La juez impone una fianza de cinco millones a los dueños de Magrudis

La juez que investiga el caso Magrudis ha impuesto una fianza de cinco millones de euros a los dueños de la cárnica, responsable del mayor brote de listeriosis de España, que causó cuatro muertes, al menos seis abortos y afectó a más de 200 personas. La cantidad fijada es superior a la solicitada por las partes personadas en la causa, que pidieron entre uno y 1,5 millones, y por la Junta de Andalucía, que ejerce como acusación popular, y que reclama 3,4 millones en concepto de gasto sanitario.

La instructora ha establecido la fianza contra José Antonio Marín Ponce, propietario de facto de la empresa, sus hijos Sandro —administrador único de la cárnica— y Mario, su mujer Encarnación Rodríguez y su cuñada, Isabel Rodríguez. Tienen de plazo un día para depositar los cinco millones. De lo contrario se les embargarán “los bienes suficientes para cubrir las responsabilidades” derivadas de las consecuencias de la infección de listeriosis originada en sus naves.

En la causa hay otros seis investigados más, los dos propietarios de la cárnica Martínez León, que comercializaba la carne mechada de Magrudis —foco de la listeria— sin etiquetar, un comercial de esta última fábrica, el asesor financiero de los Marín, el arquitecto que firmó el informe de declaración responsable que Magrudis presentó al Ayuntamiento para legalizar su actividad —plagado de irregularidades, según el informe de la Guardia Civil— y la veterinaria del Consistorio de Sevilla que realizó las inspecciones de la empresa. La juez estima, sin embargo, que “es indudable” que respecto de los dueños de Magrudis, a los que considera “responsables criminalmente de delitos contra la salud pública, cuatro homicidios por imprudencia, seis delitos de aborto, además de delitos de lesiones por imprudencia, cuyo número exacto aún está por determinar”, “procede la adopción de medidas cautelares para asegurar la responsabilidad civil que sobre los mismos pueda recaer”.

La póliza de seguro de responsabilidad civil contratada por Magudris solo alcanza hasta 300.000 euros, que fueron depositados por la empresa aseguradora Axa, una cantidad insuficiente para cubrir las indemnizaciones de todos los personados en la causa como afectados. La juez advierte de que la cantidad de cinco millones podría ser modificada porque el Ayuntamiento de Sevilla, también personado como acusación popular, y los servicios sanitarios de otras comunidades autónomas que atendieron a afectados, aún no han cuantificado sus gastos. 

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Los representantes de los demandantes están satisfechos con la cantidad impuesta por la juez, si bien aguardan a un momento posterior del procedimiento para pedir más responsabilidades solidarias. Apuntan a la veterinaria del Ayuntamiento, puesto que, si resultara culpable, abriría la puerta a que el Consistorio pudiera asumir el pago de las cantidades reclamadas por los afectados. Para algunos abogados de los afectados, el hecho de que no se solicite la fianza para otros investigados es indicativo de que la juez no considera relevante penalmente su participación en los hechos y lamentan la decisión.

Marín Ponce y su hijo Sandro llevan en prisión provisional desde el pasado 27 de septiembre. Mario debe comparecer en los juzgados dos veces al mes. Durante su declaración, su madre reconoció que sabía desde febrero de 2019 —seis meses antes de que se decretara la alerta por listeriosis— que la carne mechada que distribuían estaba infectada por listeria. Su hermana, que fue detenida por la Guardia Civil junto a su cuñado, sobrinos y el comercial investigado, tenía instalados en su domicilio los ordenadores que los imputados se llevaron de Magrudis.