Cataluña aprueba los presupuestos de 2020, que deberá rehacer de inmediato

Difícilmente unos presupuestos aprobados en un Parlamento habían quedado desfasados tan rápido. Le ha sucedido este viernes al Gobierno catalán, después de que la Cámara catalana aprobara las cuentas de 2020. La crisis del coronavirus los ha dejado casi sin sentido tras haberse desmontado el contexto social y político con el que se diseñaron: el alza económica que se preveía será recesión; la creación de empleo mutará en paro y el gasto en sanidad y protección social no solo crecerá exponencialmente en los próximos meses.

Ya lo ha hecho en lo que llevamos de año y la factura añadida a la sanidad será de 1.800 millones de euros, mientras que también deberán incrementarse las ayudas a un tejido empresarial que necesitará ayudas públicas urgentes. Lo reconoció el vicepresidente económico de la Generalitat, Pere Aragonès, cuando llamó a planear un “plan de rescate sanitario y socioeconómico” desde “la primera piedra” que representan las cuentas recién convalidadas.

El debate parlamentario, con un hemiciclo casi desierto y el voto delegado de la mayoría de los diputados, no arrojó ninguna novedad en la intención de voto. Junts per Catalunya y Esquerra apoyaron los presupuestos y el resto de formaciones votaron en contra, con la excepción de Catalunya en Comú Podem, que se abstuvo y facilitó así la aprobación de la ley más importante que aprueba un parlamento.

El diputado popular Santi Rodríguez reconoció que no solo el articulado de las cuentas están superadas, sino también las enmiendas que se presentaron durante la tramitación parlamentaria. Es un argumento en el que coincidieron Ciudadanos, el PSC y la CUP. El Govern asume que tiene sobre la mesa un gasto sanitario adicional por la lucha contra el coronavirus, pero que también tendrá que aumentar las prestaciones sociales porque los efectos de la crisis económica en la que estamos entrando va a ser dura. Fía parte de ese nuevo gasto a las transferencias que pueda realizar el Gobierno español y a nuevos límites de déficit y, por tanto, de endeudamiento. Ese es un argumento repetido Quim Torra desde el inicio de la pandemia: a quién le toca endeudarse es al Estado y en esa formulación incluye a la institución que preside.

Pero incluso los comunes están convencidos ahora de que hay que incrementar los recursos para políticas industriales, después de que el tejido productivo solo fuera a recibir un 1% de los 3.000 millones de euros adicionales con los que cuentan los presupuestos de 2020 respecto a los hasta este viernes últimos aprobados, en 2017. Una de las principales obsesiones estos días de la consejera de Empresa, Àngels Chacón, es buscar recursos para reducir la agonía que están sufriendo el sector turístico e industrial durante el actual estado de alarma, cuya liquidez roza ya límites sufribles. El PSC puso de manifiesto otro problema que debería resolver el Govern con urgencia para no agravar esos problemas de tesorería: pagar los 2.400 millones de euros que adeuda a sus proveedores.

El diputado de Ciudadanos José María Cano calificó los presupuestos aprobados como “un viaje al pasado” y aprovechó para acusar al Govern de haber diseñado más impuestos. Con todo, tendió la mano al Ejecutivo a modificar las cuentas a través de modificaciones de crédito, tal y como lo plantea el Departamento de Economía y Finanzas, pero marcó como prioridades la lucha contra la pandemia y la reconstrucción económica con dos medidas básicas: eliminar dos años la tasa turística para dar aire al principal sector económico catalán y a armar un fondo de rescate para autónomos y pequeñas y medianas empresas.

“El presupuesto es un camelo”, proclamó la diputada del PSC Alícia Romero, aunque también mostró la disposición de los socialistas catalanes pàea rehacer las cuentas en las próximas semanas a través de decretos ley. “Pueden contar con nosotros para aprobar nuevos proyectos en un mes, aunque en la elaboración de este proyecto no hayamos tenido ninguna oferta de colaboración”, aseguró.

Hay consenso entre los grupos parlamentarios de que a partir de ahora no queda otra que renegociar partidas de gasto y todas se ofrecieron para ayudar. El que lo hizo con más concreción fue Catalunya en Comú, que parte como aliado prioritario del Govern. Su abstención permitió aprobarlos y previamente los condicionó tanto en la prioridad de los gastos como en la forma de conseguir nuevos recursos, con una nueva batería tributaria. La portavoz del grupo de los comunes, Jéssica Albiach, llamó a crear un “plan de choque”, en el que enumeró, por lo que parecían prioridades, su propuesta de negociación de salida: más inversión en Salud, control a las empresas durante la crisis, recursos para los ayuntamientos, más dinero para la renta de garantía ciudadana, investigación y desarrollo y protección para la industria.

Aragonès le respondería poco después: primero recursos para la sanidad y para dar liquidez a trabajadores, familias y empresas. Y después un plan de reconstrucción con mucha base empresarial y transición ecológica.

La diputada la CUP Maria Sirvent aseguró que las cuentas que se iban a aprobar eran “una nueva condena a las clases populares” y reclamó “una reforma fiscal valiente” que afecte al 4% de la población con las rentas más altas. También insistió en que la ley revierte los recortes en sanidad y avanza hacia la privatización de las escuelas.