Murcia aprueba una ley para proteger el mar Menor que limita los fertilizantes y obliga a restituir regadíos ilegales

PP, PSOE y Ciudadanos han consensuado este miércoles en la Asamblea Regional de Murcia la nueva ley de Recuperación y Protección del mar Menor que tiene entre sus principales novedades la ampliación de 500 a 1.500 metros de la franja de especial protección y restricción de uso de fertilizantes en torno a la laguna salada, la prohibición de nuevos invernaderos en esa área o la obligación de restituir los regadíos ilegales. Sin embargo, la nueva norma no ha contentado ni a los grupos ecologistas y sociales, que la consideran insuficiente para recuperar la albufera –en una delicadísima situación–, ni al sector agrario, que opina que llevará a la desaparición de la agricultura en la zona.

El mar Menor lleva décadas absorbiendo los vertidos procedentes de esas prácticas, que los científicos señalan como la causa de, al menos, el 80% de la contaminación que llevó en 2016 al colapso total de la laguna. Tras una ligera recuperación en los años siguientes, los episodios de lluvias torrenciales del pasado otoño han llevado de nuevo al límite a ese ecosistema único en el que, en los últimos meses, se han vivido situaciones dantescas como la muerte masiva de peces por falta de oxígeno. La acumulación de lodos es a día de hoy una realidad en las playas de la zona y, según el último informe del Instituto Español de Oceanografía, el problema se ha hecho crónico y tardará décadas en recuperarse.

La nueva norma viene a sustituir al decreto aprobado en diciembre de 2019 que PSOE y Ciudadanos forzaron a que se tramitara como proyecto de ley con el objetivo de poder modificarlo a través de enmiendas, como así ha sucedido. Ambos partidos, junto con el PP, han consensuado más del 80% de las modificaciones presentadas al texto, en torno a un centenar, que incluyen cambios como la obligación de informar anualmente del grado de ejecución y cumplimiento de la ley o la reducción del plazo de cinco a tres años para aprobar un Plan de Ordenación Territorial de la zona. Con la finalidad de reducir el impacto de los vertidos agrarios, se han introducido enmiendas para promover la progresiva transformación de la actividad agrícola hacia los cultivos de secano y la agricultura sostenible y de precisión, y se obligará a restituir ambientalmente los regadíos ilegales, que preferentemente se convertirán en terrenos forestales para absorber nitratos y escorrentías.

El acuerdo estrella ha sido la modificación del artículo 29, que establecía una franja libre de fertilizantes de 500 metros en torno a la laguna. Con la nueva ley, la franja llega hasta los 1.500 metros, si bien la prohibición agrícola no es total: según el texto, en ese kilómetro adicional queda prohibido el uso de fertilizantes, estiércoles no compostados o abono en verde y la implantación de nuevos invernaderos o la ampliación de los ya existentes, pero se especifica que se permitirán los cultivos de secano, la agricultura ecológica y la “sostenible y de precisión” en riegos consolidados y que no excedan de los 170 kilos de nitratos por hectárea al año.

Para Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción, en la práctica el artículo permite mantener el modelo agrícola tal cual funciona actualmente. “Se han inventado un término fuera de toda lógica, como es el de agricultura sostenible de precisión, para camuflar como sostenibles las prácticas actuales de riego intensivo de los cultivos industrializados”, advierte, por lo que considera que “el titular de la ampliación de la protección es un engaño” porque en realidad no se están prohibiendo los cultivos.

“Se han inventado un término fuera de toda lógica, como es el de agricultura sostenible de precisión, para camuflar como sostenibles las prácticas actuales de riego intensivo de los cultivos industrializados”, dice Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción

Pedro Luengo, Ecologistas en Acción

Similar consideración hace Ramón Pagán, químico y miembro coordinador de la plataforma Pacto por el mar Menor, que recuerda que la labor de la franja libre de fertilizantes era la de actuar como “filtro verde” capaz de absorber los aportes de nitratos de toda la cuenca del Campo de Cartagena. “Pero si en esa franja sigue habiendo fertilizantes, se pierde por completo la eficacia”, lamenta. De hecho, recuerda que la pasada semana la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), tras declarar que el acuífero subterráneo que atraviesa la comarca está en riesgo químico por la contaminación de nitratos que acumula, planteó medidas “más restrictivas” que las que propone la ley aplicando normativas europeas.

Las medidas anunciadas por este organismo generaron el enfado del consejero murciano de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, algo que la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) califica de “asombroso”, después de que la comunidad autónoma lleve meses reclamando que el Estado asuma sus responsabilidades y tome medidas de protección. Para su presidente, Pedro García, esas medidas propuestas por la CHS, junto con la nueva ley, sí podrían suponer un primer paso en la mejora de la protección de la laguna, pero advierte de que durante décadas el problema de la laguna no ha sido tanto la falta de leyes de protección, como su incumplimiento. Por eso, insiste en que la eficacia de la norma solo podrá valorarse en función de cómo se ejecute, por ejemplo, en lo relativo a los regadíos ilegales, unas 10.000 hectáreas, lo que supone el 20% del total de los cultivos de la zona.

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Las principales organizaciones de productores agrarios, como COAG, UPA o ASAJA, han emitido un comunicado conjunto en el que reconocen la existencia de esos regadíos sin licencia y los “condenan sin paliativos”, pero advierten de que ligar todas las soluciones para el mar Menor a las restricciones a la agricultura es una “irresponsabilidad” que no mejorará la situación ambiental de la zona si no se atajan también los vertidos urbanos, los deportes náuticos a motor o no se ejecutan obras hidráulicas para atajar avenidas en episodios de lluvias.

En el mismo sentido, Natalia Corbalán, directora de la Fundación Ingenio, que representa a unos 10.000 agricultores y medio centenar de empresas agroindustriales del Campo de Cartagena, lamenta: “El 70% del articulado de la ley nos señala con el dedo acusador”. Corbalán reconoce que la agricultura “tiene un impacto en la laguna”, pero advierte de que las medidas que incluye la ley “no supondrán una mejora” de su estado pero harán inviable el sector. En su opinión, en este caso “se ha legislado con arrebato”, pero sin tener en cuenta criterios científico-técnicos que avalen las medidas propuestas y comparte una misma queja con los grupos ecologistas y sociales: los grupos parlamentarios les han recibido y escuchado, pero no han incorporado ninguna de sus propuestas.