La justicia admite fallos que desprotegieron a cinco asesinadas por machismo

"Esto es un fracaso de la justicia con mayúsculas. Mbeugou había solicitado la tutela de la justicia y no la obtuvo". Estas palabras, inusuales en altas instancias judiciales, son del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, que este jueves ha pedido perdón a la familia de Maguette Mbeugou, degollada el pasado martes por su marido en Bilbao, y a la sociedad en general, por la deficiente valoración del riesgo que se hizo desde las distintas áreas del juzgado.

La muerte de la mujer senegalesa, de 25 años, no ha sido la única consecuencia nefasta de un sistema que esta semana ha evidenciado sus fallos. En 48 horas, dos menores y tres mujeres han sido asesinadas. 962 desde que se registran datos oficiales; 38 en 2018.

Juristas, abogados y expertos están de acuerdo en que el sistema no está funcionando, la cuestión es dónde y por qué, y las respuestas son múltiples y alcanzan desde los aspectos técnicos hasta los sociales: falta de recursos humanos y materiales, sobrecarga de trabajo, ausencia de perspectiva de género, poca coordinación entre los agentes que intervienen desde las distintas áreas... El trágico relato de esta semana pone de manifiesto algunas de ellas.

En Castellón, a las cinco de la madrugada del pasado martes, un hombre mató a sus dos hijas de dos y seis años y se suicidó. Tenía dos procedimientos interpuestos por su mujer, la madre de las niñas, en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. La juez especializada en violencia de género rechazó la orden de protección que solicitó para ella y para sus hijas tras haber recibido amenazas que relató en febrero ante la policía: "Ya te puedes ir despidiendo de las niñas, me voy a cargar lo que más quieres, te vas a quedar sola. De aquí yo voy a acabar en la cárcel y todos muertos". Ambas denuncias fueron archivadas.

Cuatro horas después, Nuria Alonso fue asesinada a puñaladas por su expareja en Maracena, Granada. Había denunciado dos veces a su agresor, una de ellas por violencia de género: él fue absuelto. Ella no se encontraba en ningún sistema de protección a mujeres ni tenía una valoración del riesgo que corría a manos de su expareja.

En Bilbao, el marido de Maguette Mbeugou la degolló ese mismo día, la policía la encontró sobre la una de la tarde. Ella lo denunció el pasado diciembre; la juez que analizó la denuncia denegó imponerle una orden de alejamiento y la fiscalía no solicitó medidas de protección. En aquel auto la juez argumentó la inexistencia de una situación objetiva de riesgo porque los cónyuges residían en domicilios diferentes, y además, Maguette había dicho que no deseaba volver al conyugal y que se desplazaría a otro lugar. Él fue absuelto por un delito de amenazas en el juicio que se celebró después.

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Sin protección telemática

La quinta muerte ocurrió la madrugada del jueves, en Torrox, Málaga. La policía encontró a Manuela C. S. en medio de un charco de sangre, también acuchillada por su pareja. Lo había denunciado meses antes por amenazas y coacciones y un juzgado había dictado una orden de alejamiento el pasado 15 de julio, además de otra en vigor que tenía por una pareja anterior. La mujer no disponía de protección telemática. Ambos habían vuelto a convivir.

Itziar, la madre de las niñas asesinadas en Castellón, Nuria Alonso, Maguette Mbeugou y Manuela C. S. habían denunciado a los presuntos asesinos. Tres de ellas están muertas y una ha perdido a sus dos hijas.

Encontrar las grietas requiere hacer un barrido profundo en todos los huecos de ese sistema porque, según Octavio Salazar, jurista experto en género, las herramientas existen, pero no se están usando. Para él, como para Ibarra, el primer error "técnico" reside en los mecanismos de detección del riesgo en situaciones de violencia de género: "Los criterios con los que el poder judicial sigue valorando si existirá o no un asesinato no sirven, dan muestras de error desde hace años y nadie se ha puesto las pilas para cambiarlos".

Pilar Llop, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, explica que se están encontrando con este fenómeno que hay que cambiar de inmediato: "No se está valorando el riesgo adecuadamente, aquí, los instrumentos actuales que tenemos de valoración, que son el policial y el pericial [se refiere a las Unidades de Valoración Forense Integral] o no existen o son insuficientes o deficientes".

