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La madre de las niñas asesinadas en Castellón advierte de que denunciará a la Administración

Itziar Prats, cuya expareja mató a sus dos hijas, expone los fallos en la gestión de su caso

Gabriel Rubio, portavoz de la familia de Itziar Prats, y el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, este viernes en Madrid.
Gabriel Rubio, portavoz de la familia de Itziar Prats, y el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, este viernes en Madrid.

"Ya es tarde para mí. Es tarde, sobre todo, para Nerea y Martina, irremediablemente". Itziar Prats, la madre de las niñas de seis y dos años asesinadas a manos de su padre hace un mes en Castellón, había denunciado y solicitado medidas de protección, que no le fueron otorgadas. Su expareja amenazaba con matar a las niñas desde junio del año pasado. Este viernes, la mujer ha advertido de que exigirá a las Administraciones que asuman las "responsabilidades en las que han incurrido" y de que, si no lo hacen voluntariamente, acudirá a los tribunales.

"El sistema ha fallado, todos lo reconocen, pero ninguna Administración asume las consecuencias de su responsabilidad", ha lamentado Prats. Lo ha hecho a través de su abogado y portavoz, Gabriel Rubio, que ha leído un comunicado escrito por la madre de los menores. Ha sido en la sede del Defensor del Pueblo, en Madrid. Prats no se ha visto con fuerzas para acompañarlo en ese momento.

En el comunicado, Prats ha explicado cómo su expareja, que se suicidó tras haber matado a sus hijas, no había aceptado la separación y había comenzado a tener actitudes violentas. "Estábamos en proceso de divorcio. Él nunca admitió nuestra separación, y menos que la decisión fuera mía", cuenta. "Sus amenazas eran reiteradas y siempre en el mismo sentido: 'Cuidado con lo que haces, vais a terminar todos muertos y yo en la cárcel". "Nerea me contó cómo un día estando solo con ellas [su padre] rompió a golpes el carrito de Martina mientras ella protegía a su hermana en el pasillo de casa", ha relatado. "Empecé a tener miedo real por mis hijas y un gran estado de ansiedad que me impedía dormir cuando las niñas pernoctaban con él". 

La madre de las niñas ha contado que acudió al centro de la mujer de Castellón, donde entró en contacto con una psicóloga. Fue al médico de cabecera, que puso los hechos en conocimiento del juzgado. Grabó las amenazas de su expareja, cuando él le decía que se preparara porque le "iba a quitar lo que más quería". Denunció. La policía determinó que había riesgo bajo dado que el denunciado carecía de antecedentes penales. Primero el fiscal optó por no pedir medidas de protección. Después sí las solicitó. La juez del juzgado de violencia de Castellón las desestimó porque Prats había fijado su domicilio cerca del de su expareja, algo no compatible con que su "miedo fuera real". Ella recurrió. El fiscal no apoyó su recurso esta vez.

"Pasaron varios meses hasta el fatídico día 25 de septiembre pasado, en el que esas amenazas se cumplieron de la manera más cruel y cobarde", lamenta. Y se queja de que ningún equipo psicosocial la exploró a ella o a sus hijas. "Necesité protección, acudí a las instituciones con respeto a todas las normas, con las actuaciones y protocolos que el sistema facilita, los que deben seguirse sin actuar por los propios medios, pero no funcionaron. No encontré amparo", añade.

Por ello, Prats ha lanzado cuatro propuestas. La primera, que se eduque en igualdad en todos los ámbitos. La segunda, que se dote a los juzgados de medios suficientes para evaluar cada caso de manera individualizada. "Es importante no caer en la tentación de generalizar", ha apuntado. "Es obvio que el juez no puede fundar su sentencia en una mera apreciación subjetiva, es fundamental que cuente con informes que determinen con criterios técnicos objetivos y profesionales cuál es el nivel de riesgo real que hay en cada procedimiento". En tercer lugar, que se disponga de medios de "seguimiento, tratamiento y reeducación" para los hombres que cumplen con el "perfil de maltratador característico, que termina pensando que la víctima es él". Por último, ha solicitado coordinación entre las instituciones y servicios que tienen competencias en denuncias de violencia de género. En su caso no la hubo. 

"Cuesta trabajo decir que el sistema falla, pero el sistema falla", ha reconocido este viernes el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán. Ha insistido en que "un maltratador nunca puede ser un buen padre" y ha reclamado que cuando se dicte una orden de alejamiento a un hombre respecto de una mujer se suspenda también el régimen de visitas a los hijos en común. Además, ha abogado por que en la valoración del riesgo que realiza la policía cuando una mujer denuncia maltrato se recoja también una evaluación específica de la situación de riesgo de los menores, algo que ya se recoge en la medida 155 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Prats ha pedido que la violencia machista sea condenada por toda la sociedad "sin paliativos, siempre": "Quien justifique estos actos es cómplice del maltratador (...) Dejad de buscar ninguna otra justificación, porque quien mata a sus hijas y luego se suicida no es un pobre hombre, es un cobarde". En su comunicado, ha tenido palabras de gratitud por las muestras de cariño recibidas, en especial de las madres que han sufrido su misma desgracia. "A todas vosotras os envío mi agradecimiento, mi solidaridad y mi fuerza. Espero que el tiempo nos ayude a vivir con nuestra tragedia. Y que podamos encontrar algún consuelo en que se mejore la protección de tantas personas vulnerables que están en la misma situación que hemos padecido".   

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