Enfermeras y médicos se oponen a la propuesta de hacer pruebas de la covid en las farmacias
Los colectivos de atención primaria ven problemas legales, de logística y de seguridad en la propuesta de la Comunidad de Madrid y Cataluña, que quieren efectuar análisis fuera de los centros de salud
Las comunidades de Cataluña y Madrid han propuesto que las farmacias hagan pruebas de la covid. La idea es descongestionar los centros de salud y responde a una oferta de los colegios y la patronal de las boticas, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), lanzada hace ya meses. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo después del Consejo Interterritorial de hace dos semanas que lo iba a estudiar. Se espera que en el de este miércoles dé una respuesta, que según las últimas declaraciones de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), podría ser negativa. Pero la propuesta cuenta con la oposición decidida de los colegios y sindicatos de enfermería, el personal que ahora se encarga en los centros de salud de los análisis, que tienen el apoyo de los médicos. Las asociaciones de pacientes dudan.
El primer punto de fricción es el legal. María José García, portavoz del sindicato de enfermería Satse, afirma que “las farmacias no tienen competencias para hacer pruebas diagnósticas”. La Mesa de la Profesión Enfermera, que agrupa a colegios y SATSE, afirma que la propuesta violaría hasta 12 leyes. La principal de las que regulan la prestación farmacéutica es la Ley de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia de abril de 1997. En ella se establece como su primera función “la adquisición, custodia, conservación y dispensación de los medicamentos y productos sanitarios”. En ningún momento habla de tratamientos o aplicar los fármacos, pero tampoco lo prohíbe. El presidente de FEFE, Luis de Palacio, rebate que en una situación de emergencia se podría regular esta actuación (la misma ley establece otra función, la de “colaboración en los programas que promuevan las Administraciones sanitarias sobre garantía de calidad de la asistencia farmacéutica y de la atención sanitaria en general, promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad y educación sanitaria”). La decisión la tiene el Ministerio de Sanidad, que en principio no es partidario. José Luis Cobos, vicesecretario del Consejo General de Enfermería, dice que esa propuesta salió de Madrid, aunque “hay más de una comunidad que lo está estudiando”. Ello es así porque, como Ana López Casero, del Consejo de Colegios de Farmacéuticos, la tramitación del permiso está en manos de los órganos profesionales de cada comunidad.
Pero no es solo cuestión de leyes o normas. Manuela García, vicepresidenta segunda de la Organización Médica Colegial, afirma que las oficinas de farmacia no son el lugar para hacer estas pruebas. “Si hablamos de las de antígenos, las debe prescribir un médico, que es el que conoce al paciente”. Y añade las dudas de la utilidad de estas pruebas para los cribados poblacionales, que tienen un cierto margen de error en asintomáticos y dan falsos positivos.
López Casero, de los colegios de farmacia, insiste en que lo que ellos han hecho es una oferta, y ―coincide con el presidente de la patronal― en que su idea es colaborar como hacen con otras pruebas (para medir la glucosa, el colesterol, pruebas de embarazo, del VIH en alguna comunidad). “Haríamos las pruebas dentro de un protocolo acordado con las comunidades autónomas y que incluya un registro de los resultados. Ofrecemos nuestra red, que tiene 22.000 oficinas que están en toda España. Hasta pueblos de 200 habitantes tienen una”, añade.
La representante del sindicato Satse rechaza esta externalización a “unas oficinas privadas que no reúnen las condiciones de seguridad biológica ni capacidad para organizar circuitos asistenciales” similares a los que hay en los centros de salud. “Se puede crear la confluencia de ciudadanos infectados con otros que no lo están”, señala María José García. Cobos insiste: “Las farmacias no son un establecimiento de asistencia sanitaria. Son locales privados de interés público, igual que un taxi”, compara. Y los profesionales “no están capacitados para hacer la prueba. No es cuestión de hacer un cursito. La imposibilidad de organizar cuestiones como la protección del personal que toma la prueba (no hay más que ver cómo van las enfermeras que lo hacen en los centros de salud, enfundadas en un equipo de protección), la necesidad de deshacerse de residuos biológicos, de disponer de un área segura y de organizar la circulación de los pacientes lo hacen inviable”, zanja Cobos.
De Palacio ofrece contraejemplos de que esos requisitos en una situación de emergencia se pueden suavizar. Como la propuesta catalana de que los adolescentes se tomen la muestra, aunque sea bajo la supervisión de un sanitario, o que se hagan pruebas “a la puerta de las fábricas, en un pasillo, desde el coche”.
La última crítica de los representantes de la enfermería es la económica. “La Administración ya paga por hacer esas pruebas al personal de atención primaria. Si la hicieran las farmacias, que no lo harían gratis, sería pagar dos veces por lo mismo”, dice García, de Satse. De Palacio admite que ellos tienen locales, pagan alquileres y sueldos ―"el ánimo de lucro no es condenable", afirma. “¿Acaso ellos no cobran un sueldo por hacerlo?”―, pero defiende que ese gasto sería beneficioso para el conjunto de la población. Y más ahora que en primaria se juntan las pruebas de la covid, la recuperación de la atención a los pacientes de siempre y la vacuna de la gripe. García rechaza este argumento: “Si falta personal, lo que tienen que hacer es contratarlo. Lo otro es un parche”.
El debate es enrevesado, y ni siquiera las organizaciones de pacientes se ponen de acuerdo. Carina Escobar, de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), cree que en este “momento de incertidumbre” para la población no conviene introducir novedades. “El ámbito sanitario tiene que estar organizado con una continuidad asistencial segura para el paciente”, dice, por lo que es partidaria de que se siga como hasta ahora. Aunque admite que hacer las pruebas en farmacia “puede ser una oportunidad, pero hay que hacerlo pensando en la ciudadanía, asegurando que eso se refleje en la historia clínica. En vez de pensar cada uno en su profesión, que piensen en la población”, concluye.
Anna Kemp, de la organización de pacientes Covid Acts, afirma que “si se pudiera pedir sin receta médica podría ser muy útil. Da la posibilidad de averiguar si tú o familiares han pasado por la enfermedad (que para la gente de la primera ola es información muy útil) o sea: se gana en agilidad y accesibilidad. Ahora mismo, no hay mecanismos fáciles para acceder a una prueba si ya no tienes síntomas o si lo pasaste sin seguimiento médico, así que cualquier manera de facilitar acceso está bien”. Eso sí, Kemp sigue sin “estar convencida de que las pruebas IgG [de antígenos] sean una avenida fructífera. Creo que no son siempre una manera fiel de medir la inmunidad o si alguien ha pasado el virus y aportan muy poco”.
Ensayo en Galicia
En España ya hay farmacias que han hecho pruebas de la covid. A mediados de octubre la Xunta de Galicia y el Colegio de Farmacéuticos de Ourense llegaron a un acuerdo, pionero en España, para realizar los test serológicos en las boticas, una medida que generó el malestar de diversos colectivos sanitarios. El Consejo Gallego de Colegios Médicos advirtió de que las pruebas de antígenos deben ser prescritas siempre por un médico y realizarse en el entorno asistencial adecuado para ello, no en un establecimiento comercial, y cuestionó además el valor sanitario del cribado de los test serológicos. De la misma forma, distintos colectivos de enfermería han protestado contra esta decisión de la Xunta que tildan de “fiasco” cuestionando su fiabilidad y su valor como estudio epidemiológico, informa Cristina Huete. No obstante, los farmacéuticos orensanos valoran positivamente la experiencia, que finalizará el 4 de diciembre, fecha en la que se harán públicos los datos del estudio.
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