Alberto Garzón: “Si las empresas no devuelven el dinero por servicios no prestados se las tendrá que sancionar”

Miles de viajes, servicios y espectáculos han sido cancelados por el estado de alarma impuesto para frenar la pandemia de coronavirus y muchos consumidores temen no recibir el dinero adelantado por ellos. “La garantía de que se va a devolver el dinero a los usuarios es absoluta”, explica Alberto Garzón (Logroño, 34 años), al frente del primer Ministerio de Consumo creado en España. Su departamento busca un difícil equilibrio entre proteger a los usuarios y facilitar que las empresas lleguen a acuerdos para que no quiebren, aunque avanza que se sancionará a las incumplidoras.

El también secretario general de Izquierda Unida marca la postura económica de Unidas Podemos en el Gobierno, donde defiende la renta mínima y un impulso a reindustrializar el país porque esta crisis ha puesto de relieve “la fragilidad de nuestro modelo productivo”. Garzón advierte del auge de los extremismos en Europa y pide una respuesta colectiva ante la emergencia “para evitar que la UE implosione”.

Pregunta. ¿Por qué han tardado tanto en aplicar el control de precios de las mascarillas?

Respuesta. Es un sector que requiere un acercamiento técnico. Con las funerarias vimos que había especulación y controlamos los precios con la referencia del día 14 de marzo. Con las mascarillas había un problema internacional que estresa los mercados, al que se suma que haya actores que suben los precios. Hay que andar con cautela para evitar el desabastecimiento. Al final, ha habido una comisión técnica junto con los proveedores y los Colegios de Farmacéuticos cuyo objetivo es evitar la especulación y los efectos negativos como el desabastecimiento.

P. ¿Cómo se va a controlar que las farmacias lo cumplen?

R. Las farmacias están participando; de hecho, antes de limitar los precios recibí una carta del Colegio de Farmacéuticos instando a hacerlo. Algunas mascarillas de 60 céntimos han tenido una elevación de 5, 10 y hasta 15 euros. No digo que sean generalizadas, pero justifican que se pueda actuar. Si algunas farmacias tuvieran un stock previo nos lo tienen que comunicar para ver si podemos responder a ese problema.

P. ¿Y cómo van a evitar el desabastecimiento?

R. No hay riesgo de desabastecimiento. La forma en la que estamos haciendo la norma hace que la precaución y la prudencia sean la filosofía que seguimos, por eso los precios se concuerdan con proveedores y con farmacias. El desabastecimiento ya ocurría con algunos tipos de mascarillas por el estrés del mercado, pero no queremos que se genere como efecto secundario de esta norma, para eso participan los actores citados. Se ha hecho una compra masiva de productos sanitarios en el mercado internacional, incluidas las mascarillas, y se está poniendo en marcha un programa de Industria y Sanidad para la producción nacional de mascarillas. De esta crisis tenemos que aprender a reindustrializar nuestro país para poder producir aquello para lo que no tenemos una respuesta eficaz y rápida en una emergencia como esta.

No hay riesgo de desabastecimiento por el control de precios de las mascarillas

P. ¿Se está especulando con los precios de los alimentos?

R. Hemos recibido quejas de asociaciones de consumidores en este sentido y estamos monitoreando los precios de estos bienes de primera necesidad. Pero no estamos observando ningún elemento anómalo.

P. ¿Hay otros productos que se estén encareciendo?

R. Estamos haciendo seguimiento de productos que pudieran ser objeto de especulación, como ya hemos mostrado con los casos de las mascarillas y las funerarias. En un momento en que todo el mundo está arrimando el hombro puede haber actores que quieran sacar provecho. La limitación de precios que hemos aprobado incluye los geles y los guantes, y deja abierta la posibilidad de hacerlo con otros productos que se observen en el futuro.

