Los jueces piden independencia económica y recursos para combatir con más eficacia la violencia machista

Julio Martínez se tomó el café cuando todavía no era del todo de día y se fue al Juzgado de Instrucción y Primera Instancia Número 5 de Avilés del que es titular, allí se ocupan de lo civil, lo penal y de la violencia de género. Trabajó durante toda la mañana hasta que, sobre el mediodía, llegó un caso de violencia contra la mujer. Aparcó la agenda para ocuparse de ello. Cuando llegaron las 18.00, volvió a retomar lo que había quedado pendiente. Así es su jornada laboral, dice, de lunes a viernes, más las guardias: montones de carpetas que no acaban, falta de personal, ausencia de psicólogos, trabajadores sociales y otros expertos fuera de las horas oficiales… Y en Avilés, subraya, no se pueden quejar: “Aquí tenemos salas adecuadas para entrevistar, por ejemplo", explica. "Pero no es así en todas partes, he vivido momentos en los que la mujer, o el hombre, acaban en el baño para no cruzarse”. Esa es una de las cosas que hace que sí se queje, y de forma generalizada, la judicatura, que irá a la huelga el próximo 19 de noviembre en protesta por su situación.

Los jueces llevan años denunciando la falta de recursos para combatir la violencia machista. Volvieron a hacerlo el pasado miércoles tras el encuentro anual de decanos y decanas de España. El informe de conclusiones que presentaron apunta a que, aunque el sistema es garantista y de alta calidad, también es "poco ágil, mal gestionado, anticuado y escasamente dotado". Arguyen que, al final, todo es cuestión de dinero. También el cúmulo de expedientes al que hace referencia María Jesús Del Barco, decana de Madrid: "Que cada juzgado tenga el trabajo que pueda asumir, no que haya hasta tres veces más asuntos de los que se pueden tratar".

La judicatura reclama inversión para iniciativas que faciliten el trabajo judicial, pero también la mejora en la protección de las víctimas —que ya pueden recibirla sin necesidad de declarar contra su agresor— y la de los menores -en los últimos meses hasta seis mujeres y dos menores han sido asesinadas a pesar de haber denunciado. Piden, además, la instalación de sistemas adecuados de videoconferencia, para facilitar el proceso a las víctimas, y salas especiales donde realizar las pruebas preconstituidas, con el objetivo de que los menores puedan hacer una única declaración.

La decana de Madrid, María Jesús del Barco, hace hincapié también en los niños y pone como ejemplo práctico el refuerzo en los Juzgados de Familia: "Si los trámites para una separación tardan mucho, una relación que ya tiene tensión puede acabar en violencia y maltrato. Hay que dar salida cuanto antes a esas situaciones. Si hay hijos, con más razón". En estos procesos, las listas de espera alcanzan los dos años y, según Del Barco, no tiene ni pies ni cabeza: "Los informes psicosociales pueden detectar situaciones de riesgo, evitarlas. Pero claro, nunca hay personal suficiente". Algo para lo que también ayudaría una figura reciente: el coordinador de parentalidad.

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Ignacio González, portavoz de Juezas y jueces para la democracia, explica que se ha importado de Canadá y Estados Unidos y hay programas piloto en Cataluña y Valencia: "El juez nombra a un psicólogo experto en relaciones familiares que ayuda al padre y la madre en el trato con los menores e informa al juez de lo que sucede con los hijos". Los resultados, por el momento, son positivos, han demostrado que se reduce la litigiosidad y hay una mejora en las relaciones familiares. "Para lo que también podría ayudar la exclusividad de los jueces que se dedican a la violencia contra la mujer, liberarlos de otros procedimientos como el civil y el penal", apunta González. En este sentido va también otro de los deseos de los juristas: que crezca el número de médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales, y que estos dos últimos sectores estuvieran también durante las guardias.

Sobre todo en las Unidades de Valoración Forense Integral, dedicadas a valorar con la mayor precisión posible el riesgo de agresión de las mujeres. Esa falta de profesionales supone uno de los grandes obstáculos para estos equipos, que además, según las conclusiones de los magistrados, están menos extendidos de lo que deberían, al igual que las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito, que se establecieron en 2015 sin previsión de gasto, o la digitalización real de sus sistemas, porque hasta ahora, dicen refiriéndose al expediente judicial electrónico, esa modernización ha sido "una falacia que no facilita el trabajo".

Su diagnóstico de situación coincide con las conclusiones del VII Congreso del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial, celebrado la pasada semana en el Senado. Reivindican lo mismo, entre otras cosas, la necesidad de que el agravante de género se aplique en el 100% de los delitos cometidos contra la mujer (entre 2016 y 2018, se hizo en el 67% de los casos en los que se pidió, según datos del CGPJ), la urgencia de poner en marcha esos equipos de valoración del riesgo y la creación de nuevas unidades judiciales, que se están ultimando según apuntó el pasado viernes Esmeralda Rasillo, directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, durante el Congreso. Explicó que están a la espera de conocer la opinión de las Comunidades Autónomas: "Se está analizando y estudiando la situación, pero si diese una cifra o una fecha estaría mintiendo".

En casi todas partes, el trabajo puede acabar siendo una carrera de obstáculos. “Un día tienes un caso de violencia de género, otro cuatro y otro ninguno. Pero el día que hay se compatibiliza con todo lo demás, con la falta extendida de medios que hay…“. Julio Martínez tarda un buen rato en desmenuzar los detalles de qué falla en la rutina diaria. Y una de esas explicaciones refleja la gravedad que conlleva este cúmulo de problemas: "Puede llegar a disuadir de la denuncia. Si no hay un apoyo generalizado, el sistema genera desconfianza y habrá mujeres para las que el ámbito judicial no sea una solución sino otro trago más". Es tajante: "Hay mucho que invertir en prevención y educación". Sobre todo porque el Derecho Penal entra en juego una vez que ya se ha cometido el delito.

Por eso, estas propuestas agilizarían los procedimientos y evitarían inconvenientes a las personas implicadas, según comenta Ignacio González. En España, desde que se registran datos oficiales, 971 mujeres han sido asesinadas y, entre abril y junio de este año, 40.232 mujeres figuran como víctimas de violencia de género en la estadística del Poder Judicial. "Eso siempre debería ser preferente".