La crisis del coronavirus

Los universitarios se rebelan: “No se dan las condiciones para examinarse”

Muchos estudiantes denuncian desidia de una parte de los profesores para terminar el curso ‘online’ y en Galicia se organizan para demostrar que el campus virtual colapsa

El universitario Miguel García, a la izquierda, y sus compañeros de piso, que siguen una huelga telemática en la Universidad de Santiago.
El universitario Miguel García, a la izquierda, y sus compañeros de piso, que siguen una huelga telemática en la Universidad de Santiago.OSCAR CORRAL / EL PAÍS

Hace una semana, el ministro de Universidades, Manuel Castells, fue meridiano en su llamamiento desde el palacio de La Moncloa: “Hay que consultar rápidamente a los estudiantes [sobre la evaluación a distancia], pero no en dos meses, cuando el curso haya fracasado”. Y ahondó con su sorna habitual: “Quizá algún profesor —porque las personalidades siempre varían— puede decir: con los problemas que tenemos, ¿además tenemos que ponernos de acuerdo con los alumnos? Pues lo siento, pero sí, porque si no, no funcionará el sistema”. Con ese vértigo del curso fracasado del que hablaba Castells, se mueven ahora los rectores. Hoy es el día D, termina el plazo que se marcaron para explicar a los alumnos cómo se les va a puntuar —con la tarea diaria a través de trabajos o con un examen final—, porque el aprobado general está descartado.

Las redes sociales son un hervidero de descontento diario. Muchos universitarios se sienten desamparados, temerosos de la repercusión de esta evaluación a distancia. “Un documento PDF con todos los temas que faltaban por dar no es dar clase online”, resumía el sentir de muchos un tuit del hashtag #EscuchaUCM que el jueves fue trending topic. Otro día alcanzó el pódium #LosMonosdelaUJA porque en Jaén se sintieron menospreciados durante una reunión con el rectorado.

“Al ministerio le hemos pedido que en este curso no se contemple la devolución de la beca por motivos académicos y, de cara al curso que viene, que se supriman los criterios académicos en su totalidad”, sostiene Carolina García, presidenta de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (Creup). “Entendemos que la nota media se puede ver afectada, que haya gente que no pueda aprobar por motivos diversos: haber contraído la enfermedad, estar cuidando a un familiar o estar trabajando…”. Un becado debe devolver la ayuda si no ha aprobado el 80% de los créditos (el 50%, en las carreras técnicas).

En el apartado de flexibilizar las becas hay consenso entre los universitarios, pero este se diluye ante el aprobado general. “El Sindicato de Estudiantes reivindicó la postura del apto general y todos los consejos estudiantiles nos mostramos en contra, tanto a nivel individual como en asociaciones como Creup”, prosigue la presidenta de este colectivo estudiantil. “Creemos que va en perjuicio de todos los alumnos, que es una solución a muy corto plazo que realmente va a perjudicar. Supondría no tener una formación mínima. Un aprobado general marca como la generación covid”, argumenta. Al ministro Castells la idea tampoco le convence: “No puede ser que los estudiantes decidan solos en una situación tan compleja, porque hay quien se aprovecha y hace propuestas demagógicas o ideológicas”.

Apto no computable

Paula Vidal, de 18 años, estudiante de Filosofía en la Complutense de Madrid, defiende la posición contraria desde un nuevo colectivo, Apto no computable, que surgió en su facultad y cuyo ideario se ha extendido. Ella es partidaria de que sigan las clases y que todos los estudiantes terminen el curso con una calificación de apto que no debería condicionar el expediente. Cree su colectivo que es la única medida no excluyente porque hay estudiantes sin medios técnicos (alrededor del 3%, según los cálculos de los rectores), enfermos, con problemas de ansiedad o al cuidado de familiares.

“En la Universidad de Barcelona pasó en 1975 porque hubo disturbios políticos y el Estatuto de los Estudiantes —el publicado en el BOE, no el de las universidades que está editado— nos ampara. Dice que el alumno tiene derecho a una evaluación justa y paritaria y es lo que no vamos a tener”, dice Paula. E insiste: “No somos unos vagos a los que nos vale con un cinco —por eso no hemos querido hablar de aprobado general, y sí de apto—, sino que creemos que no se dan las condiciones para examinarse”.

Desde la UCM explican que están escuchando a las asociaciones de estudiantes y que han “establecido un marco general de directrices para que a partir de ahí los centros puedan adaptarlas a sus necesidades y a las características de sus estudiantes y profesores”. Libertad para gestionar cada facultad en la universidad presencial más grande de España con 72.000 alumnos y 6.000 profesores.

Las universidades están permitiendo la desmatriculación de quienes justifican fuerza mayor para no seguir las clases, de forma que no les penaliza ni académica ni económicamente. Caso de fuerza mayor es el de Silvia Patiño, de 19 años. Estudia Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, pero el decreto de alarma la pilló con citas médicas en Ciudad Real, lejos de sus libros y apuntes. Ahora reside con sus abuelos en su pueblo, Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), porque su madre es sanitaria y han optado por distanciarse. Tira de datos en el móvil mientras espera que su universidad, que ya ha entregado 80 portátiles y 120 routers wifi a otros alumnos sin medios, le envíe un dispositivo de conexión.

“De algunas asignaturas doy el curso por perdido, no sabemos ni qué tenemos que estudiar. Estamos siendo autodidactas”, se lamenta Silvia, que pertenece también a Apto no computable. La Complutense tiene un amplio fondo bibliográfico digital al que se puede acceder desde casa (400.000 libros y 36.000 revistas), “pero hay muchos títulos de letras que no encuentras en ese formato”, aclara Silvia, que al menos tiene un portátil. Pese a cumplir los mismos umbrales de renta que el curso anterior, explica Silvia, este año el Estado no le renovó la beca y teme seguir sin ella. La UCM creó un fondo para ayudar a alumnos en situaciones problemáticas sobrevenidas en la anterior crisis y ahora planea ampliarlo.

Protesta

El foco más mediático e intenso es Galicia, donde los problemas de conexión se suman al descontento. El sindicato estudiantil Anega, que también aboga por el apto general, convocó una huelga el 19 de abril y la bronca ha ido en aumento. En la Universidad de Santiago y en la de A Coruña los estudiantes se han organizado para conectarse a la vez y demostrar que el campus virtual no puede soportar exámenes de varias facultades a la misma hora.

En ambos campus el sistema colapsó —también ha ocurrido en otras situaciones— “y las universidades nos han acusado de usar bots cuando para entrar necesitas una cuenta de la universidad”, se sorprende Miguel García, de 19 años, estudiante de Comunicación Audiovisual. “Eso ha hecho que nos sintamos más solos y ha crecido la indignación”. La versión de las universidades es distinta. La de A Coruña habla de “un ciberataque, que fue contenido a los 15 minutos, con un incremento de las conexiones del 600%” y la de Santiago, de un “ataque informático deliberado con 12.000 conexiones simultáneas que impidieron el acceso a muchos usuarios”.


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