Castells propone a las comunidades que rebajen las tasas universitarias pero no concreta fondos extra
El ministerio estima que la crisis puede provocar que miles de estudiantes abandonen los estudios. 14.000 no han abonado la última parte de la matrícula fraccionada de este curso
El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha propuesto este jueves en el seno de la Conferencia General de Política Universitaria a los 17 consejeros que comunidades con tasas universitarias de grado muy altas (como Cataluña, Madrid, Castilla y León y La Rioja) las bajen para “armonizarlas” con el resto de regiones. Hoy, por ejemplo, un estudiante gallego o canario abona de media 720 euros por curso —las tasas más baratas— frente a los 1.980 de Cataluña o los 1.440 de Madrid, las más caras. Sin embargo, Castells no ha concretado con qué fondos extra contarían estas comunidades para rebajar los precios.
Los fondos podrían salir, explica una portavoz del ministerio, de los 16.000 millones adicionales que van a recibir las autonomías. Pero tres horas más tarde Castells ha metido en la ecuación al Ministerio de Hacienda. “Las comunidades preguntan: ¿Nos va a dar dinero Hacienda? Pues no es un imposible, pero para saber si es posible o no yo necesito un numerito de lo que costaría. Hacienda puede pagar según qué niveles y según qué cosas”, ha argumentado el ministro y sociólogo. “El trato es, ustedes [los consejeros] me dan un numerito y yo veo con Hacienda hasta dónde pueden llegar”.
Fuentes del ministerio calculan que bajar las tasas de grado en primera matrícula costaría 100 millones de euros. Este departamento cree que las autonomías no han hecho unos cálculos reales y les han pedido que vuelvan a hacerlo. Con una caída del PIB del 6,5% al 13% el margen de maniobra no parece grande.
Los Gobiernos autónomos disponen de 10 días, hasta la próxima conferencia, para estudiar sus números y detallar al ministerio cuánto necesitarían para asumir el sobrecoste. Sin dinero extra, las comunidades ya anunciaron que no podrían menguar los precios. En 2012 el ministro José Ignacio Wert (PP) forzó a las autonomías a subir las matrículas al decretar que los alumnos debían de pagar entre el 15% y el 25% del coste total de su plaza en la Universidad y eso provocó un aumento de hasta un 66% en las tasas (540 euros) —un 31,5% de media― y agrandó la brecha de precios entre comunidades. El resto de la matrícula, unos 6.000 euros, los sufraga el Estado.
El acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Podemos para esta legislatura ya preveía un recorte en las tasas universitarias a los niveles del curso 2011-2012, pero la crisis económica sobrevenida por la pandemia ha avivado el interés en bajar los precios. Muchos estudiantes empobrecidos de repente tendrán problemas para hacer frente a las matrículas y las becas de estudio toman como referente la renta familiar de 2019, que fue muy distinta a la de 2020.
Castells explicó el pasado febrero —antes de la pandemia— en el Congreso que “en algunas de las comunidades abandona los estudios más de la cuarta parte de los universitarios”, lo que supone “un verdadero despilfarro y un trauma psicológico”. Por eso se ha puesto en marcha un estudio estadístico y cualitativo. “Nuestra hipótesis es que el abandono es de índole económico y no de rendimiento académico”, argumentó entonces. Esta deserción de las aulas tiene visos de ir a más en el contexto de una nueva y aguda crisis económica. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles en el Congreso que 14.000 universitarios no han abonado la última parte de su matrícula fraccionada. Las universidades han permitido a los alumnos demorar el pago hasta diciembre —el pasado curso no hubiesen podido examinarse— pero no les han exonerado del abono. Cada caso se estudiará de forma individual.
Cataluña, que fue pionera a la hora de aumentar el precio de las matrículas un 66% en 2012 y convirtiéndolas en las más caras de España, ha decidido recular parte de este tasazo y, si nada se tuerce, el curso que viene las tasas serán un 30% más baratas. Desde hace ocho años, las reivindicaciones para reducir los importes universitarios han sido constantes. Incluso se han aprobado mociones en el Parlament que la Generalitat ha desoído reiteradamente. Finalmente, en un contexto económico más favorable, el Govern decidió aumentar la financiación de las universidades, el punto clave para poder reducir las tasas. Y es que, con los recortes de 2011, rectores y Generalitat pactaron la subida de las matrículas para compensar el tijeretazo de la aportación pública. El pasado 24 de abril, el Parlament aprobó finalmente los Presupuestos de 2020, que incluyen un aumento del 10% de la aportación básica a las universidades públicas, pasando de los 800 millones del pasado año a los 882 para el actual. Con todo, esto no se traduce en una reducción de las tasas. Habrá que esperar a que se publique el decreto de precios —entre finales de junio y principios de julio— para que ello sea oficial.
La Comunidad de Madrid (PP y Ciudadanos), la segunda comunidad con tasas más altas —pese a haberlas reducido en dos ocasiones—, se muestra recelosa del resultado de las negociaciones. “A nosotros nos preocupa mucho que los más vulnerables tengan dificultades de acceso a la Universidad, ese es el objetivo sobre el que trabajar y no tratar de colocar a las comunidades autónomas la responsabilidad de un anuncio electoral”, sostienen fuentes de la consejería.
Una portavoz del Gobierno de Castilla y León (PP y Ciudadanos) explica que la región “lleva dos años consecutivos bajando tasas con el compromiso de situarnos en la media nacional”. Y agrega: “Castilla y León ha pedido al ministerio que mientras llega su propuesta y debido a que los plazos apremian, que se plantee hacer un régimen transitorio”. La comunidad parte del hecho de que el Estado asumirá el impacto presupuestario.
Pasada la anterior crisis económica, muchos Ejecutivos regionales han ido suavizando los precios de 2012 y otros incluso han ido más lejos. En Andalucía los socialistas decidieron en 2016 bonificar el 99% de las matrículas de todos los que no disfruten de una beca del Estado. De forma que un alumno andaluz que aprueba todo, no abona matrícula en tres de los cuatro cursos de la carrera (2º, 3º y 4º). El Gobierno actual (PP y Ciudadanos) no ha hecho ningún cambio en este modelo de tasas. Siguiendo el ejemplo de Andalucía, en Aragón (PSOE y Podemos) se bonifica el 50% de la matrícula a los no becados que aprueben al menos la mitad de los créditos. Mientras que Galicia lleva con las tasas congeladas nueve años.
La OCDE considera que los universitarios no deberían de abonar más de un 15% de la plaza. España se encuentra entre los países con tasas más altas de Europa. En los países nórdicos, la Europa central y Grecia estudiar es gratuito o las tasas son mínimas. En Francia no llegan a los 500 euros al curso. Italia cobra unas tasas parecidas a las españolas (hasta 1.500 euros), mientras que el Reino Unido (salvo Escocia) e Irlanda cuentan con las más costosas.
La conferencia de rectores (CRUE) ve con buenos ojos la bajada de tasas siempre que las comunidades autónomas compensen con fondos ese recorte, y mientras el Gobierno no deje de aumentar las becas para los más vulnerables. La situación de la Universidad pública era ya crítica. Según sus cálculos, los campus invierten 100 millones al año en ayudas a los estudiantes en mala situación económica, pese a que su financiación, aseguran, es aún un 6% menor que en 2008.
En la anterior legislatura, con Pedro Duque al frente de Universidades, el ministerio calculó que inyectando unos 950 millones al presupuesto en cinco años ningún estudiante pagaría primera matrícula en un título superior, pero con la crisis de por medio esta idea parece imposible de cumplir.
