La crisis del coronavirus

El estudiante forastero encuentra quien le ayude

Nueve universidades se comprometen a prestar medios y espacios o examinar a alumnos matriculados en otras regiones

Alumnos de la Universidad de la Rioja, en 2018. / UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
Alumnos de la Universidad de la Rioja, en 2018. / UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

Desde hace semanas las universidades piden un salvoconducto para que sus alumnos puedan volver a por sus apuntes y ordenadores, pero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se niega en rotundo. El titular del ramo, Manuel Castells, también ha intercedido, claro que a su estilo. “Se fueron alegremente con sus familias o a lugares más divertidos que el lugar en el que estudiaban”, se mofó en el Congreso de los Diputados. Ante este panorama de confinamiento, el Grupo 9 Universidades —compuesto desde 1997 por nueve instituciones públicas que son las únicas de este tipo en su región— ha firmado un plan que beneficiará a cientos de alumnos —de un total de 170.000— que pasan el confinamiento en una autonomía distinta a la de estudio. En la Asamblea General de CRUE (conferencia de rectores), celebrada el miércoles en remoto, Julio Rubio, rector de la Universidad de la Rioja y presidente del G9, animó a sus homólogos a sumarse a su iniciativa.

Las universidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Oviedo, País Vasco, Pública de Navarra, La Rioja y Zaragoza se comprometen a “dar el mismo apoyo al estudiantado desplazado que al propio, cuando haya constancia de dificultades de conectividad o tecnológicas”, se afirma en el acuerdo. También, si se habilitan las codiciadas aulas informáticas, podrán usar las dependencias. Estos días la Universidad Pública de Navarra, por ejemplo, va a prestar ordenadores a dos alumnos de la Universidad del País Vasco que se encuentran en la comunidad foral, y la de Cantabria a otros dos universitarios de la UPV-EHU. Aunque este es solo el comienzo.

Además, si dos universidades pretenden celebrar exámenes presenciales —casi todas los harán online— se “dispondrá si es posible un espacio con las convenientes condiciones de seguridad y custodia, para que la persona desplazada pueda realizar su examen”. Una portavoz de la Universidad Complutense —que no forma parte del G9— explica que su institución “estudia esta posibilidad” para examinar a sus alumnos de Medicina que se encuentren en las islas Canarias o Baleares y “justifiquen los impedimentos para desplazarse” a Madrid para la evaluación.

“No están las universidades privadas en el acuerdo porque al final las facilidades que damos son con dinero público”, detalla el rector de La Rioja. “En comunidades más grandes que las del G9 aplicarlo es más difícil”, reconoce Rubio. “Los alumnos están soportando una tensión muy grande. Hay desplazados cuya residencia no es la habitual y se han dejado todo el material en el piso o el colegio mayor… Y otros se han ido a pueblos pequeños con problemas de conectividad”, prosigue.

Ante la indignación de los aludidos en el Congreso, el lunes, el ministro Castells envió una carta de disculpa a la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP): “Les presento a ustedes mis excusas sinceras por el tono tal vez frívolo, aunque involuntario, en el que comenté su dramática situación”.

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