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El Govern desoye al Parlament y no rebajará un 30% las tasas universitarias

Universidades condiciona a la aprobación de los presupuestos una disminución del precio de matrícula según el nivel de renta

Jessica Mouzo
Manifestación contra las tasas universitarias, en 2017.
Manifestación contra las tasas universitarias, en 2017.Albert Garcia

El reiterado mandato del Parlament catalán de reducir un 30% el precio de las matrículas universitarias ha vuelto a caer en saco roto. Las tasas académicas están congeladas desde 2012, cuando el Govern de Artur Mas aplicó una subida de hasta el 66% en el precio de los créditos de las carreras. Desde entonces, los estudiantes han reclamado una reducción de las tasas y el Parlament lleva desde 2016 instando al Govern a cumplir lo acordado en la Cámara: una rebaja del 30%. Sin embargo, tampoco este año se obedecerá el mandato. El secretario de Universidades, Francesc Xavier Grau, ha confirmado que la Generalitat no aplicará una rebaja lineal de las tasas y ha condicionado a la aprobación de los Presupuestos una eventual reducción en un grupo de alumnos según el nivel de renta familiar.

El aumento de las tasas universitarias en 2012 en Cataluña fue el más alto de toda España —los precios de las carreras llegaron a incrementarse en 500 y hasta 1.000 euros—. Para compensarlo, la Generalitat articuló una especie de sistema de tarificación social con un programa de becas (las Becas Equitat) a través del cual la Generalitat financiaba una parte de la matrícula a los alumnos según su nivel de renta. En función de los ingresos familiares, los estudiantes pagaban más o menos de su matrícula. 

La comunidad educativa exigió en numerosas ocasiones una rebaja lineal de las tasas y el Parlament ordenó en 2016 que se redujeran un 30% el precio de las matrículas. Pero la Generalitat siempre hizo caso omiso a los mandatos de la Cámara y rechazó de pleno una rebaja lineal alegando que la tarificación ayudaba a compensar la bolsa de becas para los alumnos con mayores dificultades económicas. Es decir, que la rebaja real del 30% de los precios pondría en peligro la viavilidad de las becas Equitat, que garantizaban el acceso a los alumnos con menos recursos. Los estudiantes denunciaron que el sistema de becas que el Govern aplicó como una medida puntual para paliar los efectos de la subida de precios, se convirtió en una excusa para "desobedecer el mandato del Parlament".

En 2017, el Govern anunció una reducción del 30% de las tasas a los estudiantes de los tramos de renta más bajos. Aunque, en realidad, esta rebaja no se hacía sobre el precio real de un crédito de una carrera —que sigue siendo el mismo que en 2012—, sino que se trataba de un aumento de la parte que subvencionan las becas Equitat. Con todo, esta rebaja de tasas a los tramos de renta más baja ha sido tachado de insuficiente por parte de la comunidad educativa, que mantiene la demanda de una rebaja lineal del 30%.

El secretario de Universidades, por su parte, ha vuelto a rechazar la reducción del 30% del precio real de los créditos universitarios y ha apostado por aumentar las becas Equitat a los estudiantes cuya renta familiar (en una casa de cuatro miembros) es inferior a 50.000 euros al año. Además, ha abogado por reforzar las llamadas becas salario para que entren al sistema más alumnos que no podrían dejar de trabajar para empezar sus estudios. 

Grau aseguró que el Govern quiere destinar hasta un millón de euros para reducir el 30% lo que pagan por la matrícula los tramos intermedios de renta, otros 9,5 millones para establecer becas salario con las que se beneficiarían hasta 2.000 estudiantes y unos 4,5 millones para equiparar los precios de máster y grados del tipo C (los más caros). 

Sin embargo, todas estas medidas están condicionadas a la aprobación de los Presupuestos, matizó Grau. Unas cuentas con pocos visos de ser aprobadas tras la negativa de los partidos independentistas a dar el visto bueno a las del PSOE en el Congreso. Los comunes, con los que la Generalitat abrió un diálogo para un eventual apoyo a los Presupuestos catalanes, también se han levantado de la mesa de negociación.

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Sobre la firma

Jessica Mouzo
Jessica Mouzo es redactora de sanidad en EL PAÍS. Es licenciada en Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster de Periodismo BCN-NY de la Universitat de Barcelona.

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