La juez del ‘caso Magrudis’ imputa a una veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla

La juez que investiga la causa contra la empresa Magrudis, responsable del mayor brote de listeriosis de España, ha llamado como imputada a la veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla que realizó las dos únicas inspecciones que pasó la cárnica, en noviembre de 2016 y en julio de 2017. Esta decisión abre la puerta, en el caso de que finalmente fuera hallada culpable, para que el consistorio pudiera hacer frente a las indemnizaciones de los afectados, ya que sería considerado responsable civil subsidiario. El consistorio no va a pronunciarse sobre la decisión de la instructora, indican fuentes municipales

La asociación de consumidores Facua fue la primera de las partes personadas que solicitó la imputación de la veterinaria por un posible delito de prevaricación. La organización entendía, de acuerdo con la petición que elevó a la juez, que si la empleada municipal no hubiera omitido valorar el apartado relacionado con la estructura durante la primera inspección de Magrudis en 2016, se hubiera procedido a requerir a sus responsables para que subsanaran los defectos y, si estos hubieran sido lo suficientemente graves se podría haber llegado a “decretar el cese de la actividad de forma inmediata, impidiendo por tanto la aparición del brote de listeriosis”. “Si el Ayuntamiento hubiera hecho correctamente su trabajo, Magrudis habría sido clausurada a finales de 2016”, aseguró el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, cuando solicitó la imputación de la veterinaria el 7 de noviembre.

Durante su investigación, los agentes de la Guardia Civil, también detectaron irregularidades en la inspección del 18 de julio de 2017. La técnico del Ayuntamiento bajó la calificación del establecimiento de A a C, por entender que la distribución de sus productos era a escala municipal, una circunstancia que reduce el riesgo para los consumidores, según la legislación y la frecuencia de inspección a 18 meses y de supervisión a dos años. “Es más que notorio que el ámbito de distribución de los alimentos comercializados exceden del ámbito municipal”, advierten los investigadores, según los autos a los que ha tenido acceso este diario. “Es significativo que a la vista de las dos actas de la inspección que la veterinaria parece seguir un patrón puntuando a la baja o directamente omitir llevar a cabo una puntuación, de forma que la suma total de una puntuación espacie el tiempo de las inspecciones”, indica la Guardia Civil.

Facua consignó también esta circunstancia en su escrito, constatando además que, en esa ocasión, sí realizó la valoración de la estructura, calificándola como “excepcional”, lo que implica que cumplía con todos los requisitos técnicos obligatorios para el desarrollo de su actividad, una circunstancia, de acuerdo con el documento de la asociación de consumidores, que el propio Ayuntamiento de Sevilla “desmintió” durante la crisis de la listeriosis, en los que reveló múltiples irregularidades de Magrudis.

La misma inspectora en todas las visitas a Magrudis

De haberse seguido las indicaciones de la inspectora, la siguiente visita a Magrudis debería haber sido en diciembre de 2018, justo cuando salió de sus naves el primer lote de carne mechada infectado con listeria del que se tiene constancia cierta. El Ayuntamiento no realizó más visitas a la fábrica hasta que estalló la crisis. Se da la circunstancia de que la veterinaria imputada es una de las técnicos del Ayuntamiento que se encargó de realizar las inspecciones en la cárnica en los días inmediatamente posteriores a que se decretara la alerta sanitaria.

Una coincidencia que para algunos expertos consultados podría tener su explicación en que, por las fechas -la alerta se activó el 15 de agosto-, no hubiera más veterinarios trabajando en el consistorio o que, por haber examinado a Magrudis en otras ocasiones, tuviera mejor conocimiento de su dinámica de trabajo.

Si la imputación de la instructora prospera, el Ayuntamiento podría ser declarado responsable civil subsidiario y asumir las indemnizaciones para los afectados, entre ellos cuatro personas fallecidas -la juez admitió la personación como parte de los padres del bebé que nació prematuro en febrero y falleció a los cinco días, después de que su madre ingiriera carne mechada contaminada en la Nochevieja de 2018-. El seguro de responsabilidad civil de Magrudis únicamente alcanza los 300.000 euros.

Además de Facua, otras agrupaciones de afectados personadas en la causa, como Ateneo Abogados, y otros abogados de víctimas que han decidido presentarse de manera individual, habían pedido la imputación de la veterinaria del Ayuntamiento y que el consistorio sevillano fuera tenido como responsable civil subsidiario. Algunos también han pedido la imputación directa del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía.

Se da la circunstancia de que el consistorio hispalense también está presente en la causa contra Magrudis como acusación particular. Pese a los recursos en contra de varias de las acusaciones particulares, la instructora determinó que esa circunstancia no era incompatible con el “pueda resultar, en un futuro, una vez avance la presente instrucción, responsable civil subsidiario […] pues es posible tener la doble condición de responsable y perjudicado o tercero afectado”.