Colombia, Brasil y México encabezan la lista negra de asesinatos de ecologistas

América Latina consolida el deshonroso título de ser la región más peligrosa del mundo para los defensores de la tierra. A pesar de haber sellado un histórico acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, Colombia lidera por mucho los asesinatos de líderes ambientales, una lista negra que también incluye en los primeros lugares a Brasil y México, de acuerdo con el más reciente informe de la organización ecologista Global Witness, que registra un número récord de 212 de estos crímenes durante el año pasado.

De la mano con el incesante asesinato de todo tipo de líderes sociales, un desangre que el Gobierno de Iván Duque ha sido incapaz de detener, en Colombia también campea la impunidad con respecto a los ecologistas que defienden sus territorios: 64 fueron asesinados en 2019. Es la mayor cifra reportada para el país y más del doble con respecto a la del 2018.

Con costas en dos oceános, cerca de la mitad de los páramos del planeta y la mitad de su territorio revestido por selvas y bosques tropicales, Colombia se enorgullece de sus muchas riquezas ambientales. Pero el país también sigue siendo el lugar de América Latina donde se asesinan a más defensores de derechos humanos, como advertía en marzo la ONU. Más de tres años después de la firma de los acuerdos de paz persisten los crímenes contra líderes sociales, una categoría que incluye presidentes de juntas de acción comunal, sindicalistas, campesinos, indígenas y un amplio rango de ambientalistas, así como reclamantes de tierras despojadas por grupos armados ilegales.

“Grupos del crimen organizado y paramilitares –muchos de los cuales se han apoderado de áreas anteriormente controladas por las FARC–, son responsables de un alto porcentaje de los asesinatos que documentamos”, señala Global Witness. Las recomendaciones al Gobierno de Colombia de organizaciones como Fuerza de Mujeres Wayuu y el Programa Somos Defensores, que recoge el informe, incluyen implementar todas las disposiciones de los acuerdos, entre ellas el programa de Reforma Rural Integral “que garantiza la integración económica de las comunidades rurales pobres a través de la titulación de tierras y la extensión de los servicios estatales a las comunidades rurales”.

El peligro de la minería

La situación en el resto de la región también es dramática, como evidencia el informe Defender el mañana, que destaca el papel crucial de los ecologistas para enfrentar el cambio climático. De los siete países más peligrosos para defender la tierra, seis son latinoamericanos. A Colombia le sigue Filipinas, con 43 asesinatos, pero después vienen Brasil (24), México (18), Honduras (14), Guatemala (12) y Venezuela (8). Honduras es además el país con el mayor aumento en el porcentaje de ataques letales con respecto al año anterior, y también el que registró la mayor cantidad de homicidios per cápita. América Latina concentra más de dos tercios de los asesinatos, y más de la mitad de todos los casos de la región están relacionados con comunidades afectadas por la minería, detalla el documento.

“La agroindustria y el petróleo, el gas y la minería aparecen como los principales detonantes de los ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente”, señala la encargada de campañas de Global Witness, Rachel Cox. “Al mismo tiempo, son las industrias que propician el cambio climático a través de la deforestación y el aumento de las emisiones de carbono”.

Brasil sigue siendo el tercer país más peligroso para activistas y defensores. Al menos 24 personas fueron asesinadas en 2019, frente a 20 en 2018. Sin embargo, hasta 2017, cuando 57 fueron asesinadas, el país era el primero más peligroso del mundo para los activistas ambientales. El desplome de las cifras en los últimos años coincide, según la ONG, con la caída de las tasas de homicidios en todo el país.

Indígenas sin protección en Brasil

Esta vez, Global Witness destaca que, en 2019, el 90% de asesinatos de los activistas en Brasil se ha producido en la Amazonia. Entre los casos más conocidos están los disparos que mataron a Paulinho Guajajara, de 26 años, el pasado 1 de noviembre. El hombre era uno de los líderes más importantes de los indígenas Guajajara y miembro de los Guardianes de la Selva en el Estado de Maranhão. El grupo lucha contra las bandas criminales que buscan invadir y destruir los territorios indígenas.

La ONG hace hincapié en que el país ha sido la cara más visible de la negligencia hacia el medioambiente, una vez que “las políticas agresivas del presidente Bolsonaro para estimular la minería en escala industrial y la agroindustria en la Amazonia han tenido consecuencias graves para la población indígena, así como para el clima global”. También subraya que la destrucción de las tierras indígenas se disparó un 74% entre 2018 y 2019. Y recuerda que Bolsonaro está entre los lideres internacionales que criminalizan las protestas pacíficas de los activistas y defensores del medioambiente.

Samir Flores, baleado afuera de su hogar, fue uno de los 18 ecologistas asesinados el año pasado en México, que ocupa el cuarto lugar entre los países más violentos para quienes defiende los recursos naturales. Las balas tenían el objetivo de silenciar su voz y su lucha, pues Flores se oponía a que se construyera una planta termoeléctrica en la localidad de Yecapixtla, en el Estado de Morelos, y un gasoducto de 160 kilómetros. Vivía en el poblado de Almilcingo, donde era respetado por sus vecinos debido a su vehemente defensa de los recursos naturales y valiente postura contra el proyecto, que denunciaba en su programa de radio comunitaria.

El presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado 12 días antes del homicidio una consulta en 24 municipios por donde pasaría el gasoducto. El 20 de febrero fue asesinado Flores. El mandatario lamentó el crimen y dijo que posiblemente estaba destinado a intimidar y entorpecer la consulta que había prometido, mientras asociaciones de indígenas culparon directamente al Gobierno y exigieron que se esclareciera lo sucedido en un país con altos índices de impunidad.

El desproporcionado impacto sobre los indígenas es un aspecto inocultable de los agresiones. Más de un tercio de los ataques mortales apuntan a esas comunidades, “cuyas habilidades de gestión de la tierra y el agua son cruciales para combatir la crisis climática y la pérdida de biodiversidad”, subraya Defender el mañana, a pesar de que representan solo el 5% de la población mundial. “Progresivamente, las investigaciones demuestran que las tierras gestionadas por indígenas tienen menores tasas de deforestación y mejores resultados de conservación que aquellas zonas de protección que excluyen a los pueblos indígenas”, apunta.