“Salir a aplaudir a la sanidad pública es un salto cultural muy importante”

P. ¿Se va a devolver el dinero en los servicios no prestados por el coronavirus?

R. Tenemos una distorsión enorme en el ámbito del consumo. Hay familias que habían organizado sus viajes, comprado entradas de teatro y cine… Son contratos que se han quedado en el aire. Nosotros hemos incorporado una garantía de que en los servicios pagados y no prestados el consumidor va a recibir la devolución de ese dinero. Pero la medida está pensada también para no llevar a la quiebra a pequeñas y medianas empresas. La norma establece que se prioriza el entendimiento entre la empresa y el consumidor, pero en ausencia de acuerdo la empresa está obligada a devolver el dinero.

P. ¿Qué ocurre con las compañías aéreas que se niegan a devolverlo?

R. Todo servicio que haya sido cancelado con motivo de la pandemia tiene una clara resolución: hay que devolver el dinero. Lo único que habilitamos es un tiempo para que lleguen a un acuerdo con los usuarios. Si no hay acuerdo, la empresa está obligada a devolver el dinero. Si no devuelven el dinero estarán cometiendo un delito y se las tendrá que sancionar. Estamos animando a las empresas a ofrecer opciones satisfactorias como alternativa, que no implican perder el derecho al reembolso.

P. ¿Recomendaría a la gente que contratara sus vacaciones de verano?

R. Lo prudente es no anticiparse a los acontecimientos. Estamos ante una pandemia que todavía ni los científicos conocen bien. No sabemos si en verano va a disminuir su incidencia, está por aclarar cómo va a ser la desescalada. Seguimos las directrices de los científicos. En virtud de lo que vayan diciendo se irá viendo si es posible hacer una vida normal en verano o más tarde.

P. ¿Se ha abierto expediente sancionador a alguna empresa?

R. No tenemos ningún proceso abierto, solo estamos en la parte de recogida de información. Cuando todo pase, habrá que ejecutar las acciones pertinentes.

P. ¿Están poniendo a las compañías por delante de los derechos de los consumidores?

R. La garantía de que se va a devolver el dinero a los usuarios es absoluta. Pero estamos en una situación extraordinaria. Por eso hemos establecido una norma coherente con que van a recibir el dinero, pero también con la sostenibilidad del negocio.

P. ¿Han actuado contra las eléctricas por simular precios más bajos de los reales en publicidad?

R. Nuestro objetivo es que todas las eléctricas incorporen toda la información en sus facturas. Ese proceso se interrumpió por el desborde absoluto que tenemos atendiendo las cuestiones derivadas de la pandemia.

P. ¿Hay más problemas de ludopatía por el confinamiento?

R. Es imposible saber si hay un incremento de las patologías derivadas del juego. Sabemos que juegos como el póquer o el casino crecieron espectacularmente desde el confinamiento, porque atrajeron dinero que iba a las apuestas deportivas y porque hay mucha más gente en casa y con tiempo disponible para poder jugar. Por eso establecimos la limitación estricta de la publicidad de juego durante el estado de alarma [solo se puede anunciar de una a cinco de la madrugada]. Los indicadores apuntan a que el consumo de juego online se ha reducido después de esa medida.

“El juego ‘online’ creció espectacularmente al inicio del confinamiento”

P. ¿Ha aumentado el juego ilegal?

R. No tenemos constancia de que eso haya sido así. Los datos de la actividad legal refieren ese crecimiento notable durante el confinamiento. Se entiende socialmente: gente recluida en su casa con capacidad de absorción de la publicidad en televisión muy alta, porque la televisión se ha convertido en un elemento mucho más central, sobre todo en las viviendas más humildes. Por eso limitar la publicidad de juego es una medida de prevención para limitar esas patologías.

P. ¿Cómo va a ser la renta mínima vital?

R. Hablamos de una cantidad que permita llegar a fin de mes, que se está estableciendo en este momento, para familias que se han quedado sin ingresos pero que siguen teniendo gastos. Es eficiente desde el punto de vista social y también económico, porque ese dinero lo va a gastar la familia y ayudará a reactivar la economía.

P. ¿Habrá un plan de impulso a los medios de comunicación?

R. Como Gobierno entendemos que están jugando un papel necesario, la información es fundamental para la lucha contra la pandemia y se ha incrementado mucho el consumo de radio y televisión, y esas empresas están perdiendo mucho en publicidad. El Gobierno ha arbitrado muchas medidas de liquidez para todas las empresas.

