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Barcelona declarará la emergencia climática con más presión sobre los coches

El Ayuntamiento prepara una drástica reducción de la movilidad en vehículos privados y multiplicar la energía solar en edificios privados

Contaminación en Barcelona el pasado julio.
Contaminación en Barcelona el pasado julio.

Barcelona declarará el próximo miércoles la Emergencia Climática. Una medida que han tomado otras instituciones en España, pero que en la mayoría de los casos no van ligadas a objetivos concretos de reducción de la contaminación. Sin embargo, la declaración que ultima el equipo de la alcaldesa Ada Colau, contemplará una drástica reducción de la movilidad en coche privado, multiplicar la generación de energía solar en edificios privados (sobre todo de uso industrial) y fomentar la rehabilitación energética de edificios de vivienda.

La declaración ha sido trabajada desde julio en cinco sesiones participativas con 200 entidades y 300 personas y, de la reducción de emisiones, incluirá objetivos en aspectos muy distintos. En materia de reducción de plástico de un solo uso, en reciclaje de la basura doméstica, pacificación de calles (en campaña electoral, Barcelona en comú, el partido de la alcaldesa Colau, ya propuso convertir en un eje verde una de cada tres calles del Eixample), cortes puntuales de grandes arterias de comunicación en días festivos o habilitación de puntos para reparto de mercancías en vehículos no contaminantes, entre otras medidas.

El Consistorio barcelonés también prevé crear la figura de un responsable de medioambiente en cada distrito, reducir la contaminación acústica, el consumo de carne en las escuelas y fomentar la alimentación de proximidad o crear refugios climáticos pensando en olas de calor. “Dibujamos una Barcelona de 2030 ó 2040 que requiere cambios estructurales, para llegar allí hay que comenzar hoy”, defendió el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, en diciembre en una entrevista en este diario.

Y más allá de las actuaciones que dependen del ejecutivo municipal —y de que probablemente ninguna superará en envergadura a la restricción de tráfico de la Zona de Bajas Emisiones y la creación de supermanzanas— la declaración también interpelará a otras administraciones de las que depende la gestión de grandes infraestructuras, como el puerto o el aeropuerto. Dos grandes espacios que tienen planes de crecimiento, mientras Colau y su equipo ya han manifestado que son partidarios de limitar su actividad. En el caso del aeropuerto, la alcaldesa de Barcelona se ha mostrado favorable a eliminar los vuelos cortos que tienen alternativa en tren, como el puente aéreo con Madrid, la conexión con más actividad en El Prat y en Barajas.

El documento todavía no está cerrado y una de las incógnitas es qué porcentaje de reducción de emisiones se fijará finalmente como objetivo global. El Plan Clima 2018-2030 del Ayuntamiento prevé una reducción de gases de efecto invernadero del 45% para 2030 respecto a las cifras registradas en 2005. Pero las entidades ecologistas exigen un horizonte más exigente: hasta un 55% de reducción y tomar como referencia el año 1990, como establece la normativa europea (en 1990 había menos emisiones que en 2005).

Los ecologistas pretenden, además, que haya un compromiso de reducción anual del 7% de gases de efecto invernadero. Y piden al gobierno de Ada Colau que se prioricen una decena de medidas y no un centenar, como ha tenido el Consistorio sobre la mesa hasta esta semana. El Plan Clima 2018-2030 que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Barcelona ya contempla, de hecho, 246 medidas.

Calendario y presupuesto

La discusión entre ecologistas y gobierno municipal sobre el porcentaje de emisiones a reducir y las medidas a priorizar llevó a cinco organizaciones y plataformas (entre ellas Fridays for Future, Rebel·lió o Extinció y Moviment per la Justícia Climàtica, que aglutina a Greenpeace y Ecologistes en acció) a reunirse el pasado viernes con el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia. Las entidades presionan para que la declaración fije objetivos de reducción de emisiones cuantificables, un calendario para materializarlos y presupuesto para ejecutarlos. El recelo del Consistorio a aumentar las exigencias es que si el resto de administraciones no hacen lo mismo, Barcelona corre el riesgo de no cumplir su propio compromiso.

Desde la huelga del clima del pasado mes de septiembre, las entidades piden también frenar el crecimiento de infraestructuras como el puerto o el aeropuerto, crear un peaje urbano disuasorio para reducir la entrada de vehículos en Barcelona, incrementar la generación de energías renovables o cerrar la incineradora Tersa.

Sobre la participación de las entidades, una de las cuestiones que ha sorprendido a los técnicos del Ayuntamiento de Barcelona es que en las sesiones temáticas han detectado la presencia de hasta un 30% más de personas de lo habitual, integrantes sobre todo de plataformas que han surgido en los últimos tiempos y que no son las ONG ecologistas tradicionales.

En marcha la cumbre catalana de acción climática

Y si el miércoles el protagonismo lo tendrá el Ayuntamiento, el viernes la Generalitat ha convocado la Cumbre Catalana de Acción Climática. Un encuentro que llega tras la declaración de emergencia climática, el pasado mayo, sin objetivos concretos y cuantificados. “La cumbre quiere ser un punto de encuentro para acordar una hoja de ruta, a corto y medio plazo, para afrontar las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático”, explica el Govern en una nota.

Después de aprobar el impuesto a las emisiones de los coches, el Govern tiene pendiente aprobar la Ley de Calidad del Aire, de la que nada se sabe por ahora. También está al caer la firma de la cesión por parte de Fomento de la B-23, el acceso a la ciudad desde el Baix Llobregat y donde está pendiente habilitar un carril bus rápido. Otra de las cuestiones pendientes es explicar el fin concreto que tendrán los ingresos que obtenga la Generalitat con el impuesto al CO2 y que ha anunciado que irán destinados a un Fondo de Natura.

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