Consumo prevé que se produzcan “millones de reclamaciones” en España por el coronavirus

El Ministerio de Consumo estima que se pueden producir “millones de reclamaciones” en las próximas semanas en España debido al estado de alarma aprobado por el Gobierno para frenar el coronavirus, que ha dejado servicios de todo tipo pagados y sin prestar—de conciertos a viajes y de gimnasios a vuelos—. En una reciente entrevista con EL PAÍS, el ministro del ramo, Alberto Garzón, ya avanzó que se pondrían facilidades a las empresas para llegar a un acuerdo con los consumidores, pero que si no lo hacían tendrían que devolver las cantidades pagadas. “Si las empresas no devuelven el dinero por servicios no prestados se las tendrá que sancionar”, dijo. Este viernes, Garzón se ha reunido con los representantes de las 17 comunidades autónomas y les ha propuesto potenciar el sistema arbitral para la resolución de conflictos y reforzar inspecciones y sanciones ante los posibles fraudes y abusos.

En la reunión, realizada por vía telemática y que ha durado tres horas, el ministro ha hecho una defensa del sistema arbitral de consumo, un mecanismo por el que las administraciones públicas ponen a disposición de los consumidores una vía administrativa para resolver los conflictos y reclamaciones que surgen entre clientes y empresas. Garzón ha pedido un esfuerzo para que, desde las autonomías —que tienen en gran parte transferidas las competencias en este sector—, se impulsen y refuercen los recursos destinados a las Juntas Arbitrales de Consumo. “Este sistema ha demostrado ser una vía accesible, gratuita y garantista para los consumidores en el pasado y es un buen instrumento a través del cual canalizar buena parte de las reclamaciones que puedan presentarse durante esta fase”, ha señalado el ministro, tal y como recoge una nota del ministerio. Impulsar esta vía era una de las principales peticiones de asociaciones de consumidores como la OCU.

Según los datos con los que trabaja el Ministerio, la mayor parte de las reclamaciones ante servicios no prestados no se han producido todavía debido, en gran medida, a las limitaciones del estado de alarma. La previsión es que empiecen a realizarse masivamente en próximas fechas, coincidiendo con la fase de la desescalada. En cualquier caso, los plazos administrativos no pasan mientras siga en vigor esta fase.

El ministro también ha propuesto mejorar los mecanismos de coordinación entre el Gobierno y las comunidades para la vigilancia del mercado y de las reclamaciones ante posibles abusos y fraudes. Garzón ha pedido a las autonomías que se mantenga el espíritu de colaboración actual para gestionar la desescalada. Para ello, se producirá un rediseño del Plan de Inspecciones que refuerce la vigilancia e inspecciones en productos básicos y mascarillas higiénicas, cuyo precio ya se fijó a través de una orden preparada por Consumo y gestionada por Sanidad. De hecho, el Ejecutivo no cierra la puerta a establecer precios máximos de otros productos de especial necesidad. Fuentes del departamento explican que por ahora no hay más detalles sobre en qué consistirá ese refuerzo de las inspecciones o si contará con más presupuesto.

Garzón también ha hecho referencia a la importancia del canal de comunicación abierto con las asociaciones del Consejo de Consumidores y Usuarios durante la crisis, un órgano en el que están representadas las principales asociaciones del país, entre ellas Facua, Ocu, Adicae, Fuci y Cecu. Según el Ministerio, este grupo de trabajo está sirviendo para la resolución de dudas y cuestiones interpretativas que pueda darse sobre la normativa aprobada a consecuencia de la crisis de la covid-19. El departamento de Garzón valora ahora la posibilidad de celebrar mesas sectoriales a tres bandas junto a las asociaciones de consumidores y usuarios y sectores afectados.

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