Sanidad toma el control de los laboratorios privados para acelerar los test del coronavirus y controlar los precios

El Gobierno ha decidido tomar el control de los centros privados que hacen test para detectar el coronavirus. Según el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el objetivo es asegurar que estas pruebas diagnósticas se realizan “siguiendo criterios de equidad y cohesión”, de forma que haya una única red de detección de la enfermedad dirigida por las autoridades sanitarias. Se trata de impedir que se hagan la prueba quienes pueden permitírsela saltándose los protocolos vigentes, que la indican en casos de síntomas graves y cuando se trata de sanitarios y otro personal esencial y de personas que viven en residencias de mayores.

Pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los expertos recomiendan hacer test masivos a la población, estos todavía no se han extendido ni siquiera entre todos los profesionales de la salud. El Gobierno ha publicado este martes en el BOE una orden ministerial que faculta a las consejerías de sanidad para tomar el control de los laboratorios privados para acelerar las pruebas de Covid-19. Esta iniciativa incluye que los Gobiernos autonómicos puedan adoptar las medidas necesarias para la regulación de los precios de las pruebas diagnósticas privadas “con el objeto de evitar situaciones abusivas en el acceso a este servicio”.

Los laboratorios privados venían ofreciendo diagnósticos de coronavirus a empresas y a hospitales privados. Aunque ahora todos los consultados aseguran que ya no lo hacen, en las primeras semanas de la epidemia muchos también permitían que cualquier persona, incluso la que no tenía síntomas, pudiera pagar entre 165 y 400 euros por un test PCR, el más fiable. Un laboratorio, Echevarne, llegó a ofrecer un kit a domicilio que se compraba por internet en su página web. Una portavoz asegura que lo retiraron al declararse el estado de alarma ante una posible falta de suministros para la sanidad pública.

Aunque Sanidad no ha ofrecido más detalles, fuentes sanitarias apuntan a que esta decisión responde al intento de escalar la realización de pruebas PCR, algo que anunció el ministro Illa la semana pasada al marcarse el objetivo de hacer 50.000 pruebas diarias (actualmente, según sus declaraciones, se hacen entre 15.000 y 20.000). Ante el retraso en la incorporación de los laboratorios de decenas de centros de investigación públicos, como las universidades, la capacidad de los privados podría contribuir a ampliar el número de pruebas.

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que representa a muchos laboratorios privados, ha emitido este martes un comunicado respaldando la decisión del ministerio y mostrándose a favor de la regulación de precios de las pruebas. “Es perfectamente razonable actuar de forma coordinada en materia de pruebas diagnósticas”, asegura. "De hecho, los laboratorios privados llevan actuando a las órdenes de cada comunidad autónoma desde el decreto de alarma de 14 de marzo”. Lo que ha molestado tanto a esta patronal como a empresas consultadas por este diario es que Sanidad sugiera que haya estado haciendo PCR sin síntomas o, aún más grave, que no hayan comunicado los positivos a los servicios de salud autonómicos.

Antonio Rider, presidente de la Asociación Española del Laboratorio Clínico (AEFA), asegura que la decisión del Gobierno les ha pillado por sorpresa y tilda de “improvisación” la medida por no haber sido consensuada. “La regulación de precios nos parece bien para que no haya abusos pero no entendemos que no haya detrás un plan, un objetivo. Esto nos despista. ¿Qué tenemos que hacer ahora?”, se pregunta.

La decisión ha sorprendido también en el ámbito de la investigación, donde científicos y técnicos de laboratorio llevan un mes ofreciendo su trabajo y sus instalaciones para apoyar a los laboratorios de microbiología de los hospitales públicos, que hasta ahora eran los que cargaban con el meso de hacer miles de determinaciones (pruebas) a sus trabajadores y a los pacientes ingresados. El Ministerio de Ciencia ha anunciado este martes que ha validado la capacitación de ocho nuevos centros de investigación y universidades para que puedan realizar test de PCR para el diagnóstico de Covid-19, “una vez se ha comprobado que cumplen con los requisitos de bioseguridad y disponen del personal y los procedimientos adecuados”. Ya hay 13 autorizados, con capacidad para hacer 2.000 PCR al día, según Ciencia. Estos ocho se han validado en cuestión de horas, ya que este lunes aún no tenían el visto bueno del Instituto de Salud Carlos III, tal y como ha publicado hoy EL PAÍS.

