La Junta de Andalucía lleva a la Fiscalía la pérdida de vacunas de la gripe desde 2012

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha llevado a la Fiscalía la pérdida de 1,8 millones de vacunas contra la gripe desde 2012, que ha cifrado en seis millones de euros. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, explicó en una entrevista radiofónica en la cadena Cope que la Junta había derivado el asunto a la justicia “para que se pronuncie sobre si aprecia algún tipo de irregularidad”. El PSOE alega que las dosis que no constan en el registro oficial –denominado Diraya— se distribuían entre población de riesgo en cárceles, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos, residencias de ancianos, ONG o colectivos sociales.

El Ejecutivo andaluz sacó a la luz la desaparición de las vacunas a mediados de octubre, cuando el conflicto entre los profesionales de la Sanidad y la Administración empezaba a arreciar ante el incumplimiento de las promesas adelantadas por la Consejería de Salud. Bendodo calificó la supuesta desaparición de 1,8 millones de vacunas como “un nuevo fraude" de los anteriores Gobiernos socialistas que añadir a otras denuncias del nuevo equipo de la Junta sobre la herencia recibida, como la ocultación de pacientes de las listas espera o los dependientes que no habían sido registrados en el sistema, y aseguró que los gabinetes socialistas “mintieron al Gobierno central” asegurando que habían vacunado a más personas de las que constan en el registro oficial.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, achacó la presunta alteración de los datos por parte de los anteriores Ejecutivos del PSOE en su interés por “quedar bien” en las estadísticas oficiales. Su departamento inició una investigación en marzo en la que se concluyó que entre 2009 y 2019 la Junta había comprado 12.672.875 vacunas contra la gripe, de las que 9.561.365 se inyectaron y 1.2284.875 de devolvieron. Hay 1.8225.793 que no aparecen. La indagación de la Junta no ha dado respuesta sobre qué se hizo con esos casi dos millones de dosis que, según esos cálculos, nunca se aplicaron.

Durante una sesión de control al Gobierno, la líder de la oposición y anterior presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, esgrimió documentación en la que quedaba constancia de que se distribuían más de 1,2 millones de dosis al margen del sistema Diraya, donde los centros de Salud vuelcan las vacunas que se administran durante cada campaña. El jefe del Ejecutivo, Juan Manuel Moreno, contraatacó mostrando un correo electrónico de un jefe de servicio de la Junta en el que reconocía que hasta entonces habían recibido instrucciones para incrementar en un 10% las estadísticas de vacunados. El líder regional del PP acusó a la socialista de haber dado una "orden política” para alterar las cifras de vacunación. Desde el PSOE se alegó que lo que se hacía con esa medida era corregir un “infrarregistro” para compensar las dosis que se suministraban al margen del Diraya y evitar el desequilibrio entre las cantidades empleadas y las devueltas.

Los socialistas andaluces consideran la decisión de dejar el caso en manos de la Fiscalía “una treta más” del consejero de la Presidencia y defienden que no ha habido ninguna irregularidad con las vacunas al tratarse de una situación “evidente, contrastada, comprobada y que conocen todos los profesionales de los distintos distritos sanitarios". Bendodo, por su parte, insiste en horadar con esta polémica la credibilidad de la gestión de los anteriores Gobiernos socialistas en materia de Sanidad, justo cuando las críticas también arrecian sobre el desempeño en ese ámbito del Ejecutivo bipartito.