Barcelona destinará 563 millones a reducir las emisiones de CO2 en dos millones de toneladas

Barcelona ha declarado oficialmente este miércoles la emergencia climática con un paquete de 103 actuaciones que tienen como objetivo reducir las emisiones de efecto invernadero a la mitad en 2030 (tomando como referencia 1992, el primer año del que la ciudad tiene registros, tal como pedían los movimientos por el clima). En total, la reducción alcanzará los dos millones de toneladas de CO₂, de los que una cuarta parte se quiere lograr limitando drásticamente el uso del coche, aunque no cuantifica cuántos vehículos dejarán de circular. Para todo el plan, la ciudad invertirá 563 millones de euros extraordinarios hasta 2025.

Entre las principales actuaciones previstas figuran desde la Zona de Bajas Emisiones (ZBE, ya en marcha) para vetar a los coches más contaminantes, hasta multiplicar por cinco (hasta 15 kilómetros cuadrados) los espacios de tráfico restringido, limitar la circulación en más de la mitad de calles a 30 kilómetros por hora, o crear plazas delante de las escuelas de la ciudad y 10 nuevos parques o "ejes verdes".

"Queríamos que no fuera una declaración retórica, sino un documento de medidas que marquen un antes y un después", ha defendido la alcaldesa Ada Colau, durante el acto de declaración de la emergencia, en el solemne Saló de Cent del Ayuntamiento y ante representantes de las entidades participantes. La regidora ha recordado las palabras de Greta Thunberg: "Esto no es un simulacro, la casa está en llamas", una expresión que emplea la campaña comunicativa con la que se difundirá la declaración. Colau también ha recordado que las ciudades son las principales fuentes de emisiones y ha manifestado que "defender la justicia climática es defender la democracia". "Se nos acaba el tiempo y no hay atajos", ha añadido.

“Ganar espacio al coche”, ha defendido como objetivo la teniente de alcalde de Urbanismo, Ecología y Movilidad, Janet Sanz, que también ha anunciado que se estudiará la creación de zonas de ultra bajas emisiones (en entornos muy contaminados o sensibles), o de un peaje urbano. La declaración también contempla multiplicar por 20 la generación de energía solar en azoteas de equipamientos, edificios de viviendas o incluso fábricas; y rehabilitar energéticamente 10.000 viviendas al año.

Con este documento, que se ha trabajado con 200 entidades de la ciudad durante el último semestre, Barcelona se convierte en la primera gran ciudad española que acompaña de medidas concretas su compromiso para luchar contra el cambio climático. Del centenar de medidas, más de la mitad (53) dependen en exclusiva del Ayuntamiento; el resto, del Ayuntamiento y del Área Metropolitana, la Generalitat o también el Estado. Y en algunos casos, también de particulares o empresas privadas.

La declaración cuenta también con un gran paquete de demandas y exigencias en materia de infraestructuras que no dependen solo de la ciudad. Pide más carriles bus o de alta ocupación en los accesos por carretera, inversiones para Cercanías, terminar la L9 del metro (una infraestructura de la Generalitat a la que le falta el tramo central) o enlazar las dos redes de tranvía por la avenida de la Diagonal. Y reclama al puerto y el aeropuerto que reduzcan sus emisiones y revisen sus planes de crecimiento, una cuestión sobre la que el Ayuntamiento no tiene competencias. En el caso del puerto, depende del Estado y de la Generalitat, y el aeropuerto lo gestiona AENA.

El documento trata otras cuestiones en relación con el modelo económico de la ciudad, el modelo de consumo, alimentación o la salud de los ciudadanos. Por ejemplo, sobre la distribución de mercancías, propone crear un impuesto para la distribución de paquetería de las plataformas tecnológicas. También regular el aparcamiento en la calle en toda la ciudad, analizar el impacto del turismo en la sostenibilidad, que la recogida de basuras sea individualizada (para premiar a los que más reciclen) o encaminarse a la eliminación de los plásticos de un solo uso.

Y también hay actuaciones en materia de salud o alimentación. Sugiere introducir dietas más sanas, con productos de proximidad, ecológicos y menos carne en las escuelas; estudiar la regulación de establecimientos de comida rápida y ultra procesada cerca de los colegios o crear 100 “refugios climáticos” en equipamientos municipales donde poder acudir si hay una ola de calor.

Por parte de las entidades, al final del acto de la declaración ha intervenido Gemma Barricarte, de Fridays for Future. La activista ha cuestionado “las deficiencias” del proceso participativo del que ha surgido la declaración y ha avisado: “Las entidades estaremos vigilantes, no podemos permitir maniobras dilatorias por intereses económicos o electorales, estamos hartas de una política y una economía que han desahuciado una parte de la vida”. Barricarte ha reivindicado también el papel de la sociedad civil y la comunidad científica en presionar en la lucha contra el cambio climático: “Ni esta declaración ni las otras habrían sido posibles sin las demandas de la sociedad articulada y consciente y una comunidad científica independiente”.