Bruselas movilizará 100.000 millones de euros para aliviar el impacto de su plan climático

La crisis de los chalecos amarillos dejó una lección francesa de la que Europa parece haber tomado nota: las reformas radicales deben tener en cuenta a la gente. El objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050 entra en esa categoría de grandes cambios concebidos para perdurar generaciones, pero a la vez tiene potencial para hacer removerse en su puesto de trabajo a mineros polacos, operarios de automóvil españoles o ingenieros de hidrocarburos daneses. La Comisión Europea presentó este martes su plan para contrarrestar la cara B de su plan climático: confía en movilizar 100.000 millones de euros para las regiones más afectadas a partir de una inyección de 7.500 millones entre 2021 y 2027, el periodo del próximo presupuesto.

 Elisa Ferreira, la primera mujer portuguesa en alcanzar el puesto de comisaria europea, tiene ante sí el mayúsculo reto de evitar una fractura dentro de la UE ante la ambiciosa transformación prometida por la presidenta del Ejecutivo europeo, Ursula von der Leyen. Bruselas ha empezado ya la carrera para dejar a cero el contador de emisiones netas. Y sobre su cartera, la de Cohesión y Reformas, recae la responsabilidad de hallar el dinero para hacerla posible. Este martes presentó en el Parlamento Europeo el mecanismo para una transición justa, el instrumento con el que debe regar de millones las regiones más golpeadas por la profunda metamorfosis concebida para expulsar al dióxido de carbono del paisaje industrial europeo dejando a su paso el menor número de traumas posible.

La tarea es especialmente complicada en países dependientes del carbón como Polonia. Varsovia, preocupada por el coste de la transición, rechazó adherirse al objetivo de neutralidad climática durante la cumbre europea de diciembre, y se ha convertido en la gran piedra en el zapato de la UE para que el bloque hable con una sola voz contra el cambio climático. Pero pese a que los focos apuntan hacia su vertiente oriental, Ferreira recuerda que el plan para compensar a las regiones funcionará en todo el club comunitario. “Ningún país o región será excluido de antemano. Todos los Estados miembros tendrán acceso a este instrumento. Las asignaciones se basarán en la intensidad de las emisiones de dióxido de carbono en las regiones", explicó este martes en una entrevista con un pequeño grupo de periodistas en Estrasburgo.

Ferreira anunció que el fondo de transición contará con dinero fresco del Presupuesto europeo. Concretamente con 7.500 millones de euros, pero Bruselas anticipa una potencia de fuego mucho mayor para aliviar a las regiones más afectadas por el cambio: esa cantidad se verá complementada por inversiones de los Estados miembros. La cofinanciación tiene reglas: por cada euro recibido, cada socio deberá añadir entre 1,5 y 3 euros más utilizando fondos de cohesión y recursos propios. Según los cálculos de Bruselas, ese esfuerzo elevará la cuantía movilizada a entre 30.000 y 50.000 millones de euros.

Si el plan de la Comisión se cumple, la contribución de inversores privados respaldados por InvestEU —sucesor del llamado Plan Juncker de inversiones—, y la financiación del Banco Europeo de Inversiones con aval del presupuesto comunitario, harían el resto para escalar a la cota de los 100.000 millones de euros movilizados.

Los Veintisiete deberán remitir a Bruselas planes propios para las regiones que puedan resultar dañadas por la reconversión. Según un documento de la Comisión, España podría incluir a Asturias, Aragón y Castilla y León, y tal vez también a Galicia y Andalucía. Las propuestas deberán cumplir con los objetivos del fondo ideado por Bruselas. Y solo recibirán el dinero si son aprobadas. No todos los ofrecimientos libres de dióxido de carbono serán aceptados. Los proyectos nucleares quedarán excluidos de esos fondos.

La Comisión prestará asesoramiento técnico a Estados e inversores para identificar proyectos, e implicará en los mismos a autoridades locales y ONG. La política también tendrá su espacio. Como se encargó de recordar este martes Ferreira, la entrega del dinero estará condicionada al respeto al Estado de Derecho, un aviso para Varsovia, repetidamente advertida por sus incumplimientos en la materia. La organización ecologista Greenpeace fue más allá y pidió que no se dé un euro a Polonia hasta que no dé su brazo a torcer. “Los fondos verdes deben restringirse a los gobiernos que ya hayan puesto fecha al fin de los combustibles fósiles”.

Todavía se desconoce cuánto dinero percibirá cada país, pero mientras en algunas cancillerías crecen los recelos ante la posibilidad de que Polonia cope los fondos, Bruselas busca tener gestos con los que hicieron sus deberes en el pasado. “Tenemos que tener en cuenta no solo las necesidades, sino el esfuerzo enorme que han hecho ya algunos Estados miembros para corregir el problema invirtiendo en renovables. Buscamos el equilibrio”, señaló la comisaria Ferreira.

“Impacto dramático”

La Comisión Europea cuenta con que la lluvia de inversiones hacia la nueva economía verde sea fuente de empleo, pero es consciente del “dramático impacto” de ciertos cambios. “El propósito es crear un terreno de juego que, aunque no sea nunca perfecto, permita ayudar a aquellos países que necesitan acometer esfuerzos para cumplir con los objetivos europeos para 2030 y 2050”, insistió Ferreira.

Desde el Comité de las Regiones no ven claro que los fondos sean suficientes. “No compensan los severos recortes en el presupuesto general de la política de cohesión discutido por el Consejo. Todas las promesas financieras adicionales de la Comisión son grandes esperanzas por el momento, pero ¿serán capaces de cumplir en las regiones?”, se preguntó Vojko Obersnel, alcalde de la localidad croata de Rijeka e implicado en las discusiones.