Las comunidades todavía no saben cómo aplicarán la nueva orden. “Estamos estudiando la implantación de la medida”, señaló un portavoz de la Comunidad de Madrid. La consejera de Sanidad valenciana, Ana Barceló, ha asegurado que confía en superar la cifra de 1.700 test (el máximo que se hace actualmente en su comunidad) con la incorporación al sistema de todos los laboratorios privados y de los pertenecientes a universidades y centros de investigación.

La asociación de consumidores Facua ha criticado que el Gobierno siga sin fijar el precio de las mascarillas, que se ha multiplicado en las pocas farmacias que tienen existencias, y que en lugar de establecer el importe de las pruebas diagnósticas, Sanidad haya “facultado a las comunidades para que lo hagan ellas, lo que puede derivar en que se acaben fijando 17 precios máximos distintos”, ha asegurado en un comunicado.

“El objetivo de la orden es garantizar el uso de PCR” para quien más lo necesite, ha explicado este martes Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. “No podemos permitir que en un periodo de escasez se utilicen las PCR en grupos de población que no son eficientes y que los diagnósticos que se hagan no queden en manos de las comunidades autónomas”, ha continuado. En su opinión, se trata de evitar “que se hagan PCR, una de las herramientas más importantes de las que disponemos, cuando la probabilidad del resultado sea muy baja”, más teniendo en cuenta “la poca eficiencia [de estas pruebas] en personas asintomáticas que no tengan un cuadro clínico que lo justifique”.

El ministro del Sanidad, Salvador Illa, ha señalado por su parte que se trata de “asegurar que todos los recursos del sistema trabajan en la misma dirección en la estrategia de diagnósticos que han diseñado los epidemiólogos, es decir, que se realicen a aquellas personas que más lo requieren”.

Las pruebas PCR (reacción en cadena de la polimerasa, en sus siglas en inglés) son los test más fiables para detectar el coronavirus, si bien dependen de una técnica compleja y los resultados suelen tardar, como mínimo, cuatro horas. También se hacen test rápidos, mucho más sencillos pero con una fiabilidad mucho menor.

Desde este martes, los responsables de Sanidad de las comunidades autónomas “tendrán a su disposición los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada ubicados en su comunidad autónoma que no estén prestando servicio en el Sistema Nacional de Salud, así como su personal”, tal como recoge el documento. Además, la nueva normativa obliga a estos centros privados a notificar a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas los casos de coronavirus confirmados a través de sus pruebas diagnósticas.

La orden cierra la puerta a que quien lo desee pague por un test si no lo recomienda un sanitario, es decir, si no tiene síntomas ni ha estado en contacto con personas de riesgo o contagiados. “La indicación para la realización de pruebas diagnósticas para la detección de Covid-19 deberá ser prescrita por un facultativo de acuerdo con las directrices, instrucciones y criterios acordados al efecto por la autoridad sanitaria competente”, señala la instrucción.

A partir de este momento, las entidades públicas o privadas que dispongan de materiales para realizar pruebas diagnósticas deberán comunicárselo “a la mayor brevedad” a los responsables de Sanidad autonómicos. En este apartado se incluyen “hisopos para toma de muestras, medio de transporte de virus, reactivos de inactivación, kits de extracción de ácidos nucleicos o reacciones de PCR, o test rápidos diagnósticos”, y en la comunicación hay que indicar tipo de material, número de unidades adquiridas y destino de uso. Serán las comunidades las que se encarguen de comunicárselo al Ministerio de Sanidad, que a su vez podrá disponer de estas pruebas “en atención a criterios de necesidad y urgencia, con el objetivo de garantizar los principios de equidad y cohesión”.

La norma, que estará en vigor mientras dure el estado de alarma, establece también que se podrá sancionar a los laboratorios o centros privados que no cumplan con lo requerido. Esta iniciativa complementa la tomada el pasado 16 de marzo, cuando el Gobierno puso los hospitales privados a las órdenes de las comunidades autónomas y obligó a estos centros a informar al Ejecutivo de sus existencias.

La burocracia impide usar máquinas para hacer test PCR en centros de investigación, con los que se podría llegar a las 50.000 pruebas al día. El Ejecutivo asegura que está validando estos laboratorios, pero todavía no lo ha hecho. Además, el Gobierno ha anunciado que va a poner en marcha un estudio de seroprevalencia para analizar 30.000 hogares —unas 62.000 personas— que sirvan como muestra para saber qué porcentaje de los españoles ha pasado ya la infección. Este estudio, anunciado hace unos días, sigue sin ponerse en marcha.

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