La crisis del coronavirus

El Gobierno fijará en dos días el precio de las mascarillas, guantes y antisépticos contra el coronavirus

Una comisión de Sanidad deberá decidir el importe de venta al público para evitar “condiciones abusivas”. La orden de Sanidad también clarifica el etiquetado

Una farmacéutica de Terrassa (Barcelona) coloca carteles para anunciar que en la farmacia venden mascarillas y guantes, el pasado jueves. En vídeo, declaraciones de Salvador Illa, ministro de Sanidad, este domingo.CRISTOBAL CASTRO | EPV

Con la llegada del coronavirus, el precio de las mascarillas, guantes y otros equipos de protección personal, así como el de los geles antisépticos, se ha disparado. El Gobierno lleva semanas mostrando su preocupación por este tema, sin ir más allá. El pasado 4 de abril el Ministerio de Consumo mostró su intención de regular los precios de estos productos y aseguró que tenía una normativa “muy avanzada” que solo requería del visto bueno del Ministerio de Sanidad. Ese visto bueno ha tardado dos semanas. Este domingo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado al fin una orden ministerial para que los ciudadanos puedan adquirir estos productos “de forma informada y en condiciones económicas no abusivas”, aunque los detalles concretos que implica esta limitación no se conocerán al menos hasta dentro de dos días.

“El objeto de esta orden es establecer el procedimiento para la fijación del importe máximo de venta al público de los productos sanitarios, así como de aquellos productos necesarios para la protección de la salud poblacional frente a la covid-19, determinar la información que debe establecerse en el etiquetado de mascarillas higiénicas y definir las condiciones donde se puede realizar una venta unitaria al público de mascarillas quirúrgicas que no estén empaquetadas individualmente”, explica el documento.

La orden, cuya publicación avanzó este sábado el presidente Pedro Sánchez, implica que en las próximas 48 horas se convocará una reunión telemática de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos —un órgano en el que hay representantes del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, de las comunidades autónomas y de varios ministerios—. Será esta comisión la que tenga que elaborar una propuesta de importe máximo de venta al público de este tipo de productos, que deberá publicarse también en el BOE lo antes posible.

Así, se deberá fijar el precio de las mascarillas quirúrgicas y los guantes de nitrilo, así como “de otros productos sanitarios que se consideren imprescindibles para minimizar el riesgo de propagación de la covid-19”. También tendrán importe máximo las mascarillas higiénicas, tanto de un solo uso como reutilizables, así como los antisépticos de piel sana y los geles y soluciones hidroalcohólicas para manos autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). La orden no excluye poner un precio máximo a “otros productos que se consideren imprescindibles para minimizar el riesgo de propagación de la covid-19 entre las personas”. En principio, quedarán fuera de esta regulación las mascarillas tipo FFP2 y FFP3, de uso profesional, aunque se deja la puerta abierta a hacerlo “si fuera necesario”. “El precio se va a fijar en las quirúrgicas y las higiénicas, que son las recomendadas a la población", explica una portavoz del Ministerio de Sanidad.

La norma también pretende clarificar los datos mínimos exigibles en el etiquetado de las mascarillas higiénicas, entre las que se incluyen, por supuesto, el precio final, las instrucciones de uso sobre colocación, manipulación y eliminación de este material, los datos de filtración bacteriana y respirabilidad, así como el número de lavados máximo al que puede someterse a las mascarillas reutilizables y la forma óptima de llevar a cabo esta limpieza. Si la venta es a través de Internet, toda esta información deberá mostrarse en la página web. Tanto las mascarillas como los antisépticos y soluciones hidroalcohólicas que no hayan sido autorizados por la Aemps no podrán mostrar en su etiqueta características que puedan inducir a pensar que el producto tiene propiedades como “protección frente a virus”.

Desde que la epidemia de la covid-19 llegó a España, la demanda de mascarillas ha crecido en porcentajes exponenciales semana a semana, pese a que las más vendidas no sirven para proteger a personas sanas contra el coronavirus. Lo mismo ha ocurrido con geles higienizantes, guantes y otros productos de protección individual. En las últimas semanas, diferentes organizaciones, entre ellas el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, habían exigido al Gobierno que tomara esta medida. La organización de consumidores Facua, por ejemplo, denunció casos en los que se llegaban a vender una mascarilla individual hasta por 14 euros, cuando el precio hasta la pandemia era inferior a un euro, por lo que pedía limitar estas subidas. Desde el Ministerio de Consumo, por su parte, han constatado que mascarillas que antes de la epidemia costaban unos 60 céntimos pueden alcanzar ahora los 15 y 20 euros.

El uso de las mascarillas no es obligatorio, pero sí recomendable en lugares como el metro, los autobuses o los trenes de cercanías, donde no siempre es posible mantener la distancia de un metro con otras personas. Por eso, el Ejecutivo ha repartido esta semana 10 millones de mascarillas en las redes de transporte público de muchas ciudades españolas. Desde el inicio de la epidemia, el Ministerio de Sanidad ha enviado otros 63 millones a las comunidades.

Para paliar la escasez que se ha vivido en las farmacias en estas cinco semanas, el Gobierno ha tratado de impulsar que este producto se fabrique en España. “Ya hay producción nacional de mascarillas. Hoy hemos dado cuenta de la recepción de cuatro máquinas para que la empresa Mondragón pueda fabricar 10 millones de mascarillas [al mes]”, ha señalado este domingo el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La norma de este domingo va en el mismo sentido que la aprobada el pasado 30 de marzo, cuando el ministerio prohibió el alza de los precios de los servicios funerarios. En ese caso, el departamento optó por tomar como precio de referencia el del 14 de marzo, el día que se declaró el estado de alarma, incluso de forma retroactiva, por lo que si alguna persona hubiera pagado servicios a precios superiores a los establecidos en esa fecha, la empresa estaría obligada a devolver la diferencia.

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