La juez envía a prisión al dueño de Magrudis y a su hijo mayor por tres homicidios imprudentes

La juez Pilar Ordóñez, que instruye la causa contra la empresa Magrudis, responsable del mayor brote de listeriosis de España, ha decretado prisión provisional comunicada sin fianza para el dueño de facto de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y su hijo mayor Sandro, que aparece en el registro civil como socio y administrador único de la cárnica. La instructora les atribute un delito contra la salud pública, tres delitos de homicidio por imprudencia grave, dos delitos de lesiones al feto con resultado de aborto y lesiones por imprudencia grave. El hijo menor ha quedado en libertad con cargos y deberá comparecer en los juzgados dos días al mes. Las grabaciones telefónicas que los investigadores realizaron a los Marín han sido determinantes para su detención, informan fuentes cercanas a la investigación.

En el auto de prisión la juez señala que tanto Marín Ponce como su hijo mayor "tenían conocimiento al menos desde diciembre de 2018 de que había listeria en sus instalaciones", tal y como se desprende de la conversación intervenida entre el dueño y su hermano el 12 de septiembre en la que reconoce que en febrero tuvieron constancia de los positivos encontrados en las muestras tomadas en 2018, pero que se limitó a retirar el producto porque era muy poca cantidad. En uno de los documentos intervenidos titulado "seguimiento de los lotes de Magrudis" consta uno etiquetado el 20 del diciembre del año pasado. “Ello implica que el producto nocivo para la salud de las personas fue puesto en el mercado, perdiéndose el dominio sobre el riesgo creado”, indica Ordóñez para quien ese comportamiento determina que "si bien no imaginaban el resultado, sí tenían conocimiento de esa eventualidad y de la probabilidad de que el producto, una vez en el mercado, podía causar daños en la salud de los consumidores, como así ha ocurrido".

Facua ha denunciado un caso de una familia que comió carne mechada contaminada la Noche Vieja de 2018. Una de sus integrantes, una mujer embarazada tuvo a su hijo prematuro en enero y falleció en febrero. La asociación ha pedido a la Junta que analice si la cepa de listeria coincide con la de Magrudis.

La instructora afirma que "no consta" que el resultado positivo de febrero "fuera comunicado a la autoridad sanitaria ni que la entidad adoptara medida alguna, de hecho no fue ni comunicado a los trabajadores, ni se adoptó medida alguna para prevenir.

La juez habla en el auto de una "trama organizada", en cuya cúspide estaría Marín Ponce y en el que sus hijos serían testaferros. De ellos, el mayor era quien "tomaba las riendas", cuando el padre no estaba presente y que el menor "se dedicaba a echar una mano".

Los tres miembros de la familia Marín llegaban a las 9.30 al calabozo de los juzgados de Sevilla en dos vehículos separados. A las dos de la tarde, Mario era trasladado ante la titular de Juzgado de Instrucción Número 10 para ser interrogado. El joven respondió a las preguntas de Ordóñez, de la Fiscalía y del abogado de la asociación de consumidores Facua, Alejandro Martínez, personada como acusación particular. Él, su hermano y su padre se acogieron a su derecho a no declarar ante los agentes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil, responsables de su detención el pasado martes. Facua desveló que el menor de los Marín aparecía en el Registro Mercantil como titular de la empresa Elaborados Cárnicos Mario SLU, ubicada en la nave contigua a la de Magrudis, en el polígono El Pino de Sevilla. Fue creada en octubre de 2017 y no consta que tenga trabajadores a su cargo ni está inscrita en el registro sanitario, como es preceptivo.

Su hermano Sandro, administrador y socio único de Magrudis, declaró media hora después que su hermano y se negó a contestar a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular. Tras el interrogatorio, de 30 minutos, volvió a los calabozos. A continuación, su padre fue escoltado por agentes de la Guardia Civil hasta el despacho de Ordóñez. El dueño de facto de la cárnica solo respondió a la juez y a su abogado.

Las grabaciones telefónicas que los investigadores realizaron a los Marín han sido determinantes para su detención. Los agentes de la Ucoma registraron a primera hora de la mañana del pasado martes la vivienda que la familia tiene en la localidad sevillana de Dos Hermanas y la casa de otro familiar por orden de la juez Ordóñez. Pasadas las once, la Guardia Civil detenía al dueño de Magrudis, sus hijos, su cuñada y un comercial. Sandro y Mario fueron trasladados junto a la juez a las naves de Magrudis -una perteneciente de acuerdo con el registro mercantil a Elaborados Cárnicos Mario- donde asistieron a su inspección.

En el auto de apertura de la investigación que la juez dictó el pasado 12 de septiembre se incorporaban a la causa las diligencias abiertas por la Fiscalía a partir de las peticiones de las asociaciones Defensor del Paciente y Justicia por la Sanidad, que dirige Jesús Candel, más conocido como Spiriman. En ellas se pide que se incluyan como responsables a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla. En la querella de Facua, que es la que admitió a trámite Ordóñez, solo se pide la investigación del dueño de Magrudis y de su hjijo Sandro. La titular del Juzgado de Instrucción Número 10 aún no se ha pronunciado sobre la posibilidad de incorporar a estas administraciones.

El Gobierno autónomo solicitó la semana pasada personarse en la causa como acusación particular y esta mañana ha presentado una querella contra Magrudis en la que le reclama el coste sanitario del brote de listeriosis, que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha cifrado en 1,5 millones de euros.  En su auto de prisión la juez estima en 800.000 euros los gastos ocasionados por los servicios prestados en los Hospitales Virgen del Rocío y Macarena.

La Guardia Civil detuvo a los Marín por su participación en delitos de homicidio imprudente, contra la salud pública y lesiones al feto. La cuñada y el comercial quedaron en libertad a última hora de la noche del martes. Los dueños de Magrudis sabían desde febrero de este año, seis meses antes de que se activara la alerta sanitaria, que sus productos estaban contaminados por listeria. No solo no adoptaron las medidas correctoras a las que vienen obligados por la normativa, sino que siguieron produciendo y comercializando sus elaborados.

El propietario de laboratorios Microal presentó la segunda semana de septiembre en los juzgados el informe con los análisis que practicó a dos muestras de carne de la empresa ese mes de febrero. Los laboratorios recordaron ese positivo a los propietarios de la fábrica a través de un correo electrónico en agosto, tras el estallido de la crisis. Al constatar que estos no lo hacían público, acudieron a la justicia, explicó a este diario el fundador de Grupo Microal, José Antonio Borrás. “Nos preocupaba la salud de las personas que hubieran podido comer carne antes de la alerta, sobre todo las embarazadas”, señaló. La Junta ha confirmado que la cepa de Magrudis se hallaba en dos aislados del mes de marzo.