Sanidad prohíbe fumar a menos de dos metros de otra persona en la calle y decreta el cierre de discotecas

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Sanidad ha decretado este viernes el cierre de discotecas y bares de copas en toda España, según ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras reunirse de urgencia con las comunidades autónomas ante el avance de la pandemia. Además, el horario de cierre de bares y restaurantes será a las 01.00 como máximo, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00.00 y no se podrá fumar al aire libre si no se mantiene una distancia de dos metros. Esta medida ha sido impulsada por las comunidades. El miércoles la anunció Galicia, y este jueves lo hizo Canarias. Aunque Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias le quitó este mismo jueves valor para prevenir la expansión de la enfermedad, su implantación se ha adoptado por unanimidad pensando que era lo mejor, ha defendido Illa esta mañana. El acuerdo no incluye una fecha máxima para su entrada en vigor, aunque esta será con “la mayor brevedad” posible, en palabras del ministro, ya que depende de que cada comunidad lo traslade a su reglamentación.

“Les anuncio que hemos decidido adoptar por primera vez actuaciones coordinadas en materia de salud pública y estas medidas han sido aceptadas por unanimidad”, ha señalado el ministro. Son un total de 11, entre las que se encuentran también la necesidad de garantizar la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros en los locales para el servicio en barra y para el consumo en mesa. Y, también en el ámbito de la hostelería, se limita el número de personas por mesa a un máximo de diez.

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En los centros sociosanitarios, se limitan las salidas de los internos y las visitas a una persona por residente y con la duración máxima de una hora al día. Una medida que se podrá exceptuar, ha indicado Illa, en el caso de pacientes “al final de sus vidas”. Se harán PCR a los nuevos residentes y trabajadores que lleguen a un centro sociosanitario. Habrá que redactar una evaluación de riesgo antes de cada acto multitudinario. Y el ministro ha insistido en recordar que el botellón ya está prohibido en España, y ha animado a las comunidades a actuar contra ese fenómeno con rigor.

Illa también ha anunciado que se establece la obligación de hacer cribados con PCR a grupos específicos en caso de que haya un brote epidémico. Por ejemplo, en centros sociosanitarios, en barrios, en centros educativos si fuera el caso.

Por último, el ministro ha añadido varias recomendaciones: la ciudadanía debe limitar los encuentros sociales a sus grupos de convivencia estable y a un máximo de 10 personas. También se aconseja que en los centros sociales y residencias se hagan PCR de forma periódica para asegurar que no hay ningún trabajador con coronavirus.

“Estas medidas son un mínimo, no un máximo. Las comunidades pueden tomar medidas más restrictivas”, ha apuntado Illa. El anuncio de Sanidad llega en un momento especialmente delicado. Por un lado, los datos de evolución de la pandemia en España continúan empeorando. Este viernes las comunidades han reportado 2.987 contagios en 24 horas. Hay que remontarse a los momentos duros de la crisis a finales de abril para encontrar cifras superiores de nuevos casos. Esta situación llevó a nueve sociedades científicas a emitir el jueves un comunicado en el que advertían de un posible colapso del sistema sanitario similar al de abril-mayo de este año, aunque el jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, lo descartó y dijo que actualmente solo el 3% de los recursos hospitalarios estaban dedicados a pacientes con covid. Este viernes ha sido el Consejo general de Enfermería el que ha instado a “actuar con urgencia para frenar el aumento sin control de positivos porque el sistema y los sanitarios no aguantarán una segunda ola”.

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Todas las comunidades están sometidas a brotes más o menos extensos. En total hay 837 activos, según el último recuento de Sanidad, con más de 9.200 afectados. Esta situación ha llevado a que algunas comunidades hayan decretado confinamientos perimetrales (dentro de su territorio, pero pudiendo salir de casa). Pero estas medidas tienen que ser autorizadas por un juez, y no siempre la decisión de este coincide con lo pedido por las autoridades autonómicas, como ha sucedido con la idea de la Junta de Castilla y León de confinar dos semanas Aranda de Duero (Burgos), un plazo que el juez rebajó a una semana.

Facua-Consumidores en Acción ha sido de las primeras organizaciones en reaccionar y, tras valorar las medidas, ha pedido que haya suficientes inspectores para asegurarse de que se cumplen.

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