ese recurso fue estimado parcialmente, después de varios pronunciamientos, el 15 de julio de 2020. El Defensor del Pueblo les comunicó el pasado junio que Justicia está ultimando la resolución definitiva y que deberá recabar informe de la Abogacía del Estado y un expediente del Consejo de Estado. El Ministerio de Justicia ha declinado pronunciarse sobre la marcha del expediente, según ha señalado una portavoz a este periódico.

Rubio cree que este tiempo de espera “es un sufrimiento adicional” para Prats. Ella considera que es un tema “al que no dan prioridad”. “Es como seguir ignorando lo que he reclamado desde el principio. Primero, protección, después reconocimiento de lo que se ha hecho mal. Y, por último, que no se repita, pero se ha vuelto a repetir una y otra vez”, señala ella.

Ambos esperan que el caso no acabe alargándose como le ocurrió a Ángeles González Carreño, la mujer a la que el Tribunal Supremo acabó dando la razón en 2018, 15 años después de que su hija fuera asesinada por su padre, condenado por maltrato, en una visita sin supervisión. González Carreño realizó “un tortuoso y larguísimo peregrinaje”, recuerda Rubio, en el que agotó todas las instancias judiciales nacionales hasta llegar a la ONU. “Confiamos en que Itziar no sea condenada a recorrer el mismo camino”, señala el abogado. “Si no obtenemos una resolución satisfactoria de la Administración, seguiremos. Pero sería una vergüenza que, nuevamente, desde organismos internacionales tengan que enmendarle la plana al Estado español”, continúa.

“Ahora sigo siendo madre. Pero no tengo hijas”

El protocolo policial incluyó preguntas sobre el riesgo específico que corren los menores en los casos de violencia machista en marzo de 2019, seis meses después del caso de Prats. El próximo septiembre entrará en vigor otro cambio en el Código Civil que el Defensor del Pueblo reclamó tras este caso: que se suspendan las visitas a investigados por maltratar a sus hijos. Prats y su abogado esperan ahora la respuesta de la Administración. “Que reconozcan el error no me va a devolver a las niñas pero me dará tranquilidad, la tranquilidad de saber que hice lo que pude, porque siempre te queda la duda de si podrías haber hecho más”.

Itziar Prats pide siempre que no salga su rostro en las fotografías, como en este reportaje. Eso le permite salir a la calle sin que nadie la mire, sin que la paren para preguntarle por sus hijas, aunque ella nunca miente al respecto. Cuando le preguntan si tiene hijos, responde: “Tenía”. El anonimato, con todo, no siempre juega a su favor. Días atrás, acudió en Madrid a una manifestación contra la violencia vicaria, la que supone atacar a la madre infligiendo daño a sus hijos. Un hombre les increpó detrás del cordón policial: “Nos dijo que nos lo estábamos inventando, que qué hacíamos ahí protestando. No respondí. La policía lo quitó de en medio”.