Suben las condenas por violencia machista, una tendencia que se consolida
Un total de 40.232 mujeres figuran como víctimas de violencia de género en la estadística del Poder Judicial entre abril y junio
Más condenas y menos denuncias por violencia de género. Este es uno de los principales datos que arroja, por segundo trimestre consecutivo, la estadística trimestral del año del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Igual que ocurrió entre enero y marzo de este año, del 1 de abril al 30 de junio crecieron las sentencias penales por violencia machista (13.384, frente a las 13.230 del mismo período de 2017), de las que el 68,4% (9.149) fueron condenatorias, lo que supone un incremento de 1,2 puntos respecto a las condenas dictadas en el segundo trimestre de 2017, que representaron un 67,2% del total.
Este incremento de condena es más significativo si se tiene en cuenta que el dato del año pasado era ya tres puntos superior al de 2016, en el que el 64,4% de las sentencias acabaron en condena. Según los datos estadísticos difundidos este miércoles por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el mayor porcentaje de condenas se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer, con un 85,8%, seguido de las Audiencias Provinciales, con un 83,6%. Un 58,6% de las sentencias dictadas por los juzgados de lo penal también fueron condenatorias. Todas estas cifras suponen incrementos de entre uno y dos puntos respecto a las del mismo trimestre del año anterior.
El segundo de los datos destacados, el descenso de denuncias, es también más acusado si se compara con los datos de hace dos años. Entre abril y junio de 2017 se presentaron en los juzgados españoles 42.077 denuncias por violencia de género. Estas denuncias representan a 40.232 víctimas (algunas denuncian más de una vez) y suponen una disminución del 1,4% con respecto al mismo trimestre del año anterior, que fueron 42.689 (que representaban a 40.336 víctimas). Pero esa cifra de 2017 implicó un repunte del 18% respecto al número de denuncias del segundo trimestre de 2016. Es decir, aunque entre abril y junio de este año hayan bajado algo las denuncias, el dato de denuncias y el de mujeres víctimas sigue siendo muy alto si se compara con hace dos años.
Del total de víctimas del segundo trimestre de este año, 27.477 mujeres eran españolas (un 68,3%) y 12.755, extranjeras (un 31,7%), lo que sigue implicando una sobrerrepresentación de la población extranjera respecto a su peso demográfico.
Según la estadística del CGPJ, el mayor porcentaje de mujeres víctimas de violencia machista respecto al total de su población lo presentan las comunidades de Baleares y Comunidad Valenciana con una ratio por cada 10.000 habitantes de 26,13 y 22,14, respectivamente. La ratio más baja se dio en Castilla y León, con 10,25, Extremadura, con 11 y Galicia, con 11,50.
Más de un 67% de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o en la policía, lo que supone un descenso de dos puntos sobre el porcentaje observado en el segundo trimestre del año pasado. Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 16% de los casos —dato levemente superior al año anterior—, mientras que en la estadística se constata un importante incremento en las denuncias presentadas por familiares directamente ante los órganos judiciales (152 frente a 99 del año anterior). Este es un dato que los expertos suelen valorar de forma positiva porque supone una mayor implicación del entorno familiar en la situación que sufre la víctima. Con todo, el porcentaje, incluyendo las denuncias de familiares ante la policía (747, frente a 727 el año anterior), sigue siendo aún bajo, apenas un 2,14% del total.
Algo más de un 9% de las denuncias registradas en los órganos judiciales obedecieron a partes de lesiones remitidos por los servicios sanitarios y un 5,2% a denuncias presentadas por servicios asistenciales y terceras personas.
Víctimas que se acogieron a la dispensa para no declarar
En 4.426 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un 11% del número de mujeres víctimas, cifra ligeramente superior al mismo trimestre del año anterior, que fue de un 10,3%. En 2.891 casos, las mujeres que se acogieron a la dispensa eran españolas y en 1.535 casos, eran extranjeras. Puestas en relación estas cifras con el total de mujeres víctimas, se observa que la ratio de mujeres víctimas que se acogen a la dispensa es superior en las mujeres extranjeras (12,03) que en las mujeres españolas (10,52), una situación que refleja la mayor vulnerabilidad de las extranjeras ante posibles presiones por parte del agresor o de su familia. Si la víctima se niega a declarar, se pierde en la mayoría de los casos la principal prueba para el juicio contra el maltratador.
Durante el segundo trimestre del año se solicitaron 11.279 órdenes de protección en los órganos judiciales, disminuyendo así la cifra de 11.776 órdenes solicitadas en el mismo periodo de tiempo del año anterior.
Un total de 9.906 órdenes (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, lo que supone una disminución del 3,28% respecto al segundo trimestre de 2017, en que se solicitaron 10.242 órdenes de protección.
De ese total de órdenes solicitadas, los juzgados de violencia sobre la mujer concedieron un 67,8% (6.714 adoptadas frente a 9.906 solicitadas), un dato similar al del primer trimestre del año anterior (67,9% de las órdenes concedidas).
De las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, 6.728 (un 68 %) correspondieron a mujeres españolas y 3.178, a extranjeras. 219 órdenes de protección correspondían a mujeres menores de edad, un 2% del total. En cuanto a las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de guardia (1.373), se acordaron 1.021, un 74%.
Los órganos judiciales adoptaron igualmente en el segundo trimestre del año, y derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 4.267 medidas civiles de protección de mujeres y/o menores víctimas de la violencia de género. Esta cifra es algo superior que la del mismo periodo del año pasado (4.138 medidas adoptadas). De esas medidas civiles, destaca el número de medidas de atribución de la vivienda (1.145) y de prestación de alimentos (1.357). En 345 casos, el juez suspendió la guarda y custodia y en 194 casos se suspendió el régimen de visitas.
En cuanto a medidas penales de protección, se acordaron 16.272 (frente a las 16.217 del mismo trimestre del año anterior), de las que destacan la orden de alejamiento, adoptada en 6.194 casos y la prohibición de comunicación, acordada en 6.206 casos. Se adoptaron asimismo 352 medidas privativas de libertad.
Este incremento de las medidas de protección es uno de los datos positivos que ha destacado la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, tras la difusión de la estadística trimestral. Carmona ha subrayado también “la consolidación” de la tendencia de incremento de las condenas a maltratadores, un dato que, ha asegurado, refleja que “no hay impunidad alguna y el Estado de derecho funciona”.
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