La información es fundamental para la lucha contra la pandemia

P. El Gobierno presume de “escudo social”, ¿podrán soportarlo las arcas públicas?

R. El principal objetivo ha sido construir un escudo social distinto a lo que se ha hecho en otras crisis, hemos prohibido los desahucios, el cese de suministros básicos, los despidos, hemos puesto en marcha nuevas prestaciones, estamos con el ingreso mínimo vital... Todo eso es histórico, pero requiere dinero. Tenemos capacidad para financiar esto una vez asumimos que esta crisis va a elevar necesariamente el déficit y la deuda pública en toda Europa, en todo el mundo. Pero gracias a las medidas del Banco Central Europeo podemos financiar medidas extraordinarias para mitigar el impacto económico y para proteger a nuestra gente.

P. ¿Confía en que la UE dará una respuesta colectiva a esta crisis?

R. El diseño de la UE nos había llevado en las ultimas décadas a una Europa de dos velocidades, un incremento de la desigualdad. Si no somos capaces de dar una respuesta colectiva a la pandemia, esta dinámica se va a agudizar y eso puede acabar con la UE. Si no tenemos una respuesta colectiva, la UE está en peligro, al borde de la implosión, por factores y vectores políticos, por ejemplo, porque hay muchos partidos de extrema derecha buscando la oportunidad de patrimonializar el euroescepticismo. Es sorprendente escuchar a países como Holanda desconfiar de las finanzas de países como España o Italia, los países más cumplidores en el superávit primario de los últimos 20 años, a excepción de la crisis en momentos muy puntuales. Necesitamos una respuesta colectiva que empiece a corregir esas desigualdades. Si no se hace eso, la desigualdad será tan agudizada entre los países del norte y los del sur que la crisis económica devendrá necesariamente en crisis política y eso es lo que con acierto, una persona liberal como [Emmanuel] Macron señalaba al recordar que la extrema derecha está agazapada esperando una oportunidad.

Si no somos capaces de dar una respuesta colectiva a la pandemia [...] la UE está en peligro, al borde de la implosión

P. Dijo hace unos días que la salida de esta crisis “no solo debe conllevar una transformación económica y legal, sino también cultural”. ¿Qué quiere decir?

R. Se está produciendo un cambio cultural y tenemos que entender como sociedad que no podemos permitir que ante una crisis como esta no tengamos suficiente producción nacional para hacer respiradores, mascarillas o productos sanitarios y que tengamos que depender de un mercado internacional que se cierra porque todos los países están en la misma situación. Nuestro país tiene que hacer una apuesta por la reindustrialización y es un cambio que es también cultural, que socava esos valores neoliberales que habían apostado por una globalización en la dirección que hemos visto. En la parte social creo que el hecho de que todo el mundo esté saliendo al balcón a aplaudir para defender el sistema público de salud después de 10 años de austeridad y recortes es un salto muy importante. Por eso hemos propuesto que en los pactos de reconstrucción nacional lo primero sea el blindaje y la protección del sistema público de salud.

Nuestro país tiene que hacer una apuesta por la reindustrialización

P. Hay un rifirrafe sobre los pactos para reconstrucción que inquieta a la ciudadanía.

R. Se están anteponiendo intereses partidistas a los de proyecto. El PP está demasiado orientado a mirar en el retrovisor a la extrema derecha; si no, no comprendo esa obcecación en que el foro tuviese que ser el que ellos querían y con otra serie de condicionantes. Queremos hacer un llamamiento a todas las fuerzas para sentar las bases y alcanzar unos mínimos, y en eso vamos a trabajar. Pero la dinámica partidista de este país, instalada antes de la pandemia, hace que el comportamiento sea distinto al de Portugal, y hace que la desconfianza en el sistema político crezca en la ciudadanía, que espera otra cosa.

P. ¿Van a modificar la fiscalidad de la comida basura?

R. Antes de la pandemia anunciamos que íbamos a estudiar el sistema de incentivos fiscales para la comida saludable, que implica bajar impuestos a aquellos productos que sean saludables y no favorezcan la obesidad. Ese plan sigue estando, pero ahora estamos centrados en la gestión de la pandemia.

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