Los empleados de Magrudis confirman ante la juez irregularidades de los propietarios

Seis empleados —cuatro trabajadoras y dos comerciales— de la empresa sevillana Magrudis, la responsable del mayor brote de listeriosis de España, que afectó a más de 200 personas, provocó al menos tres muertes y siete abortos, han declarado este lunes por la mañana en calidad de testigos ante la juez que instruye la causa. Las operarias, que realizaban labores de producción, envasado y limpieza, han coincidido en constatar la negligencia de los dueños de la cárnica a la hora de cumplir y hacer cumplir los principios mínimos de higiene y otras medidas de seguridad, entre ellas el control de la temperatura en las salas o el mantenimiento de la producción durante el tiempo en el que duraron las obras de ampliación de la fábrica en julio de 2019, unos trabajos para las que no se solicitó autorización.

Todos los testigos han asegurado que José Antonio Marín Ponce —en prisión provisional desde finales de septiembre junto con su hijo Sandro acusados como responsables del brote de listeriosis— nunca les advirtió de la existencia de la bacteria en febrero de 2019, cuando unos laboratorios confirmaron que un lote de carne de diciembre de 2018 estaba contaminado, ni se les dio instrucciones de que tuvieran que limpiar más a fondo. Es más, una de ella ha reconocido que comió carne mechada, el producto infectado por la listeria, todos los días. Las empleadas que trabajan directamente en Magrudis también han coincidido en reconocer que traían la ropa para trabajar desde casa y que no se ponían las mascarillas porque ninguno de los propietarios les pedía que lo hicieran.

“Se trata de ejemplos que evidencian un desconocimiento absoluto de las normas sobre higiene”, afirma José Juan Rodríguez, profesor titular de Nutrición y Bromatología por la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de la Sociedad Española de Seguridad Alimentaria. “El hecho de que no paralizaran la producción durante el desarrollo de obras en la fábrica es sencillamente desastroso porque podría haber caído sobre el producto cualquier tipo de residuo de los trabajos”, explica el experto, tras recordar que durante la realización de obras o reparaciones en este tipo de instalaciones debe paralizarse la actividad. Una de las empleadas ha reconocido, según la información a la que ha tenido acceso este diario, que las actividades realizadas “no generaban polvo”.

Las condiciones ambientales y de temperatura que exigen los planes de autocontrol para garantizar la calidad final de los productos tampoco se observaban en la empresa. Una de las empleadas ha testificado que eran los propios trabajadores quienes subían la calefacción o activaban el aire acondicionado, dependiendo de si tenían calor o frío. También han declarado que quienes recogían la carne que venía de matadero eran los hijos del dueño de la fábrica, vestidos de calle, y que la carne manipulada volvía a la cámara figrorífica donde se guardaba la que llegaba de los proveedores hasta que pasaba el tiempo preceptivo para el horneado.

Una de las empleadas ha reconocido que no asistió a los cursos de manipulación de alimentos, preceptivo para el tipo de actividad que llevaba a cabo, pero que Marín Ponce le facilitó el carnet obligatorio. Otra también ha testificado que tras la activación de la alerta sanitaria se les pidió por WhatsApp que se incorporaran al trabajo —por las fechas, 15 de agosto, algunas estaban de vacaciones—. Las tareas que realizaron fueron las de limpieza delante de las técnicas de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento y de un técnico encargado de tomar muestras. La trabajadora ha asegurado que las tomas para el laboratorio se tomaron tras desinfectar la nave, una circunstancia que ha llamado la atención a la juez y a los abogados presentes, según las fuentes consultadas.

“Es muy probable que los inspectores quisieran tomar las muestras con posterioridad a la limpieza para comprobar la eficacia de la desinfección”, señala Rodríguez. Los técnicos ya analizaron muestras de la carne mechada de Magrudis. El ocho de agosto de 2019 la Junta tomó muestras de la carne de la fábrica y el 9 los laboratorios del Ayuntamiento sevillano constataron el positivo.

Los testimonios de los trabajadores, que ya prestaron declaración ante los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación inicial, confirman las deficiencias e irregularidades sanitarias y administrativas que rodean a la fábrica Magrudis. En el interrogatorio han estado presentes la fiscal, el representante de la asociación de consumidores Facua, el de la Junta de. Andalucía, el de los afectados incluídos en el grupo de abortos, el de los lesionados, ejercida por Ateneo abogados, que ha pedido 1,5 millones de euros como responsabilidad civil.