Las Administraciones se conjuran para rescatar a los estudiantes empobrecidos

Los estudiantes que por causas sobrevenidas por el coronavirus se han quedado en paro o sin sostén familiar no tienen derecho a las becas del próximo curso porque no cumplen en este momento los requisitos económicos, ya que la referencia que se toma es la declaración de la renta de lo facturado en 2019. Un drama —que repite el patrón de la crisis de 2009— que podría dejarles fuera de las aulas. Por eso los ministros de Educación, Isabel Celaá, y Universidades, Manuel Castells, se van a reunir próximamente para buscar una solución a estos alumnos y en un plazo de dos semanas ambos discutirán de forma telemática con los 17 consejeros del ramo.

Castells anunció este encuentro este miércoles durante la conferencia general de política universitaria a la que asistieron a distancia los 17 consejeros. Murcia y Castilla y León, gobernadas por el PP y Ciudadanos, ya han mostrado su interés en cambiar los requisitos de las becas para hacerlas más asequibles.

Fuentes ministeriales explican que Universidades está haciendo distintas simulaciones para lograr esos fondos. Prueban con aumentar el umbral de la pobreza, retirar los requisitos académicos o subir la cuantía. Antes de la crisis sanitaria, el ministerio había calculado que bajar del 6,5 al 5 la nota media para disfrutar de una beca costaría 40 millones de euros y se mostraba dispuesto a hacerlo. Así se lo había transmitido a la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP). Pero el escenario ha cambiado mucho. La economía española se desplomará un 8% este año y el paro se disparará hasta el 20,8%, según el Fondo Monetario Internacional.

La coordinadora estudiantil pretende no solo que el 5 sirva para disfrutar de una beca de estudio, sino que pretende que los alumnos que este curso no aprueben el 50% de los créditos (el 40% en las carreras técnicas) no tengan que devolver el dinero. “Cada persona puede tener una situación completamente distinta. Hay problemas de conectividad y hay profesores que no están dando las clases telemáticas”, ahonda Laura Alcaide, portavoz de CREUP. “Cuelgan el powerpoint sin ningún material complementario que ayude a entender la asignatura”.

Este curso, el Gobierno quiso aumentar la partida de becas, pero los Presupuestos Generales del Estado no salieron adelante. Cuenta con 1.620 millones de euros. El curso pasado, 689.000 estudiantes de bachillerato, FP, necesidades de apoyo específico y universidad recibieron dinero en sus cuentas. Los universitarios solo representan un 25% de los becados, pero reciben casi la mitad de la partida (46%), porque la cuantía es mucho mayor al serlo también sus gastos de desplazamiento y hospedaje.

El Gobierno de la Región de Murcia envió este miércoles una carta a Castells pidiendo rebajar los requisitos de IRPF a los alumnos que entre marzo y junio de 2020 pierdan su trabajo o sean sometidos a un ERTE o lo sufran sus “sustentadores principales” (generalmente los padres). “Mantener los mismos baremos que en años anteriores podría llevar a muchos alumnos a abandonar los estudios”, sostiene su consejero Miguel Motas. Rocío Lucas, consejera de Educación de Castilla y León, defiende también ese rescate a los jóvenes e incluso se plantea bajar de nuevo las tasas universitarias de su comunidad.

La Generalitat valenciana, en manos de la izquierda, ya ha anunciado que aumentará la dotación de sus becas salario. Con estas ayudas, hasta 600 euros al mes, se compensa que los alumnos de familias modestas —que deben pasar de curso para mantener el salario— no aporten un sueldo a casa. Además, bajarán los requisitos académicos para disfrutar de una ayuda al estudio.

El Gobierno tiene que elaborar un nuevo decreto de umbrales de becas en el plazo máximo de mes y medio porque los trámites son largos. Desde que los estudiantes solicitan la beca —el plazo se cierra a mediados de octubre— hasta que reciben toda la cuantía (en dos fracciones, pues una parte es fija y otra variable) puede pasar más de medio año. Este curso, antes de la pandemia, la Administración pretendía concluir el pago de las becas en abril.

En paralelo a los Gobiernos central y autonómicos, las universidades han comenzado a movilizarse como ya hicieron en anteriores casos. En muchas, como las de Granada, Córdoba y Sevilla, se ha aplazado el pago de la última parte de la matrícula a quienes optaron por el abono fraccionado si no disponen de medios. En condiciones ordinarias la matrícula se bloquea con el impago.

Castells ha mostrado desde el principio de la legislatura su interés en rebajar las tasas universitarias, pero este deseo no está en su mano sino en la de las comunidades que se muestran dispuestas a ello si reciben más recursos. La crisis social y económica que emerge ahora pone de nuevo sobre el tapete esta opción.

Las universidades se movilizan para ofrecer apoyo económico

En paralelo a los gobiernos central y autonómicos, las universidades han comenzado a movilizarse como ya hicieron en anteriores casos. En muchas, como las de Granada, Córdoba y Sevilla, se ha aplazado el pago de la última parte de la matrícula a quienes optaron por el abono fraccionado si no disponen de medios. En condiciones ordinarias la matrícula se bloquea con el impago.

Las unidades de acción social se han puesto manos a la obra, aunque todavía los campus no han desvelado sus planes. La Universidad Pública de Navarra se sitúa en una comunidad rica y no muy azotada por la crisis sanitaria, pero ya ha empezado a recibir llamadas de auxilio. Begoña Pérez Eransus, su vicerrectora de Proyección Social, Cultura y Divulgación, relata que la institución cuenta con un fondo “muy rápido” para ayudar a sus alumnos en cualquier momento del curso y no solo en temas expresamente académicos. Aprovechando ese fondo la institución está subvencionando con ayudas de 300 a 400 euros a siete estudiantes “que antes vivían al día y no tienen ni para comer”.

Se trata de universitarias navarras que trabajaban en supermercados, cuidando niños o limpiando casas y que se han visto en el paro sin la prestación del ERTE. Todas están emancipadas y viven con sus parejas o con compañeros de piso y no pueden hacer frente al alquiler. “Los comedores universitarios son muy baratos y ahora tienen que hacer la compra. También lo notan en esto”, prosigue la vicerrectora, a quien le preocupan en especial los alumnos que deben ingresar en la universidad el curso que viene. Quizá, teme, sus expectativas bajen, cuando los estudios superiores son la mejor salvaguarda contra el paro y la precariedad. La Pública de Navarra también ha entregado dinero a doctorandos extranjeros para que mejoren su seguro médico, por el temor a que enfermen de coronavirus y no reciban el tratamiento adecuado.

En Granada, una provincia con una renta media mucho menor que en Navarra, la situación previsiblemente se agravará más. Su universidad tiene un fondo de contingencia para situaciones sobrevenidas que beneficia habitualmente a 400 de sus 58.000 alumnos. Pero este año serán muchos más. Ya son 800 los que se han puesto en contacto con el rectorado, que ha optado por ampliar el plazo para pedir las ayudas del 31 de marzo al 23 de abril. El presupuesto no está cerrado. “No vamos a permitir que ninguna persona se quede fuera. No hemos puesto un límite”, subraya un portavoz.

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