Las becas de este curso terminarán de abonarse en abril, un mes antes que en 2018

Una mejor coordinación entre Administraciones (de distintos colores políticos) va a permitir que las becas y ayudas al estudio de este curso terminen de abonarse a finales de abril, si todo sigue su curso. Es decir, un mes antes que el pasado año, mayo. Pero la demora sigue siendo larga. Desde que los estudiantes solicitan la beca —el plazo se cierra a mediados de octubre— hasta que reciben toda la cuantía (en dos fracciones, pues una parte es fija y otra variable) puede pasar más de medio año. Una eternidad para quienes no cuentan con recursos familiares y tienen que adelantar el dinero. El presupuesto total es de 1.620 millones de euros. El curso pasado 689.000 estudiantes recibieron dinero en sus cuentas. En el curso 2015-2016 los universitarios recibieron una beca media de 2.165 euros, lo que supone 340 euros menos que en 2011, cuando se alcanzó el máximo asignado.

"Todo el proceso se ha agilizado un mes", cuenta Diego Fernández-Alberdi, director general de Planificación y Gestión Educativa del Ministerio de Educación y FP. Este 15 de noviembre comenzó a abonarse la parte fija, de manera que ya la han cobrado 384.000 alumnos. El curso pasado, dice Educación —que gestiona también las becas universitarias—, eran a estas alturas 28.000 estudiantes menos los que habían recibido la parte fija porque el proceso de pago empezó el 11 de diciembre. La intención es que se abone a todos los beneficiarios la parte fija antes de mediados de marzo.

La gestión de las becas es mastodóntica. Solicitan la asignación un millón de alumnos de bachillerato, FP, necesidades de apoyo específico y Universidad. Estos últimos son solo un 25%, pero reciben casi la mitad de la partida (46%), porque la cuantía es mucho mayor al serlo también sus gastos. En un primer paso las 50 unidades provinciales, dependientes de los Gobiernos autonómicos, revisan las solicitudes de los escolares y descartan a quienes no cumplen los requisitos académicos (ir aprobando). Lo mismo hacen, pero en su caso con los universitarios, las unidades de becas abiertas en 80 campus. Esta información se cruza con la de la Agencia Tributaria, que proporciona los datos de renta. En función del dinero con el que cuente en ese momento, el Estado va pagando las becas por oleadas (se conocen como explotaciones) de entre 30.000 y 50.000 becas tras pasar por el control de Intervención.

Junto al personal de las unidades de becas provinciales y de las universidades (públicas y privadas) trabajan durante seis meses 500 colaboradores, enviados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que ayudan a revisar las solicitudes. En esta ocasión, han empezado a trabajar a principios de octubre, cuando en 2018 no se incorporaron hasta el 3 de diciembre. "Hay más de 1.000 personas trabajando, pero hay un millón de solicitudes y es muy complejo el proceso, porque hay muchas variables y requisitos que hay que ir mirando", relata el director general de becas. Cuando termine el proceso de abonar la parte fija, se cuantificará cuánto dinero queda de la partida presupuestada. Y en función de la renta familiar y el expediente académico de cada alumno, se repartirá de nuevo este remanente. En esta segunda entrega la cantidad es variable. A más becados, menos dinero se ingresa a cada joven.

Todo el calendario se ha adelantado un mes. La convocatoria de las becas se tramitó en junio, en vez de julio; el decreto de umbrales —que establece con qué renta se puede obtener una beca— también se publicó un mes antes, el plazo de solicitudes se ha cerrado una o dos semanas antes y la reunión de septiembre con las comunidades se adelantó tres semanas. "Hemos hecho un avance de informática. El año pasado las solicitudes de becas se recibían hasta el 15 de octubre, pero no podían empezar a tramitarlas hasta después. Y este curso se ha empezado el 1 de septiembre con las de agosto gracias a un cambio informático", cuenta el director general que negocia con  la Agencia Tributaria tener los primeros datos fiscales de las familias a finales de julio y no en septiembre.

50.000 becados han recibido esta semana un correo electrónico en el que les han informado de que en enero o febrero ingresarán en sus cuentas la parte fija. Este documento informativo de concesión de beca es vital porque les exime de pagar las tasas académicas. Lo que no les han notificado es el importe asignado, porque no se sabe aún cuál será el sobrante tras el reparto de la parte fija. "La cantidad no suele variar de un curso a otro, pero hay que encontrar la forma de reducir esa incertidumbre", reconoce Fernández-Alberdi. Existe un simulador para hacerse una idea.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha denunciado que esa duda sobre la concesión de la beca "puede resultar clave a la hora de decidir si se cursan los estudios universitarios". En el Observatorio de Becas las asociaciones de estudiantes no se cansan de reclamar que se les informe con tiempo. Mientras el Consejo Escolar del Estado, que representa a toda la comunidad educativa, cree “necesaria una profunda modificación” del sistema de becas, que después de la reforma de Wert en 2012, “tiene efectos negativos sobre la equidad”, especialmente sobre los alumnos con menos recursos económicos.

"A nosotros nos gustaría cambiar el modelo, pero mientras no tengamos Gobierno y presupuestos no podemos cambiar el sistema. Una de las cosas más importantes es que se concedan antes las becas y todo el mundo sepa cuánto va a recibir", se defiende Fernández-Alberdi. "Queremos también mejorar las cuantías fijas, que todavía están por debajo de 2011 y queremos reducir la incertidumbre de la parte variable", concluye