El Govern estudia cómo incorporar el nuevo límite de déficit en los presupuestos

El Departamento de Economía y Hacienda analiza cómo puede incluir en los Presupuestos que tramita el Parlament el nuevo objetivo de déficit del 0,2% para este año, fijado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que permitirá aumentar en 70 millones de euros el gasto de la Generalitat. El problema al que se enfrenta el Ejecutivo es que, una vez superado el debate a la totalidad, es imposible aumentar el techo de gasto. El Govern quiere fijar las partidas presupuestarias a las que irán esos nuevos recursos a través de una disposición adicional. Los comunes pretenden intervenir en esa decisión.

El Govern encauzó la pasada semana la tramitación parlamentaria de los Presupuestos para este año, una vez superado el debate de las enmiendas a la totalidad. Fue la primera fotografía de la alianza con Catalunya en Comú, pero también un pequeño problema de gestión para la consejería liderada por Pere Aragonès. Superada esa votación ya no es posible modificar la partida de gasto total de las cuentas e incluir, así, el nuevo objetivo de déficit anunciado por el Ministerio de Hacienda para las comunidades autónomas.

Se trata de dos décimas (del PIB catalán) de déficit que, respecto al equilibrio entre ingresos y gastos con el que se elaboraron inicialmente los Presupuestos, supondrían algo menos que 500 millones de euros si no tuviera que cumplirse con otra regla que marca la Ley de Estabilidad de Presupuestos, la del gasto. Ésta impide que el desembolso de una comunidad autónoma crezca en 2020 más de un 2,9% respecto al año anterior, por lo que la mejora del nuevo objetivo de déficit se limitaría a 73 millones de euros (con los que se podrían construir unas 25 escuelas). Es una cifra estimativa, a la espera que la Generalitat cuente con los datos definitivos del gasto liquidado de 2019. El resto de recursos deberán ir destinados a enjugar crédito.

Catalunya en Comú quiere participar en cómo se decide la asignación de esos recursos, por lo que la ampliación del déficit derivará en una nueva negociación. Y los grupos parlamentarios que apoyan al Govern tendrán que introducir una enmienda para crear una nueva disposición adicional en la que quede determinado a dónde se destinan la nueva partida. Fuentes del Departamento de Economía indicaron ayer que es una fórmula que el Gobierno anterior ya utilizó en los últimos Presupuestos aprobados, de 2017, entonces pactados con la muleta de la CUP y que ahora estudia volver a utilizar.

Negociación acelerada

La negociación tendrá que ser mucho más rápida que la que ha llevado a los comunes garantizar las abstenciones necesarias para que Junts per Catalunya y ERC aprueben las cuentas. El Govern pretende aprobar definitivamente la ley justo dentro de un mes y las reuniones entre el Govern y los comunes no se han iniciado. Y probablemente surgirán algunos departamentos que reclamarán una parte del nuevo pastel, tras haber denunciado que el reparto de recursos hasta ahora ha decantado la balanza a favor de los departamentos más sociales.

Pese a que el nuevo límite de déficit ofrece un poco más de margen a la Generalitat, su aprobación no ha sido del agrado del Govern. Primero, porque no alcanza las tres décimas de desfase que consideraba legítimas la coalición Junts per Catalunya-Esquerra, y, segunda, porque está limitada por la regla de gasto. Pero hay un tercer motivo que ha soliviantado al Departamento de Economía: es el hecho de que el Ministerio de Hacienda comunicara el mismo día que ampliaba el objetivo de déficit que no pagaría una mensualidad que adeuda desde 2017 a las comunidades autónomas en concepto de IVA. En el caso de la Generalitat son 443 millones de euros. El Ejecutivo central ofrece a cambio de esa no devolución la posibilidad de endeudarse por una cantidad equivalente a través de los mecanismos de endeudamiento de la Generalitat. El Govern ha iniciado un proceso contencioso ante la Audiencia Nacional por ese impago.