Más condenas y menos denuncias por violencia machista en el primer trimestre del año

Los juzgados españoles dictaron 12.975 sentencias penales por violencia de género entre enero y marzo de este año, de las que el 68,5% (8.892) fueron condenatorias, lo que supone un incremento de 2,3 puntos respecto a las condenas dictadas en el trimestre de 2017, que representaron un 66,2% del total. Este incremento de condenas es uno de los datos que arroja la estadística del primer trimestre del año difundida este viernes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la que un total de 37.829 mujeres aparecen como víctimas de violencia de género en las 39.586 denuncias presentadas en los juzgados durante este periodo. Las denuncias presentadas suponen una disminución del 2,3% con respecto a las que se registraron entre enero y marzo de 2017 (40.509).

Según la estadística del CGPJ, el mayor porcentaje de mujeres víctimas de violencia machista respecto al total de su población lo presentan las comunidades de Murcia y Baleares, con una ratio por cada 10.000 habitantes de 21,9 y 21,76, respectivamente. La media nacional fue de 15,89 víctimas por cada 10.000 habitantes. Galicia (9,6), Castilla y León (9,82) Extremadura (10,29) y La Rioja (10,89), son las que presentan una ratio menor de víctimas.

Los datos del primer trimestre dejan también un ligero descenso del número de denuncias que presenta la propia mujer que sufre el maltrato. Casi un 68% de las denuncias fueron presentadas por la víctima, directamente en el juzgado o en la policía, lo que supone un descenso de dos puntos sobre el porcentaje del primer trimestre del año anterior. Las denuncias por intervención directa de la policía se sitúan en el 16,25% de los casos –dato levemente superior al año anterior-. Aunque la cifra de denuncias presentadas por familiares de la mujer agredida sigue siendo baja (2,58%), lo que preocupa a los expertos porque denota escasa implicación de la familia en la situación que vive la víctima, el dato refleja un importante incremento respecto al primer trimestre del año pasado, cuando esta cifra se situó en el 1,3%.

En 4.231 casos, la víctima se acogió a la dispensa legal a la obligación de declarar como testigo, prevista en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que supone un 11,18% del número de mujeres víctimas, cifra similar al año anterior (11%). En 2.767 casos, las mujeres que se acogieron a la dispensa eran españolas y en 1.464 casos, eran extranjeras. Puestas en relación estas cifras con el total de mujeres víctimas, se observa que la ratio de mujeres víctimas que se acogen a la dispensa es superior en las mujeres extranjeras (12,68) que en las mujeres españolas (10,53), una situación que refleja la mayor vulnerabilidad de las extranjeras ante posibles presiones por parte del agresor o de su familia. Si la víctima se niega a declarar, se pierde en la mayoría de los casos la principal prueba para el juicio contra el maltratador.

Respecto a las órdenes de protección, durante el primer trimestre del año se solicitaron en los juzgados 10.455, algo menos que las 10.690 solicitadas en el mismo periodo de tiempo del año anterior. Un total de 9.104 órdenes (que incluyen también las medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer, lo que supone una disminución del 3,54% respecto al primer trimestre de 2017, en que se solicitaron 9.438 órdenes de protección. Los juzgados de violencia sobre la mujer concedieron un 68,7% de las órdenes solicitadas (6.254 adoptadas frente a 9.104 solicitadas). En cuanto a las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de guardia (1.351), se acordaron 1.047, un 77%.

Los órganos judiciales adoptaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, 3.984 medidas civiles de protección de mujeres y menores víctimas de la violencia de género (el primer trimestre del año pasado fueron 3.851). De esas medidas civiles, destaca el número de medidas de atribución de la vivienda (1.137) y de prestación de alimentos (1.409). En 298 casos, se ha procedido judicialmente a la suspensión de la guarda y custodia y en 206 casos a la suspensión del régimen de visitas.

En cuanto a medidas penales de protección, se acordaron 14.881, de las que destacan la orden de alejamiento, adoptada en 5.758 casos, y la prohibición de comunicación, acordada en 5.513 casos. Se adoptaron asimismo 350 medidas privativas de libertad.