La valoración de la situación de riesgo y su evolución la efectúa, en primera instancia, la policía a través de unos formularios normalizados (compuestos por un test cerrado de unas 50 preguntas). La víctima puede ubicar su respuesta en seis casillas: "NS (no se sabe), ND (no se da), B (baja), M (media), A (alta) y E (extrema)". Los resultados se recogen en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), que asigna automáticamente —a través de un algoritmo informático—, los niveles de riesgo: bajo, medio, alto y extremo. El resultado es trasladado por la policía a la autoridad judicial competente a través de un informe donde se indican los principales factores de riesgo. Después, queda en manos de los jueces la posibilidad de solicitar otro informe de valoración a la unidad de valoración integral forense de la que disponga el juzgado, si dispone, y concretar las medidas.

Esas unidades de valoración, que cuentan con médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales, comenzaron a crearse en 2004, cuando la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género recomendó su implantación. De eso hace 14 años y todavía hoy no existen en todas las comunidades y las que sí operan no siguen criterios comunes ni tienen los mismos recursos humanos ni económicos ni equipos homologados. Inmaculada Montalbán, magistrada y expresidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, incide sobre esa línea: "Es necesario activar las unidades, sí, pero con formación en género. Es lo que nos ayuda a entender situaciones aparentemente incomprensibles como ciertos procesos de renuncia de las mujeres, por ejemplo la decisión de volver a convivir con el agresor".

Esta deficiencia en las unidades de valoración forense integral fue una de las fisuras en el caso del asesinato de Maguette Mbeugou. El propio Juan Luis Ibarra, en su discurso de perdón, reconoció ayer que la Justicia no actuó bien, y explicó que la jueza, que conoció las medidas cautelares solicitadas por la fallecida, las denegó porque no pudo “contar para hacerlo con un informe pericial del riesgo; ni tampoco con un informe forense de urgencia, ni con el auxilio de la unidad de valoración integral”. Esa unidad, ubicada en el Palacio de Justicia de Bilbao y dependiente del Gobierno Vasco, "concede cita a varios meses vista por la carga de trabajo" y, en este caso, el juicio se celebró apenas 15 días después de presentada la denuncia. El 12 de enero el juzgado de lo penal dictó sentencia absolutoria por prueba insuficiente.

Octavio Salazar se pregunta si por prueba insuficiente se entiende el testimonio de una mujer que afirma ser maltratada. "Aquí entra otro problema mucho más sustantivo, la falta de credibilidad de las mujeres, que forma parte de una cultura jurídica machista que sigue estando muy presente entre los jueces". No distingue entre hombres y mujeres y habla de "sensibilización" y también de formación. En este momento, como explica Montalbán, "cualquier juez o jueza puede concursar a los juzgados de violencia de género sin acreditación especial. Solo una vez que han conseguido la plaza en el concurso de traslados están obligados a hacer un curso previo obligatorio" de poca duración. No existe, continúa, una especialización como en los juzgados mercantiles o de menores. Esa formación se antoja urgente, para Salazar, que apunta a un calado estructural del machismo que puede llevar incluso al multimaltrato.

Ocurrió en el caso de Manuela C. S., la asesinada en Torrox, que tenía dos órdenes de alejamiento vigentes: una de una pareja anterior y otra de su presunto asesino. Los expertos alertan de que cada vez hay más multimaltratadores, hombres condenados por malos tratos que vuelven a cometer el mismo delito una vez cumplida su pena. La fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer en Andalucía, Flor de Torres, cree que una de las cuestiones que está fallando en esta lucha es la "difícil" reinserción de estos delincuentes. "No asumen su conducta y eso es la base esencial para el cambio". En los juzgados especializados, apunta, cada vez hay más casos y esa falta de reintegración social deriva cada vez más en el quebrantamiento de las órdenes de protección y de alejamiento que dicta un juzgado. Según la fiscal, aunque no existen estadísticas, por su experiencia calcula que entre el 50% y el 60% de estas medidas se rompen.

Una petición constante de De Torres es la supresión para las víctimas de la dispensa que existe de declarar contra un familiar directo (padres, hijos o parejas), recogida en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del siglo XIX, y que no se ha tratado en el pacto de Estado. Un porcentaje elevado de mujeres presuntamente maltratadas, cuyo testimonio es fundamental para lograr una posible condena, opta por el silencio. "No podemos echar toda la carga moral sobre las víctimas […] Ellas no están fuertes en este proceso, no están empoderadas, tienen miedo", justifica, y advierte de que estas dos situaciones están creando "macrovíctimas", mujeres que vuelven a sufrir malos tratos por sus propios agresores o por otros maltratadores reincidentes.

Las consecuencias de este fallo estructural, apunta Octavio Salazar, son muertes de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. "¿Va a haber alguna medida disciplinaria? ¿Algún cambio?".